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Vicente Bello
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13 Octubre 2016 04:00:00
Con nueva ley urbana, “van sobre ejidos… y gobiernos locales opositores”
La Cámara de Diputados aprobó ayer la nueva Ley General de Asentamientos Urbanos y Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y quienes la aprobaron han otorgado facultades tremendas al Presidente de la República en la materia de desarrollo urbano, abonando todavía más al centralismo a costa del federalismo, y con el propósito político de acaballarse sobre los gobiernos de las ciudades más representativas del país que son oposición al partido en la Presidencia de la República.

Los que se opusieron –una minoría compuesta por diputados de Morena- han acusado, con la voz en cuello, que esta ley aplastará los derechos ejidales y comunales, y juran que viajan escondidos en los intersticios de este ordenamiento jurídico los corporativos privados dedicados a la construcción, como OHL e Higa.

Para no variar, esta nueva ley fue aprobada a matacaballo y violando todo el proceso legislativo, como sucedió cuando la aprobación de la reforma energética en julio-agosto de 2014. Y quienes la aprobaron sin conocerla inclusive –a las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados llegó del Senado a las nueve de la mañana, y a las dos de la tarde ya la estaban aprobando en el Pleno-, para no variar otra vez, han sido los mismos: diputados del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, un sector del PRD y los satélites priístas membretados con las siglas Panal, PVEM y PES.

Así se justificó el PAN en voz de la diputada Ingrid Krasopani: “(esta nueva ley) será un nuevo marco jurídico para regular, planear y ordenar el desarrollo urbano y metropolitano”.

Añadió: “(Dichos cambios) contribuirán a perfeccionar el marco jurídico, pero también fortalecerá el quehacer gubernamental para que se implementen mejores políticas públicas”.

Decía Movimiento Ciudadano en voz de Salvador Zamora Zamora: “Se evitó la delimitación de las zonas metropolitanas que fuera un tema político y que continuara haciendo un tema de carácter técnico. (De igual modo) Se logró que las zonas metropolitanas mantuvieran un esquema metropolitano que tantos años les ha costado”.

Ana Perea, del Pes: “Se garantiza el derecho a propiedad urbana como base para el desarrollo económico y se da certidumbre jurídica al establecer las causas de utilidad pública”.

Luis Avendaño, del Pvem: “A nivel internacional el desarrollo urbano busca promover la sustentabilidad social, económica mediante y a través del fomento de actividades financieras al interior de las ciudades, sus colonias, sus barrios en la medida que la población satisfaga sus necesidades básicas se mejorará la movilidad de ellas”.

Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI: “Estimados amigos, esta ley incluye una aportación fundamental, un decálogo de principios para que desde cualquier ámbito, desde cualquier ámbito tengan que ser estos los que rijan la planeación y el desarrollo urbano”.

Juan Corral, del PAN: “Es necesario armonizar las regulaciones en materia con los estándares internacionales en materia de protección civil. Impulsar planes de desarrollo que incorporen de forma obligatoria la gestión que integran los riesgos y dar herramientas a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para que puedan participar en la regulación y sanción de los asentamientos humanos”.

Juan Meléndez, del PRI: “El Grupo Parlamentario del PRI apoya el presente dictamen porque protege el uso de nuestros recursos naturales, dando énfasis al gran reto que representa el agua en nuestras ciudades. Impulsa la reducción de riesgos de desastres, propone la elaboración de programas y acciones para la reducción de gases de efecto invernadero y otorga claridad en las obligaciones para las entidades federativas y municipios”.

Pablo Bedolla, argumentador central, había dicho que esta ley será “un decálogo de principios que regirán las políticas y programas para el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, el derecho a la ciudad, la equidad de inclusión, el derecho a la propiedad urbana, la productividad y eficiencia, la protección y progresividad del espacio público, la sustentabilidad ambiental y la accesibilidad y movilidad”.

Pero Morena, único a contrapelo, contra argumentó:  

Alfredo Basurto, de Morena: “De entrada es una ley diría anticonstitucional e irracional, porque va en contra de la autonomía financiera, política y social de los municipios, va en contra del artículo 115 Constitucional, se pretende hacer una política urbanista centralista donde el Ejecutivo federal a través de un consejo quiere tener el control hegemónico del desarrollo urbano”.

Juan Romero, de Morena: “En el artículo 15 se señala que el titular de la Sedatu determinará la forma de organización e integración del Consejo Nacional, atendiendo al principio de pluralidad, equidad, género, así como considerando el régimen federal del país y la representatividad de los sectores público, social y privado”.

Roberto Cañedo, de Morena: “A través de la figura jurídica de utilidad pública y expropiación se pretende adjudicarse de la propiedad privada con fines que son estrictamente lucrativos y cuya primera, y última finalidad, es el beneficio privado. Por otro lado, se pretende desarticular la propiedad social de los ejidos para abrirle paso de manera implacable al capital dejando de lado los derechos adquiridos sobre el patrimonio”.

Blandina Ramos, de Morena: “El dictamen propone el crecimiento y el desarrollo de las ciudades hacia zonas ejidales o comunitarias aledañas a centros urbanos que ya existen, poniendo en riesgo la existencia de la propiedad social. Es un intento más de saqueo a la nación, haciendo de la propiedad social un jugoso negocio para la propiedad privada, representada por grandes estructuras que la experiencia reciente nos indica generalmente tienen cercanía de interés y negocios con los funcionarios de más alto nivel federal, incluso amigos del presidente Peña Nieto”.

Así como llegó del Senado, se devolvió, velocísima. Hicieron una modificación, para sobar el lomo a los diputados.

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