En el último informe de la administración 2005-2011, el gobernador sustituto Jorge Torres comparó la deuda del estado, que entonces rondaba los 34 mil millones de pesos, con los más de 52 mil millones invertidos durante el sexenio. Frente a un pasivo de tales proporciones, refinanciado a 20 años, una inversión también sin precedente: “la más grande que ha presentado Coahuila en su historia”, argumentó. La justificación política y social de la hipoteca, Torres la resumió en 14 palabras “el desarrollo de Coahuila no podía ser postergado por 20 ó 30 años más”.

La deuda sorprendió y escandalizó por su cuantía y porque de ella se supo de golpe. No se informó de su evolución –ritmo de crecimiento, origen y destino puntual de los recursos– ni de la relación costo-beneficio. El tema no figuró en los cinco mensajes de informe previos. Si los pasivos son elevados, la inversión es aún más cuantiosa, insiste Torres López. El problema son los créditos –por 5 u 8 mil millones de pesos– adquiridos con decretos y otros documentos presuntamente falsos.

Hasta hoy, los principales implicados son Javier Villarreal, como titular del SATEC; Sergio Ricardo Fuentes, director de Políticas Públicas de la misma institución; y Jaime Jiménez, director de Deuda Pública de Municipios y Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda. Con o sin proceso en el estado, todos están libres. Falta la acción federal por las denuncias de Hacienda y la Procuraduría Fiscal de la Federación ante la PGR.

Fuentes Flores colaboraba también –si acaso ya dejó de hacerlo– en Protergo Asesores, cuyo director y presidente del consejo es Pedro Aspe, secretario de Hacienda en el gobierno de Salinas de Gortari.

La circunstancia actual evoca otra transición. Eliseo Mendoza tenía, en 1987, grandes planes para el estado. Sin embargo, en vísperas de su toma de posesión, su amigo Miguel de la Madrid, quien se dedicó a administrar la crisis financiera heredada por López Portillo, declaró que en 1988 –último año de su presidencia y primero del nuevo gobierno de Coahuila– “no habría ni primeras piedras ni corte de listones”. Fin del sueño.

A Rubén Moreira le aguarda también un inicio de gobierno sin luna de miel. En su caso, por la deuda cuyo servicio costará de 4 mil 627.9 millones de pesos el primer año de su gestión. El pago de intereses –derivado del refinanciamiento de pasivos por 33 mil 867 millones de pesos– es mayor al monto destinado a inversión pública: 4 mil 298.7 millones de pesos (este año fue de 9 mil 120 millones), según las partidas aprobadas por el Congreso local el 15 de noviembre.

El presupuesto de egresos 2012 será por 32 mil 296 millones de pesos, basado en una Ley de Ingresos que eleva el Impuesto Sobre Nóminas de 1 a 2 por ciento sobre el salario base, el primer aumento desde su aplicación en 1991; crea la tenencia estatal (en sustitución de la federal que desaparecerá a partir del año entrante) y un impuesto sobre automóviles nuevos, además de subir derechos y servicios, entre otros conceptos.

Las medidas se acompañan de recortes presupuestarios y de personal en la mayoría de las dependencias. Las participaciones a los municipios serán por 4 mil 163.4 millones de pesos, alrededor de 26% más que este año. ¿Qué le espera al estado? Orden, disciplina y racionalidad en el gasto.

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