Por Jorge A. Chávez Presa
Economista


México ha sufrido recurrentemente por medidas populistas. Defino al populismo como todo ofrecimiento que significa la entrega de algún bien o la prestación de un servicio con cargo a las futuras generaciones que tiene un impacto efímero en la economía, para el cual no se advierten las consecuencias adversas en el mediano y largo plazo en la hacienda pública, en la distribución del ingreso y en el potencial de crecimiento. Este vicio de la política no discrimina a izquierda o derecha. El ansia por llegar al poder y conservarlo tienta a entregarse a esta artimaña.

Como ejemplo está: ofrecer una disminución de impuestos, reducción en precios y tarifas de los bienes y servicios públicos por debajo de los costos de producción, distribución y expansión de la infraestructura o de sus referencias internacionales relevantes; construir vialidades que benefician a unos cuantos a costa del transporte público requerido por la mayoría, a la cual se le condena a perder más tiempo y a utilizar medios de transporte más caros e inseguros. Otro ejemplo menos obvio es utilizar los ingresos petroleros para financiar funciones públicas que corresponde cubrir con impuestos.

También el populismo lo ejemplifica ofrecer permanentemente un servicio público sin una fuente recurrente de financiamiento. Esto afortunadamente lo impide la Constitución, que obliga a “contribuir para cubrir los gastos públicos” (fracción IV, artículo 31) y “para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto” (fracción VII, artículo 73), aunque bajo circunstancias especiales que “no afecten a las finanzas de la nación”, permite subsidiar a actividades prioritarias (último párrafo del artículo 28), y de manera más reciente se plasmó también en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que toda iniciativa de ley deba ir acompañada del impacto presupuestario y propuesta de financiamiento.

Sin embargo, a juzgar por la avalancha de spots en radio y tv, el populismo está a la orden del día. Más aún, la situación crítica en las actividades productivas por el impacto del choque externo abre la oportunidad para hacerlo. Por ello es fundamental que ahora que votemos el 5 de julio evaluemos cuidadosamente las propuestas, y que las cuestionemos severamente cuando carecen del financiamiento correspondiente.

Para el 2010 necesitamos diputados muy bien respaldados con propuestas sólidas, pues armar el paquete económico no será nada fácil. En el 2008 la SHCP tuvo el tino para prever y blindar los ingresos petroleros por exportación para respaldar un Presupuesto de Egresos construido bajo el supuesto de 70 dólares por barril (dpb), cuando la cotización del precio de la mezcla de los petróleos crudos se ha desplomado por debajo de los 40 dpb. Esto ha neutralizado el impacto negativo en las finanzas públicas federales. Es difícil pensar que en 2010 el precio esté por encima de los 70 dpb, incluso por arriba de los 50 dpb. Por lo que este beneficio no se tendrá en 2010. Ello implica que para el presupuesto del próximo año los diputados federales que con nuestro voto llevemos al Congreso de la Unión tengan una propuesta y una actitud para construir una reforma que eleve los ingresos permanentes y tengan claridad para redimensionar, racionalizar o de plano eliminar programas y proyectos de baja rentabilidad social.

La fragilidad de nuestra hacienda pública queda de manifiesto no sólo por el bajo coeficiente entre la recaudación y el PIB, sino porque la recaudación de los impuestos federales como el ISR o el IVA no alcanzan a cubrir lo que pagamos ya por una mala educación pública. Ahora en esta crisis, para sobrevivirla, seamos críticos y cuidadosos al analizar las plataformas de los partidos, y la currícula de los candidatos a diputado.

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