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ComentarEs un asunto que data de la administración de Ernesto Zedillo y que involucra los trabajos de reconfiguración de la refinería de Cadereyta, en Nuevo León. El proyecto le costó a la paraestatal unos mil 650 millones de dólares y se terminó en el gobierno de Vicente Fox.
Comproca argumentó fallas en el cálculo de inversión y exigió más recursos de lo presupuestado, sobre todo para concluir un ducto de 800 kilómetros que correría de Nuevo Teapa a Cadereyta. Pemex terminó demandando por incumplimiento a Comproca en 2001.
En diciembre de 2008 la CIC emitió un laudo preliminar. Se exhortó a ambas partes a presentar argumentos para delimitar el alcance de la investigación. Pemex logró entonces que se admitiera el que se trataba de un proyecto llave en mano y por lo mismo con precios unitarios.
Lo anterior permitió acotar el caso a mil 650 millones y no a una cifra mayor que Sunkyong y Siemens planteaban, derivado a su vez de trabajos adicionales que contra argumentaban. Lo que se notificó hace dos semanas a Pemex fue el laudo definitivo.
La CIC condenó a la paraestatal que dirige Juan José Suárez Coppel a pagar cerca de 350 millones de dólares, que incluye un principal de alrededor de 280 millones más los costos financieros que se desprenden de 12 años de pleito en los tribunales internacionales.
A decir de algunas fuentes Pemex ganó perdiendo, pues Comproca demandó el pago de unos mil millones de dólares. El organismo tiene tres meses para promover un juicio de nulidad. No es remoto que se desista de esa posibilidad para poner fin a esa vieja controversia.
A Pemex lo defendió en este largo proceso legal el bufete Jáuregui-Navarrete, que capitanea Miguel Jáuregui, y a Comproca la firma Von Wobeser y Sierra, que comanda Claus Von Wobeser.
Repsol acota
Ayer hubo consejo en Repsol y de él salieron varias señales que necesariamente hay que darles una interpretación en el contexto de las diferencias que se dieron con el presidente de la petrolera española Antonio Brufau. De entrada, quien asistió en nombre de Pemex no fue el director de PMI, Juan Manuel Carreras, sino el abogado general Marco Antonio de la Peña, quien no pertenece al grupo de Juan José Suárez Coppel. La paraestatal dejó entrever que desistirá de su intención de escalar de 9.5% a 12.5% en el capital de la compañía. Incluso se habría comprometido a desinvertirse hasta 5% si las condiciones de la sociedad se lo demandan.
Se sube GAN
Se calcula que el tren que correrá de Toluca al DF podría costar entre 25 mil y 30 mil millones de pesos. Ayer le comenté que Banobras, de Georgina Kessel, aportará recursos a fondo perdido. Se habla que hasta un 70% sería subsidio. Habrá que ver, pero por lo pronto el secretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena, ya dio a conocer que la primera licitación saldrá en marzo para tener claridad sobre el mejor trazo. Y es que aún no se sabe si entrar directo al DF vía la zona de Santa Fe o mantener la jurisdicción en el estado llegando a la ex zona de El Toreo. Otro interesado es Grupo Acerero del Norte, de Alonso Ancira. Apúntelo.
Volaris quiere
Con la novedad de que Volaris, presidida por Gilberto Perezalonso, está presionando a la Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca, a fin de que le arriende a la canadiense Aeroman espacio para que construya una base de mantenimiento. Esta firma surgió en 1983 como brazo de TACA y en 2006 se vendió a Aveos. Lo que pretende Volaris, cuyo accionista principal es Roberto Kriete, fundador de TACA, es tener un MRO a tiro de piedra y evitar mandar a El Salvador su flota para darle mantenimiento. Parece que a los de Enrique Beltranena ya se les olvidó que dejaron colgado a Toluca, cuando movieron buena parte de sus operaciones al DF.
Darby empuja
Sobre DeMet, le comento que a unos días de que el Juzgado Séptimo Civil del DF rechace la solicitud de concurso mercantil, la viviendera aceleró acercamientos con sus principales acreedores. Y es que a Bernardo Riojas y los suyos no les conviene nadita que el expediente vuelva a su punto inicial, máxime cuando lleva tres años sin pagar sus deudas. Las pláticas son con Metrofinanciera de Antonio Ortíz, la Sociedad Hipotecaria Federal de Javier Gavito, Su Casita de Arturo D´Acosta y algunos tenedores de bonos. Por DeMet intermedian el director financiero Francisco Gómez y Jaime Salinas del fondo Darby, que posee 38% de la firma.
Banorte y GE
En 2008 Nafinsa, que dirige Héctor Rangel Domene, extendió a Comercial Mexicana una línea de factoraje por 2 mil millones de pesos, de los que se liquidaron mil millones en 2009. El compromiso de la cadena de Carlos González Zabalegui es sustituir este año ese crédito con líneas de la banca comercial. Hasta ahora Banorte de Roberto González Barrera, y con el que se dio una fuerte polémica en la reestructura financiera, ya autorizó 600 millones. GE que lleva Gabriela Hernández otros 250 millones y con Banamex-Citi se negocian 500 millones más.
Collado cae
Fíjese que las cosas tienden a complicarse en Grupo Collado, que preside Guillermo Voguel. El asunto no es cosa menor porque le comenté a finales de 2011 que hay de por medio una segunda ronda de reestructura financiera por 2 mil 700 millones de pesos. A finales de 2009 se logró una y en dos años no rindió frutos. El expediente se está erosionando por la rivalidad que se acrecienta entre Voguel y José Antonio Rodríguez Cacho con el que se considera su socio incómodo, Julio Villarreal. El regio posee a título personal casi 30% y no aprobó la reestructura.
Cofepris sigue
Tras el par de acuerdos de equivalencia para dispositivos médicos que México suscribió con Estados Unidos y más recientemente con Japón, viene otro de mucha mayor envergadura porque involucra a nuevas moléculas. Estamos hablando de un convenio multilateral que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que preside Mikel Arriola, negocia con las agencias de Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Gran Bretaña, Australia y Suiza.
Email:dariocelisestrada@gmail.com
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