×
Vicente Bello
Vicente Bello
ver +

" Comentar Imprimir
11 Enero 2017 04:00:00
Ante la gran llamarada social, amaga EPN con la ley de la militarización
Fue un comienzo a matacaballo y como queriéndole madrugar a la madrugada. El Congreso mexicano, subordinado absolutamente al presidente de la República, se puso a justificar desde ayer –mediante una mesa de trabajo instalada por la Cámara de Senadores- la anunciada Ley General de Seguridad Interior.

Pero hablar de decisiones del Congreso es hablar de quienes lo controlan: El PRI y su inmarcesible aliado de siempre el PAN, esa dupla casi eterna a la que sin ambages y sin rubor se le han incorporado, engrosándola, el PVEM, el PES, Panal y aquel cascarón del PRD que todavía espuelea Jesús Ortega.

La alocada instalación de aquella mesa de trabajo en materia de seguridad interior –a veinte días de que comience el tan esperado por Enrique Peña Nieto segundo periodo ordinario de sesiones- convocó a casi todos… menos al único opositor real del régimen: El grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

De lo que se trata con esta mesa de trabajo es comenzar la discusión sobre la legalización del trabajo de seguridad pública del Ejército y la Marina.

Trabajos que serán una suerte de prólogo de la Ley General de Seguridad Interior, que el Congreso tiene planeado dictaminar y votar tan pronto comience el segundo periodo ordinario de sesiones en febrero próximo.

Sin embargo, uno de los grupos parlamentarios, Morena, denunció por la tarde que a dicha mesa de trabajo no fueron invitados los diputados de ese partido político, incluso cuando dicha discusión “tiene como finalidad llevar los dictámenes sobre la materia de seguridad interior, a su dictamen y conversión en leyes.

Vidal Llerenas Morales, diputado federal de Morena, conminó al resto de los grupos parlamentarios a que “el proceso de discusión sea amplio e integral y que el eje central de la discusión sea cómo mejorar la seguridad ciudadana y encontrar una ruta par que sean las policías quienes deban estar preparadas para ejercer acciones de seguridad pública, y no el Ejército”.

Apostilló: “Para el ejército debe encontrarse una ruta de salida de las calles y no dejarlo ejercer actividades específicas de las policías, como pretenden ambos dictámenes”.

Dijo también que “la obligación de los legisladores es hacer leyes en favor de los ciudadanos y no aquellas que pasen encima de los derechos humanos”.

Aseguró que “es preocupante un debate en el que no participan diputados, que nunca se acordó en la Junta de Coordinación Política y donde no se deja en claro cuáles leyes van a garantizar la seguridad de la población, sino que buscan mantener al Ejército en las calles por tiempo indefinido y tratar de que se suspendan garantías en pro de la actividad militar en las calles”.

La materia prima de la mesa de trabajo consistirá en la revisión y planteamientos de cuatro iniciativas en materia de seguridad interior, una presentada por Miguel Barbosa, del PRD, y otra por Roberto Gil, del PAN, una más por César Camacho, del PRI, y la cuarta por Jorge Ramos, también del PAN. Las cuatro abordan el tema que ha interesado de modo muy especial en los últimos meses al presidente Enrique Peña Nieto: La legalización del trabajo del Ejército y la Marina en las calles, en funciones de seguridad pública.

Marta Tamayo, una de las senadoras priístas que protagoniza en la mesa de trabajo, ha informado que el Ejército participará en la mesa de marras. Y ha avisado también que derechos humanos, tratados internacionales y la seguridad pública en el derecho internacional o comparado, son los temas que conformarán la tríada sobre la cual se afincará el debate.

Este comienzo atropellado del debate sobre lo que será la Ley General de Seguridad Interior, ocurre en un momento de gran turbulencia política, económica y social. La sólo mención del tema, da de qué hablar.

El aumento del precio de las gasolinas y el diesel paró de pestañas a toda la población. Y el gobierno del muy cuestionado Enrique Peña Nieto enfrenta una llamarada inédita de indignación social, que rebasa quizá a todos los partidos políticos.

Para quienes se expresan en la calle, manifestándose en marchas y en mítines, o con la opción de la desobediencia civil, hablar en este preciso instante de la Ley General de Seguridad Interior es hablar de la posibilidad de que el gobierno reprima a quienes lo cuestionan.

Sobre todo por lo que implica aquella iniciativa de ley: Que el Ejército pueda legalmente inmiscuirse en la vida social y política del país, y que, con tal empoderamiento, pudiera ser utilizado por el partido en el poder o por el presidente Enrique Peña Nieto bajo propósitos partidistas y electorales. O peor aún, para proteger a ultranza intereses de las recién llegadas compañías petroleras extranjeras.

Opositores como Layda Sansores y Manuel Bartlett Díaz, han estado denunciando incesantemente que el ejército, de hecho, ya lo hace. Que es un Ejército puesto por el presidente Enrique Peña Nieto al servicio de las petroleras; pero también lo ha subordinado al ejército de los Estados Unidos de América.

Pero con esta ley lo que ocurrirá será la formalización de una dictadura militar, pues será el Ejército de un protagonismo atroz en contra de los intereses de la población. Una población que hoy ha comenzado a manifestarse de manera inédita, y para sorpresa de la República, por mucho en el norte del país, lo que ha puesto bastante nervioso a un régimen que, como no había sucedido nunca en la historia de México, ha subordinado al país a los intereses de los Estados Unidos de América.

" Comentar Imprimir


COMENTARIOS


columnistas

top-add