Demanda cívica y moral

Rubén Moreira ha sido amenazado en su entorno más cercano y a través de una manta, en Saltillo, a principios de enero. La Fiscalía del Estado investiga, pero hasta hoy se ignora el contenido de los mensajes, lo mismo que la identidad de sus autores. En campaña y en su toma de posesión, el Gobernador reiteró: “de la seguridad me encargo yo”. Sobre las amagos, Moreira declaró a Antonio Dávila, titular del noticiario “Libre”: “son gajes del oficio que uno tiene que asumir”. Miedo no tiene –dice– pues de lo contrario no saldría de su casa. Aclara que tampoco lo inspiran afanes heroicos, sino el mero cumplimiento de la ley.

El Gobernador atribuye el aumento de la violencia, en los primeros meses de su gestión, a que dos bandas se disputan el territorio, controlado hasta hace poco por un solo cártel. Pero además, la nueva Ley de Seguridad Pública afecta de manera directa los giros negros: venta de embriagantes, desplumaderos, casas de masajes, table dance… También busca regularizar más de 200 mil vehículos que circulan sin placas o las que portan son emitidas por organizaciones constitucionalmente impedidas para hacerlo (Onappafa y UDC).

La administración empieza con una deuda por 36 mil millones de pesos, que al inicio del gobierno de Humberto Moreira era impensable, y grados de inseguridad y violencia que tampoco existían en 2005. Para efectos de operación política, el panorama lo dificulta un profundo malestar ciudadano. La sociedad resiente los efectos de los pasivos bancarios, parte de los cuales se contrataron de manera irregular: a través del alza de impuestos y derechos estatales y municipales, tenencia vehicular…

La situación es de emergencia. En tales condiciones, el Estado necesita allegarse recursos para equipar a las fuerzas públicas y atender los compromisos con el Gobierno federal. Sin embargo, la Iniciativa Privada no está dispuesta a concedérselos como si tal cosa.

El sector empresarial de La Laguna es el más reacio. Todavía el 11 de enero, líderes del PAN presentaron una denuncia de hechos ante la PGR contra funcionarios de la administración 2005-2011 por ejercicio indebido del servicio público.

Mientras la deuda corre por los cauces legales y mediáticos, la prioridad del gobierno es la seguridad. La tarea de Rubén Moreira y de su gabinete es monumental. Máxime porque ha decidido enfrentar a una delincuencia que no sólo trafica drogas, armas y personas, sino que además secuestra, asesina, extorsiona, asalta, roba, cobra piso. Moreira es el primer gobernador de Coahuila amenazado. Al margen del origen de las advertencias, el riesgo que corre es real y debe tomarse en serio. Sin desplantes heroicos, como él dice.

La administración no pudo haber iniciado en condiciones más adversas: deuda pública exorbitante, violencia inédita, delincuencia desaforada, presión social y política. En un contexto así, Coahuila necesita reconciliarse y la sociedad participar, cerrarle espacios a los criminales. Para lograrlo es preciso castigar primero a los responsables de la deuda espuria. La demanda no es política, es social, jurídica y moral. Mientras siga impune, poco se avanzará en reconstruir la confianza, por más esfuerzos que se realicen.

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