Aumento en la tenencia

Por: Vicente Germán Soto
Columnista es catedrático de la Facultad de Economía de la UAdeC
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Después de más de 40 años de inconstitucional pago de tenencia (seguir pagando un bien que ya se compró), el Gobierno federal no abolió dicho impuesto, sino que dejó su cobro al criterio de los estados, por lo que ahora el contribuyente tiene a su cargo un pago ya no federal pero sí estatal. Para el Gobierno de Coahuila el contribuyente no merece ninguna consideración y los aumentos por este cargo van de 2 hasta 10 veces el monto que venía realizando. Algunas camionetas pick-up han sido tasadas en más de 10 veces el valor del pago realizado el año pasado por este mismo concepto. Y es que de acuerdo a la nueva ley de ingresos de Coahuila, las camionetas pick-up con valor de 350 mil o más son consideradas como “automóviles”, lo que constituye un acto de alevosía y ventaja para quien tuvo la oportunidad de adquirir un vehículo en años anteriores, porque con esa decisión se obliga a pagar una cantidad muy superior. Pero no sólo la tenencia estatal sufrió aumentos, también la mayor parte de los trámites y servicios, como licencias de conducir, pasaportes, entrada a museos, hasta la entrada a parques “públicos” está siendo motivo de cobro.

Desde la trinchera de la observación científica de los agentes de la economía coahuilense vemos desafortunadas estas decisiones. Veamos, hay al menos seis efectos negativos.

Primero, el Gobierno incumple una promesa de campaña de eliminar la tenencia. Esto puede tener consecuencias políticas. Segundo, aumentos tan drásticos impactarán la venta de vehículos nuevos, lo que afectará el ritmo de recuperación que apenas iniciaba el sector automotriz. Tercero, las personas toman decisiones comparando los costos y beneficios, y cambian por lo regular de conducta cuando cambian los costos y beneficios. Cuarto, un cambio que puede anticiparse es que ahora los ciudadanos busquen autos usados, importados o los adquieran en otras entidades. Quinto, la medida lastima fuertemente el bolsillo de los contribuyentes de ingresos medios y bajos, reduciendo su capacidad de consumo y, en consecuencia, ocasionando una caída de las ventas, el cierre empresas y la disminución del empleo formal, lo que se traduce en menos ingresos vía impuestos que deja de recaudar el Gobierno. Sexto, provoca inconformidad no solo de la población, en general, sino también del sector empresarial que deja de ver en el Gobierno a un aliado, conduciendo a una pérdida de confianza. Cuando no hay confianza, créanme amigos lectores, las instituciones que sostienen la sociedad se vuelven débiles, lo que constituye un impedimento hacia el desarrollo.

Si no hay un estudio serio sobre el impacto de estos aumentos, las consecuencias pueden ser perversas no solo para la recaudación fiscal del estado, sino para la población, las empresas y el crecimiento de la economía coahuilense.

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