En un adelanto de lo que será el año electoral 2021, con toda su rudeza e intensidad en la lucha por el poder, apenas lleva una semana de iniciado el proceso comicial en marcha y los árbitros y juzgadores electorales enfrentan una andanada de ataques, denuncias y descalificaciones de los actores políticos. Tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resisten el embate de dirigentes y partidos políticos, que descalifican con visceralidad a las autoridades cuando estas aplican la ley y sus fallos no favorecen a sus intereses.

De un lado está el INE, que además de haber tenido que aguantar una embestida permanente desde la Presidencia de la República, ahora se enfrenta también a la diatriba y la descalificación de los opositores al sistema, a los que les negó registro como partidos políticos.

Y ahora, las baterías políticas se enfocan hacia el Tribunal Electoral, cuyos magistrados tendrán que resolver no solo las impugnaciones a las negativas de registro de partidos, sino los muchos recursos de impugnación y quejas que genera Morena que, con sus constantes pleitos internos y su incapacidad de llegar a acuerdos, se ha convertido no solo en un generador constante de denuncias y casos, sino también en una fuente de tensión y ataques contra el trabajo de los magistrados.

En este fin de semana, a la máxima instancia electoral le dispararon desde dos frentes: por un lado el diputado Porfirio Muñoz Ledo, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, lanzó una grave acusación de “sobornos multimillonarios” a cambio de fallar a favor de varios recursos de impugnación interpuestos por sus propios compañeros morenistas; y por otro lado el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala presentaron sus impugnaciones en contra de la decisión del INE de negarle el registro a México Libre.

En el caso de Morena, se trata de cinco recursos de impugnación que, por decisión del presidente del TEPJF, Felipe Fuentes Barrera, fueron pospuestos para discutirse y resolverse esta semana, bajo el criterio de optimizar la resolución de los casos previos, según el acuerdo general 6/2020 que le otorgó esa facultad al magistrado presidente para ordenar y optimizar los tiempos y casos de discusión urgente para eficientar el desempeño del Tribunal.

Sin embargo, esa decisión fue cuestionada por los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora, que cuestionaron la posposición de cuatro de los asuntos relacionados con Morena, cuyos proyectos de resolución ya tenían listos, y de ahí surgió el rumor de supuestos “sobornos”.

En cuanto a la discusión del recurso de México Libre, presentado ayer domingo por Calderón y Zavala, la queja será turnada al magistrado José Luis Vargas Valdez para que presente el proyecto de resolución, y aun cuando apenas empieza la discusión en el Tribunal Electoral, el asunto ya provoca jaloneos y tensiones.

De entrada un abogado de nombre Luis Alberto Morales presentó el viernes pasado una petición de “Impedimento en contra del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón”, en la que le pide a los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral que el mencionado magistrado Reyes Rodríguez “debe excusarse o bien declararse impedido” para intervenir en la discusión y votación del recurso de impugnación de México Libre, por tener una “relación de amistad con actores políticos afines a esa asociación”.

Así que veremos cómo se resuelven asuntos tan delicados como calientes, por las presiones y operaciones de los políticos, ya sean los oficialistas de Morena o los opositores como Calderón, intentan intimidar, amedrentar y hasta orientar el sentido del voto de los magistrados.

Veremos cuántos de ellos se prestan, cuántos se excusan por sus relaciones y cercanías políticas, y cuántos reivindican la autonomía y autoridad del máximo tribunal electoral del país.