Árbitro gris y servil

La historia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila es la crónica triste de un órgano que alguna vez fue dirigido por ciudadanos que lucharon por darle autonomía, pero que con el tiempo devino árbitro gris, más oficialista que el propio Gobierno, el cual no necesita de favores para legitimarse en las urnas. Con esa claridad y contundencia resume Nelly Herrera, coordinadora de Alianza Cívica, la primera década del IEPC, recién cumplida entre penas, escándalos, pugnas por el poder (sobre todo económico) y raquíticas glorias.

La activista social advierte que el Consejo Electoral del Estado, precedente del Instituto, tuvo figuras respetables como Armando Fuentes Aguirre “Catón”, Luis Córdoba Alveláis y Juan Puente Flores, quienes lo abrieron a la ciudadanía. Hoy, el consejo del IEPC está envuelto en la opacidad, la cerrazón y en una tendencia política explícita que lo deslegitima. Es necesaria una reforma electoral que dote al Estado de un órgano imparcial y confiable, apunta.

El análisis de Herrera se confirmó en la ceremonia por el décimo aniversario del IEPC, el 14 de octubre, en el auditorio de la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC. A la escasa convocatoria local y a la inasistencia de las principales figuras nacionales, anunciadas en el programa, se sumó, para más inri, la defensa del consejero Jacinto Faya Viesca por los altos sueldos y prestaciones asignados a la alta burocracia del Instituto, los cuales han sido criticados por sectores de la sociedad en las últimas semanas. Sobre todo ahora que el Estado reduce salarios y recorta personal con motivo de la deuda.

El año pasado, el lagunero Faya fue acusado por el también consejero Carlos Arredondo de pagar seguros a familiares con cargo al Instituto Electoral, irregularidad que hasta hoy no ha sido sancionada y acaso ni siquiera investigada. El propio Faya concedió una jugosa indemnización, por más de 700 mil pesos, a Marco Antonio Kalionchiz, quien pasó de director a consejero. “Me nació del corazón”, dijo cuando se le pidió que explicara el gasto. Arredondo ofreció renunciar si sus denuncias no eran atendidas. No lo han sido y el consejero tampoco ha dejado el cargo.

En la ceremonia de aniversario, el presidente del IEPC, Leopoldo Lara Escalante, se jactó de que “el instituto eliminó totalmente los conflictos poselectorales” y de que “ésta ha sido una década de elecciones limpias y trasparentes”. La visión es parcial a todas luces. Las elecciones del 3 de julio no sólo se caracterizaron por las campañas negras, el acarreo y la coacción del voto, sino, sobre todo, por el vergonzoso desempeño del Instituto, según refiere la coordinadora de Alianza Cívica.

Para volverse confiable y no generar nuevos conflictos, el IEPC necesita reestructurarse, volver a ser ciudadano. El servilismo de sus últimos presidentes, sobre todo Jacinto Faya y Leopoldo Lara, no le ayuda al Estado, menos a la democracia, pero ellos creen que sí. Tal vez haya llegado la de hora de marcharse. El consejo actual es, sencillmente, un lastre y lo será más en el futuro.

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