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ComentarTienen ante sí los diputados federales un punto de referencia inmediato, en cuanto a producción legislativa: el periodo ordinario de sesiones de los anteriores septiembre-diciembre, con sus 156 dictámenes aprobados en la Cámara de Diputados, y sus casi 170, aprobados también, en la de Senadores.
En San Lázaro, el Pleno que hoy comenzará su periplo legislativo y parlamentario, no será definitivamente el mismo que se despidió el 15 de diciembre, día en que concluyó el periodo ordinario anterior. Unos 50 diputados federales de todos los grupos parlamentarios fueron sustituidos por sus suplentes, en el transcurso del receso legislativo, luego de que solicitaron dejar el encargo constitucional de legislador para irse a buscar trabajo, acomodo o continuación de sus respectivas carreras políticas.
Este brinco, que en el argot legislativo se le ha dado en llamar “operación chapulín”, suele suceder precisamente a mitad del último año de cada Legislatura y es una de las expresiones reiteradas, cíclicas, del viejo sistema político que prohijó el PRI, en el que las carreras políticas dependen a ultranza de la subordinación y la disciplina.
Desde la víspera han estado hablando de docenas de temas, como materia para el proceso legislativo; pero tirios y troyanos han coincidido en que uno de los grandes temas parlamentarios en el periodo ordinario que hoy comienza, será el de la discusión de la Ley de Seguridad Nacional.
El posicionamiento del PAN en torno del tema de marras es abiertamente en pro de su aprobación; el PRI en cambio toma posición en dos tiempos: dice que sí, pero no en los términos que ha propuesto el PAN y el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Y algo así de parecido ha manifestado el tercer partido más grande del Congreso, el PRD, que tampoco la quiere porque –ha argumentado desde hace meses– sería una ley que serviría de instrumento jurídico para instaurar en la práctica un régimen autoritario, con cercanías muy peligrosas para la democracia mexicana con el fascismo.
En días de la víspera, por cierto, el PRI se ha estado quejando con la voz en cuello de que el régimen de Felipe Calderón ataca a los priístas con métodos propios de sistemas autoritarios y aun fascistas.
La dirigencia nacional del PRI ha criticado ayer que el Gobierno federal incurre en autoritarismo cuando ordena, a través de la Procuraduría General de la República, que los ex gobernadores de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores sean vigilados para que no salgan del país, dando por un hecho que están bajo investigación por presuntos nexos con el crimen organizado y porque ninguno de los tres quisieron rendir declaración sobre el asesinato en 2010 del entonces candidato priísta a la Gubernatura tamaulipeca, Rodolfo Torre Cantú.
E incluso, el PRI nacional restriega al Gobierno federal que hay antecedentes nefastos sobre lo que dio en llamar la “politización de la justicia”: la madriza que la PGR dio a Arturo Zamora Jiménez, cuando siendo el candidato del PRI a gobernador de Jalisco lo acusó de tener nexos con malosos, para días después disculparse aunque el daño estaba hecho.
Hace tres años, en Michoacán, la PGR se fue sobre más de 30 presidentes municipales, acusándolos de tener nexos con el crimen organizado; todos, absueltos un año después.
El tremendo relampagueo por la sucesión presidencial acompañará el comienzo del periodo ordinario de sesiones y el borrascoso momento político, social y económico por el que atraviesa el país, hará, sin duda, el camino más pesado para la negociación política.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados informaba ayer que en la sesión ordinaria de hoy, además de comunicaciones del Ejecutivo federal, habrá presentación de iniciativas de reformas de leyes y posicionamientos políticos de los grupos parlamentarios todos.
Un tema obligado, en el que además es de presumir que confluirán todos con gran interés, es el de los 25 millones de pesos en efectivo que la PGR retuvo al Gobierno de Veracruz, cuando dos empleados cercanos del gobernador Javier Duarte se aparecieron en Toluca, cargando dos maletas llenas de billetes, en un avión de matrícula oficial.
El PRI jura y perjura que eran para pagar proveedores del Gobierno estatal; pero nadie le cree, por supuesto.
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