En un desayuno con el obispo de Saltillo, Raúl Vera, le pregunté cómo podía ser tan crítico con Felipe Calderón, siendo éste un presidente católico. El 11 de enero lo entrevistamos Gerardo Moyano y yo, para el bisemanario “Espacio 4” e insistí en el tema. “Bueno”, replicó el dominico, “por los frutos que nos trae el árbol, como dijo Cristo en el Evangelio al final del Sermón de la Montaña: ‘No todos los que me digan Señor entrarán en el Reino de los Cielos’. Y los frutos (de la gestión calderonista) han sido fatales”.

“Jtotik” Vera precisa: “No me coloco en el papel de justiciero, Dios es el que juzga, pero desde el punto de vista del juicio moral, que también en la Iglesia tenemos que hacer, no se justifica que el señor Presidente no haya querido cambiar la estrategia (contra la delincuencia organizada). Una estrategia de guerra, de poder, abandonando el camino de la procuración de la justicia. De todos los crímenes que hay en su sexenio, el 98% sigue impune, es el dato que da el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad”.

Para el Premio Rafto 2010 de Derechos Humanos “Lo que verdaderamente lleva a la procuración de justicia es aprehender a los criminales, llevarlos ante los ministerios públicos, ante los jueces, identificar sus núcleos, sus bandas, a los cómplices que tienen dentro de la estructura política y de la función pública, identificar a los criminales de cuello blanco que están dentro de los centros financieros y que están lavando dinero desde sus empresas. Esto es lo único que le hubiera permitido al presidente disminuir la violencia. Pero ha cerrado los oídos al clamor popular. Él va a ser responsable de la destrucción y la desarticulación de México”.

Dice que los gobernadores “También tienen su parte. Ya lo podrían haber obligado (al Presidente) y no plegarse a una irresponsabilidad. Si en frente de ellos están haciendo las matazones, pues también ellos deberían haberse impuesto. Entonces son cómplices”.

Sin embargo, más del 90% de los delitos son del fuero común –repongo–, y tal parece que los gobernadores prefieren hacerse a un lado.

“El que imprimió el camino a esto es el presidente de la República. El señor García Luna no tiene nada que hacer, pero jamás se le ha movido. La primera responsabilidad la tiene el Presidente, no hay vuelta de hoja. Esto lo han dicho desde el principio los gobernadores, el tema del crimen organizado incumbe al Gobierno federal, y por ahí empezó esto. Por supuesto hay irresponsabilidad de los gobernadores, pues les conviene también a ellos, porque la estrategia del señor presidente es cómplice de toda la impunidad en la que permanecen los políticos comprometidos con el narcotráfico.

“Claro, es mucho más fácil que maten a los testigos: con los muertos se entierran los expedientes. El Ejército, en el orden fáctico, tiene permiso para matar. Estamos ante ejecuciones extrajudiciales desde hace rato. Esto es evidente, el título de “guerra” que le dio el señor presidente a su estrategia marca una pauta de la que él es responsable. Ni hablar. Los gobernadores van a pagar su grado de responsabilidad, pero desde el principio ellos dijeron ‘¡esto es del ámbito federal, yo qué hago!’, siempre se respaldaron con eso. Aun cuando los delitos sean del fuero común, los que han provocado todo esto son las bandas del crimen organizado”.

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