Algunos medios informativos regionales y nacionales, durante las últimas semanas han tomado como tema si el Congreso de la Unión o la Auditoría Superior de la Federación y también las Auditorías Superiores Estatales deben o no deben auditar los recursos económicos que reciben los sindicatos que agrupan a trabajadores que prestan sus servicios a alguna dependencia oficial de cualquier nivel.

A raíz de la desaparición de la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro, salió a relucir que su Sindicato Mexicano de Electricistas recibía muchos millones de pesos de parte del Gobierno federal, sin aclarar o precisar si se refiere a las cuotas o dineros que se convienen en la revisión anual de los contratos colectivos suscritos entre empresa y obreros a través de su sindicato.

Tratándose de dinero establecido y acordado previamente en una revisión contractual, llamadas por los trabajadores como conquistas laborales, definitivamente que nadie, sea autoridades o no, además de que tampoco ser humano que no sea miembro o integrante del sindicato correspondiente puede meter mano, menos pedir cuentas de un dinero obtenido como “conquista sindical” y consecuencia al o los únicos entes a quien y quienes esa organización sindical está obligada a decir qué hace con esos recursos, es a sus propios miembros, además de que para tener ese derecho tiene que estar al corriente en pago de su cuota sindical.

No soy abogado, por 25 años fui sindicalista en el periódico donde me formé y estas condiciones de ingresos económicos a un sindicato y calificados o catalogados como “conquistas sindicales”, son eso, logros de un sindicato y que a nadie debe ni tiene por qué importar, más que al obrero que pertenezca a ese organismo y pague cuotas.
Puede recurrir al máximo tribunal como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tribunal internacional de La Haya o donde más le plazca, quien se interese, y sin ser miembro del sindicato, en conocer el destino de ese dinero, pero siempre será rechazado cualesquier planteamiento de esa índole.

El tema actual de que se audite al Sindicato Mexicano de Electricistas para que dé santo y seña de lo que hace de la millonada que por decenas de años recibió, lo han politizado algunos diputados y senadores de diferentes partidos políticos, pero con el único propósito de protagonizar o bien sobresalir, probablemente a falta de temas y conocimiento sobre cuestiones legislativas.

Un caso viviente de que personas ajenas no pueden indagar el uso o mal uso que se da a las cuotas sindicales y preferentemente a los abultados convenios económicos que se acuerdan en las revisiones anuales del contrato colectivo de trabajo.

En lo que sí los diputados, senadores y ciudadanos en general pueden meter su “cuchara” es en exigir al Gobierno federal en turno que no sea tan complaciente y suelto en las revisiones de contrato, que es donde debe apretar el dinero y que en muchas de las ocasiones no se hace porque le conviene no sólo al sindicato, sino a la parte contratante y patronal que en este caso es el Gobierno federal.

Es ahí en donde está el meollo del asunto si es que en realidad esa “férrea defensa” que se quiere hacer de los impuestos de todos los mexicanos y que se hacen llegar a los sindicatos que tienen contratos con el Gobierno federal directamente o a través de las llamadas paraestatales como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y otras más.

De esto, están conscientes y lo saben perfectamente los legisladores lo mismo de la Cámara de Diputados que de Senadores, solamente que “fingen talento” porque ellos saben que les conviene porque esa complicidad o “solapadera” les reditúa buenos dividendos en especie y económicamente.
(http://www.intersip.com.mx)
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