La envidia carcome a Calderón ante el pacto Rajoy-Rodríguez Zapatero y la prostitución de las leyes laborales decretada por La Moncloa, pero se desquita llevando a gobiernos soberanos del pacto federal, el de Coahuila este caso, ante el Ministerio Público; a su vez, el Gobernador regiomontano y el Alcalde de Monterrey advierten que la responsabilidad federal en materia de centros de apuestas y otras expresiones “legales” del lavado de dinero, no debe ser ignorada en la tragedia del Casino Royale.
“Para mi dos (responsables), no hay más, la primera es Contencioso Administrativo con los resoluciones que dan en muchos casos y la Secretaría de Gobernación a quienes en dos ocasiones hemos mandado exhortos y no han atendido la revisión de los casinos, esas dos autoridades tienen que actuar. Mi indignación es que con qué facilidad otorgan suspensiones provisionales, hoy tuvieron consecuencia su irresponsabilidad y con qué facilidad buscan otras cuestiones, hay otros 11 casinos iguales que tienen suspensiones o juicios de amparo otorgados por federales”, dice textualmente el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, sobre el asalto e incendio del Casino Royal donde ha muerto ya más de medio centenar de personas.
Es necesario verificar todas las responsabilidades. Y reflexionar en el estado de vulnerabilidad del sistema gracias al acelerado proceso involutivo que el neoliberalismo, la más monstruosa forma de corrupción, abona.
Rubén Moreira, quien asumirá el primero de diciembre la gubernatura de Coahuila y es el blanco de la demanda del secretario borrego para que la Procuraduría Federal de Justicia investigue las finanzas de ese gobierno, se refiere a “casos como el dispendio en la Estela de luz que el Gobierno federal panista aún construye en la capital del país; se trata de ‘una obra de 50 metros cuadrados que implicó recursos equivalentes a 10 por ciento de la deuda estatal” coahuilense.
Una comisión plural de diputados de la ALDF presidida por la legisladora Aleida Alavez defenderá a ciudadanos de abusos de la Comisión Federal de Electricidad que pretende hacer sus pistoleros a los policías del DF para apoyar los cortes de energía a quienes han emprendido acciones de defensa contra el cobro excesivo del servicio.
Ubica la Secretaría de la Función Pública desfalco de mil 243 mdp bajo Yunes en Issste, informa Elizabeth Velasco en La Jornada, y especifica que la SFP indaga compra de botiquines por 67.3 mdp y gastos de mil 176 millones en Turissste. Soldados, marinos y policías son víctimas, no victimarios, dice Calderón y el ministro del Interior de España afirma que los policías que golpearon periodistas y activistas en Plaza del Sol sólo dieron su merecido a “radicales.”
El ex juez federal Álvaro Tovilla León, quien en 2005 pidió a la procuraduría federal de justicia que actuara contra Andrés Manuel López Obrador por desacatar una suspensión obtenida en vía de amparo, a su vez desacató el jueves un mandato judicial para presentarse como testigo en el proceso penal abierto contra Esiquio Martínez Hernández quien fue su secretario en el juzgado de distrito a su cargo y hoy está en la cárcel, acusado de enriquecimiento ilícito por 50 millones de pesos; Tovilla León por su parte tiene cinco cuentas bancarias a su nombre a las que se han transferido recursos en los dos años recientes por al menos 20 millones, lo que no corresponde a su nivel de salario mensual, 129 mil pesos.
“La intromisión a los domicilios de Hank Rhon fue ilegal”, pues no existió motivo que justificara la flagrancia delictiva y la apelación interpuesta por la procuraduría federal contra el auto de libertad fue infundado, debido a que se confirmó la insuficiencia de las pruebas, que por lo tanto, fueron ilícitas; la captura de los indiciados ocurrió en circunstancias diferentes a las que se narraron en el parte informativo de los militares que la consumaron.
En consecuencia, concluye el veredicto del magistrado Alejandro Rodríguez, titular del IV Tribunal Unitario con sede en Tijuana, ya es definitiva la libertad de Jorge Hank Rhon y sus 10 empleados, pues se agotaron los recursos legales de la demandante para fincarle algún delito por la posesión de diversas armas en su domicilio.
Tres buenas noticias: El frente anunciado de la Unión Nacional de Trabajadores y la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos; el nuevo campus para 9 mil alumnos del IPN en Pachuca y la reprobación del régimen que amplios sectores de la sociedad civil organizan para el 1° de septiembre.
Soldados, marinos y policías que nunca aparecieron en el entorno de la tragedia del casino ya aparecieron en Monterrey para acordonar los territorios de turismo macabro del Jefe del Gobierno federal.
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