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ComentarManos les faltaban lara encubrir a los dueños del casino y a los funcionarios de los tres niveles involucrados en las anomalías que contribuyeron a la muerte de 52
regiomontanos.
Funcionarios que lucraron con permisos, vigilancia simulada de la seguridad, ausencia de puertas de emergencia y otras irregularidades.
Y encima de la Burla con la declaración de que todo estaba bien en el local, el vocero de Seguridad con su brutal insensibilidad de declarar que ni con veinte puertas más
se hubieran evitado las muertes.
El dictamen absurdo, demorado por dos meses, fue emitido a tiempo para que el presidente Calderón no fuera importunado por los deudos. Y sólo para acabar de
confundir, la PGR lo avaló en Monterrey y lo condicionó en Ciudad de México.
La apuesta de la autoridad es a la capacidad de olvido de los ciudadanos. Ante una injusticia patente, el tema va desapareciendo de los medios y nadie se suma a la
protesta de quienes sufren con el luto y con la ofensa a la inteligencia.
Si el asunto no se resuelve, si no se fincan responsabilidades, la culpa es de los funcionarios. Pero la última responsabilidad es de los ciudadanos, que reniegan pero no
actúan contra los malos funcionarios.
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