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Vicente Bello
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17 Noviembre 2016 04:00:00
¿Debe ya el ciudadano portar armas para su legítima defensa?, el debate
La Comisión de Federalismo del Senado de la República organizó ayer el Foro de Análisis Por tu Derecho a la Legítima Defensa, que tuvo como propósito detonar el debate sobre si se debe permitir o no que los ciudadanos porten armas, ante la opinión generalizada –justificó Miguel Barbosa Huerta, senador perredista- de que el Estado no garantiza a los ciudadanos su tranquilidad ni seguridad.

El Foro tiene que ver con la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que recién presentó Jorge Luis Preciado Rodríguez, el senador del PAN que ya fue coordinador parlamentario de ese partido en la Cámara de Senadores y candidato panista, frustrado, al gobierno de Colima.

Esta iniciativa, desde su presentación, ha viajado en sentido contrario al rechazo absoluto del gobierno federal en que los ciudadanos porten armas. “Es inadmisible”, han dicho las autoridades, y ayer esto fue recordado en el Foro.

Incluso, Miguel Barbosa, uno de los panelistas, insistió: “A lo mejor este tema tendrá que navegar todavía, tendrá que navegar. Podrá ser una decisión de esta cámara o del Congreso que no corresponda ni a este periodo ni a este año legislativo, pero se trata de sembrar las posiciones y dejar que las cosas maduren”.

Y añadía el perredista: “También el derecho a poseer armas, el derecho a portar armas que no está contenido en la propuesta en sí, es un asunto de madurez social al que se debe de alcanzar”.

Jorge Luis Preciado relató: “Esta iniciativa nace de la siguiente manera: Soy de un rancho que se llama Coquimatlán, Colima, de los lugares más tranquilos que puede haber en el planeta.

“Hasta hace algunos años todavía andábamos a caballo o en bicicleta, no había tránsitos en la ciudad. Colima tenía un índice de delincuencia y de homicidios muy similar al que tiene Estados Unidos: 4.3 homicidios por cada 100 mil habitantes.

“En algún momento llegamos a tener un solo homicidio por cada 100 mil habitantes. Es decir, Colima estaba en absoluta paz. Los robos a casa habitación era algo así como extraño; un cristalazo era algo así como un pecado capital. El que alguien se metiera a un Oxxo, a un kiosco a robar, era algo impensable, y asalto de bancos, eso no se daba.

“Hace aproximadamente 8 meses pasó algo en mi estado que de pronto nos convertimos en tercer lugar en desaparecidos y primer lugar en homicidios en el país. Pasamos de 4 homicidios por cada 100 mil habitantes, a 61 homicidios por cada 100 mil habitantes.

“Y obviamente ya no les hablo de los robos a casa habitación ni les hablo de los robos a negocio ni el tema de secuestros. Y entonces la sociedad de Colima, los empresarios, sobre todo muchos gasolineros que sus negocios habían sido asaltados, me dijeron: ‘ oye, Jorge Luis, hemos intentado tener un arma en nuestros negocios, pero nos dicen que es inconstitucional, que porque el domicilio para poseer esa arma es en el lugar que vivimos’.

“Valdría la pena explorar la posibilidad tanto de posesión en los negocios como de portación.

“Entonces iniciamos una investigación sobre el artículo Décimo constitucional y vimos que claramente el décimo constitucional, desde 1857, que don Benito Juárez recoge literalmente la segunda enmienda norteamericana de 1789, transcribe la posibilidad de que el ciudadano mexicano pueda poseer, así lo dice la Constitución, para su legítima defensa un arma en su domicilio y que además, con ciertos requisitos, se va a exigir la Secretaría de la Defensa Nacional, algunos la puedan portar físicamente en su auto o en
su persona.

“Cuando profundizamos en el tema, nos dimos cuenta que esto era prácticamente imposible para muchos de los ciudadanos o para la mayoría de los ciudadanos; mientras que algunos con alguna buena relación en la Secretaría de la Defensa la podían conseguir con relativa facilidad, otros ciudadanos, que tenían o tienen el recurso económico suficiente y pueden acreditar que pueden ser sujetos de la delincuencia, también la pueden conseguir con cierta facilidad y algunos compañeros políticos que tienen también un poder político también la podían conseguir con relativa facilidad.

“¿Pero qué pasaba con el resto de la gente? Pues pasa lo que pasa casi en todos los países de Latinoamérica, que haces tu solicitud, le tienes que acreditar a la Secretaría de la Defensa Nacional la necesidad de tener esa arma y queda a criterio de la Secretaría si tu necesidad es real o
no es real.

“Por lo tanto si la Secretaría considera que no es real pues obviamente te la niegan diciéndote algo muy común: ‘El Estado es el responsable de garantizar tu seguridad’.

“Esto está pasando en Colima, en todo el país. Pero lo más grave: nos dimos cuenta de acuerdo con las cifras del INEGI, en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Violencia, que el 93.7 de los delitos ya no se están denunciando.

“Si a la gente ya le dan un cristalazo y ya ni siquiera quieren ir a perder cinco, seis horas al ministerio público, les sale más barato ir y comprar otro cristal y ponérselo.

“Si a alguien lo lesionan en algún lugar les sale más barato ir a Similares, comprarse la medicina y las vendas y se acabó, que perder 5 o 6 horas en el eme pe. Mejor no denuncian.”.

Así comenzó el debate, aupado ayer sobre voces de editorialistas de diversos diarios metidos a panelistas. Un debate que durará años, vaticinaban algunos.

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