Desde el inicio de la guerra entre las instituciones de seguridad al servicio de la Presidencia -el Estado es otra cosa-, y las mafias organizadas, insistimos en que no era confiable entregar los controles a los militares en tanto no se hiciera un saneamiento, siquiera similar, al realizado entre las distintas corporaciones de Policía, sobre todo porque sobraban evidencias acerca de que algunos mandos, altos e intermedios de las Fuerzas Armadas, habían sido infiltrados. ¿Cómo dudarlo si igualmente, desde hace varios sexenios, alguno de los miembros de la familia real, perdón, presidencial, ha sido señalado como enclave fundamental de los cárteles imparables y perfectamente camuflados?

La respuesta se dio, otra vez, sólo respecto a los agentes policiales de quienes se dijo que sólo eran confiables cuatro de cada diez. Esto es: De haber liquidado a quienes, por algún motivo, estaban bajo sospechas, las corporaciones se habrían quedado con vacíos extremos en un momento en que, para colmo, los mejor pertrechados son “los malos”. Cuando menos, esto sí lo sabe el señor Felipe Calderón, caracterizado por enterarse a “toro asado” de las más serias coyunturas.

La imagen de Calderón con la casaca militar colgándole y las mangas ocultando las manos, era y fue la pauta de un sexenio en el que, de hecho, volvieron a gobernar los uniformados, lo mismo los militares que los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, bajo las órdenes del inefable Genaro García Luna, acaso el personaje más siniestro del equipo calderonista a la altura de Manuel Bartlett con Miguel de la Madrid. Y, mientras, el titular del Ejecutivo celebraba sus tardeadas en Los Pinos con las consabidas pataletas al final de las sesiones. Tal ha sido la pauta durante el sexenio.

Es curioso que, en España, al más popular de sus jueces, Baltasar Garzón, le hayan constituido proceso judicial, inhabilitándolo de sus funciones, por haber ordenado que se grabaran las conversaciones de presuntos “lavadores” de dinero con la consiguiente confirmación de los ilícitos. En cambio, en México todo se arregla por la vía de los chantajes soterrados y los arreglos políticos más disparatados. Recuérdese cuando Guillermo Valdés Castellano, en funciones entonces de director del CISEN -la central de inteligencia mexicana ahora desplazada por la sofisticada red instalada en el búnker de la Secretaría de Seguridad Pública-, reveló que los responsables de las bancadas priístas en sendas cámaras federales -se refería, en concreto, a Manlio Fabio Beltrones y al entrañable amigo de éste, Emilio Gamboa-, habían estado siendo investigados con la rudimentaria técnica de las intervenciones telefónicas. Sendos legisladores se inconformaron, en medio del revuelo general, y los casos se disiparon por encanto de magia. La cúpula manda.

Ello significa que de imperar la justicia en nuestro país -pese a lo narrado, los españoles desconfían en la suya, a la vista de la persecución contra Garzón y las pobres sentencias contra violadores y asesinos de jovencitas-, medio gabinete calderonista -desde quienes espiaron, con descaro, a Luis Téllez Kuenzler, para cumplimentar al viejo amor juvenil de Calderón, Purificación Carpinteyro-, estaría siendo sometido a una instancia similar, siquiera las indagatorias sobre utilizar incorrectamente la parafernalia del poder, para extirpar de la vida pública las “malas costumbres” aun cuando éstas lleven a los criminales.

En la misma línea la Comisión Internacional de Derechos Humanos -Human Rihgts Watch-, no ha cesado en señalar los tremendos abusos cometidos por elementos militares en México so pretexto de proceder con energía en contra de quienes han puesto en jaque a la nación. Pese a ello, no son justificables, de modo alguno, los excesos cometidos por tropas y mandos que acaso copian los estilos de los abominables marines que orinan sobre los cadáveres de los talibanes por ellos “cazados” con todas las ventajas. Y del mismo país anglosajón son las comisiones protectoras de animales que insisten en un trato digno contra los irracionales sin ser capaces siquiera de cuestionar las conductas de sus congéneres contra ellos mismos. Las distorsiones no pueden ser más tremendas; las falacias tampoco.

Por ejemplo, siendo gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, encaró al entonces secretario de la Defensa, Gerardo Clemente Vega García, tras corroborarse la violación multitudinaria perpetrada por varios soldados con pases libres, en la población de Castaños. El general le reclamó airadamente al gobernador su intromisión en el asunto pero terminó “concediendo” a éste la entrega de algunos uniformados como responsables de los sucesos. Hasta allí se atrevió a llegar Moreira, pero desde este momento comenzó el tremendo deterioro en las relaciones entre el Gobierno de la entidad y la administración central... hasta convertirse Moreira en uno de los gobernadores más aborrecidos por Calderón. Las pruebas ahora están muy a la vista: No paró hasta cavar su tumba política con el auxilio de los operadores de importación que ahora velan por los intereses de Josefina Vázquez Mota y Ernesto Cordero Arroyo. En esta línea quien está perdido, con buena dosis de ingenuidad, es Santiago Creel Miranda.

Desde luego, los mandos militares, una y otra vez, se han jactado de no hacer caso ni dar seguimiento alguno a las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos que, en múltiples ocasiones, han insistido en los excesos de las tropas. Entre los militares de alto rango se estima que ellos reciben órdenes y no “papelitos” de catrines maquillados de funcionarios. Con ello han puesto en predicamento, y muy seriamente, al gobierno de Calderón que, quiérase o no, es el responsable directo de los abusos cometidos y, mucho más, si se considera que no ha respondido a las consideraciones emitidas para no enturbiar sus buenas relaciones con el general secretario, Guillermo Galván, uno de los asiduos, por las tardes, a Los Pinos, al igual que García Luna.

La enorme presión que percibe el señor Calderón le convierten en un elemento de alta peligrosidad para los próximos, decisivos, meses, más teniendo en cuanta que los postulantes del PAN han seguido un trayecto zigzagueante, muchas veces confuso, ante la resistencia en las encuestas de Enrique Peña, el priísta que no lee pero mantiene las simpatías de un amplio sector de la población.


Debate

No se olvide que en 2000, el Ejército mexicano, forjado al calor de la cultura revolucionaria que señalaba a los conservadores -concretamente a los panistas- como reaccionarios poco menos que traidores a la patria, aseguró la transición sexenal sin grandes aspavientos ni la menor disyuntiva. Vicente Fox, aborrecido por no pocos mandos militares, llegó a la Presidencia sin sobresalto alguno y, al contrario, fortificado por un destacado apoyo popular que incluso incluía el reconocimiento de la izquierda, de dentro y fuera del país.

La tersura de aquella transición ha sido motivo de especulaciones sobre los acuerdos debajo de la mesa, en lo oscurito, que pudieron propiciarse entre el mandatario electo y los altos mandos militares que, según las historias, negociaron a placer y con el beneplácito de un personaje que creyó que hacerse de los controles era tanto como darles más, mucho más, a los oficiales influyentes de las Fuerzas Armadas.

Cualquiera podría preguntarse si ahora, tras doce años felices de cohabitación con una derecha pagadora, ocurriría otro tanto se ganase el PRI -o hipotéticamente el PRD- las elecciones federales propiciando con ello una segunda alternancia -que se percibe necesaria- en la perspectiva nacional. ¿Estarán dispuestos los altos mandos, comprometidos hasta el cuello con Calderón, a reaccionar con la misma civilidad con la que actuaron hace doce años? ¿O determinarán su comportamiento, incluyendo su lealtad permanente, a las nuevas negociaciones que puedan realizar con el gobierno entrante? Y de ser así, ¿qué más podría dárseles?


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