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Vicente Bello
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20 Diciembre 2016 03:00:00
Avanza el PRI con su pretensión de militarizar a México
Es la semana de la navidad. Como todos los años, el Congreso no se sustraía a la vieja costumbre de amodorrarse hasta el punto de detenerse casi. Al menos en la apariencia, porque el PRI sigue pretendiendo “lazar por debajo del agua” la reforma aquella que dejó pendiente hace unos días, de otorgar a las fuerzas armadas tantas facultades y atribuciones constitucionales como para no dejar duda alguna de que, desde su condición de partido en el poder, ya trae la consigna de preparar a ultranza el camino hacia la militarización del país.

En su sesión de la Comisión Permanente, adelantada a este martes –la práctica parlamentaria ha impuesto los miércoles como el día de las asambleas en tiempos de receso legislativo-, el Pleno de los 37 legisladores (19 diputados federales y 18 senadores) sólo se dedicó a escuchar la presentación de casi una docena de iniciativas.

Ni por asomo intentó el Pleno incursionar en el debate. Pasó de largo la sesión como si el país estuviera en completa calma. Como si la República no estuviera al borde los cantiles.

Apenas el viernes reciente, Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, acaba de reiterar sus muy serias advertencias de lo que viene con Donald Trump: “una película de terror”…, dijo en alusión a la asunción del vociferante presidente electo de los Estados Unidos, quien a México sigue viendo como el peor país del mundo para los estadounidenses.

El Congreso permanece callado, por una manipulación sin nombre del PRI. Está callado cuando deberían diputados y senadores estar debatiendo a tambor batiente sobre el destino de en juego de la República.

Ayer, a las calladas, Jorge Carlos Ramírez Marín soltó: “Los primeros días de enero ya estaremos empezando la tarea de reuniones bilaterales de Congreso, reuniones de trabajo con expertos, funcionarios, autoridades en materia de seguridad”.

Ramírez Marín es la voz cantante del PRI en la Cámara de Diputados, desde su condición de vicepresidente del grupo parlamentario priísta. El segundo después de César Camacho Quiroz.

Avisaba de este modo que tan pronto llegue el mes de enero, “los diputados y senadores se reunirán para crear una agenda sobre el marco legal de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública”.

El tema no es tan simple, como lo plantea Ramírez Marín. Se trata, nada menos, que de la militarización a ultranza del país. De darle una muy ancha manga a los militares y marinos para que, en la calle, hagan lo que quieran y no les pase nada jurídicamente.

No es gratuito que opositores de gran calado como Manuel Bartlett Díaz, estén alertando al país de que lo que en realidad pretende el PRI es la dimisión del poder político ante el poder de la bota militar.

Tanto Manuel Bartlett como Layda Sansores y, en la Cámara de Diputados, legisladores como Ariel Juárez y Rocío Nahle, han advertido que lo que vendría es una dictadura militar.

Pero hay algo mucho peor, ha señalado Bartlett –cuyas declaraciones están respaldadas por un currículo singular: fue secretario de Gobernación en los tiempos de Miguel de la Madrid; secretario de Educación Pública en los tiempos de Salinas y gobernador del estado de Puebla en los tiempos de Zedillo-: detrás de esta intentona del PRI y de Enrique Peña Nieto por favorecer en grande a los militares con reformas constitucionales, está el gobierno de los Estados Unidos de América.

Bartlett lo acaba de declarar a un semanario la semana pasada; pero lo ha estado reiterando desde hace semanas en la tribuna del Senado. Estados Unidos pretende con la asunción de los militares mexicanos al pináculo del poder garantizar sus intereses en el sector energético de México.

Las declaraciones de Ramírez Marín este martes 20 se colocaron en casilleros abiertos por las declaraciones del senador opositor aquel. “La agenda considerará la participación y opinión de los titulares de las secretarías de Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), así como de expertos y organizaciones de la sociedad civil”, hubo dicho Jorge Carlos Ramírez Marín.
Incluso dijo Ramírez Marín que “el objetivo es crear un dictamen que dé certidumbre a la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, que pueda ser analizado y discutido al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones que comienza el 1 de febrero de 2017”.

El PRI pretende para ese día llegar con un paquete legislativo en el que también vaya incluido el tema del Mando mixto policial. Un tema que apuntale al principal de esta propuesta que está insuflando el PRI: una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, a través de la cual –esto dio ayer Jorge Carlos Ramírez Marín- “se prevean las situaciones y procedimientos para la suspensión temporal de los derechos y garantías”.

Y para que no quede duda, Ramírez apostilló: “El PRI se pronunció por que veamos el tema de seguridad nacional, también resolvamos el asunto de los mandos policiales mixtos, únicos, o en la modalidad que sea, pero tiene que haber una mancuerna; es decir, tenemos que prever cómo van a funcionar las policías locales y prever el estado de excepción y las situaciones excepcionales en las que el Ejército debe participar”.

A pesar de que República tiene este fierro candente, los diputados y senadores no lo consideraron lo suficientemente importante como para pasarlo al fuelle, y airearlo.

El Congreso se abocó a escuchar la presentación de iniciativas y a turnarlas a comisiones, para retirarse con prontitud y citarse no la semana próxima, como parecería que tendría que ser, sino el jueves 5 de enero de 2017.


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