Basta aplicar la ley

Francisco Labastida declaró en un programa de radio –ya como senador– que en las elecciones de 2000 algunos asesores le aconsejaron “fabricar un atentado” para subir en las encuestas. La idea la rechazó por absurda –dijo. Pero también, advierto, por osada, pues se exponía a ser descubierto –como José Murat lo fue antes de entregar el Gobierno de Oaxaca– o a que los oficiosos imprimieran tal realismo a sus acciones que se les pasara la mano y lo dejaran fuera de combate. Labastida, al final, perdió con Fox, pues si como candidato era malo, peor resultó su campaña.

La verdad es que si con la vida no se juega, con la muerte menos. Por eso las amenazas contra el gobernador Rubén Moreira –precedidas de un ataque a su escolta, el 25 de diciembre– deben tomarse con la seriedad que el caso amerita. Máxime por los antecedentes de Chihuahua (el atentado contra el gobernador Patricio Martínez, en enero de 2001), Tamaulipas (el asesinato de Rodolfo Torre, candidato del PRI al gobierno del Estado, cinco días antes de las elecciones del 3 de julio de 2011) y los más de 20 alcaldes ejecutados en los últimos años.

En Capitolio del 5 de enero (“Momentos decisivos”) se lee: “Sin dejar a un lado la deuda y otros problemas, el tema más sensible es el de la seguridad y Moreira se comprometió (...) a responsabilizarse de ella. Sólo que su magnitud lo rebasa, no es tarea de un solo hombre (...). La decisión de enfrentar a la delincuencia en el estado con rigor –no sólo a los cárteles de la droga, sino el secuestro, la extorsión y hasta el más, en apariencia, insignificante delito del fuero local– responde a una demanda de los coahuilenses y sería mezquino regatearle apoyo”.

Por eso, el Gobernador lo busca ya no sólo del Gobierno federal y de las Fuerzas Armadas, con el ofrecimiento del presidente Calderón de otorgarlo, sino en Washington, donde el jueves pasado se reunió con la secretaria de Seguridad Nacional y ex gobernadora de Arizona, Janet Napolitano. No puede ser de otra manera, pues de los casi 3 mil 200 kilómetros de frontera entre México y Estados Unidos, más de 500 los comparten Texas y Coahuila, parte de los cuales los ocupa la presa de La Amistad.

El Congreso y la Casa Blanca, a través de los departamentos de Estado y la Defensa, incluyen a los cárteles de la droga entre las principales amenazas a su seguridad interior, sobre todo ahora que han descubierto vínculos de algunos de ellos con grupos terroristas. Sin embargo, poco o casi nada hacen para inhibir el consumo, atacar a las organizaciones criminales como se hace en nuestro país y detener el tráfico de armas. El mensaje al gobierno de Barack Obama es que la participación de Coahuila en esta lucha, a partir del ascenso de Rubén Moreira al poder, es clara e inobjetable.

Así podrá informarlo Nace Crawford, cónsul de Estados Unidos en Monterrey, a su jefa Hillary Clinton. El diplomático, con quien se reunió el gobernador Moreira el 7 de octubre pasado, es egresado del National Defense Intelligence College. Tiene experiencia en Roma, Nueva Delhi, Bucarest, Lima, San José, Moscú y la Ciudad de México. Con los cables consulares hay que tener cuidado, pues con ellos WikiLeaks destapó escándalos y puso de cabeza al mundo.

Además de insoslayables, las acciones del Estado contra la delincuencia son adecuadas, por concretas e integrales, pero Rubén Moreira debe ser cauto. No hay necesidad de provocar verbalmente a los criminales. Basta con aplicarles la ley.

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