Desde hace 50 años

Si me equivoco, que me corrijan las autoridades policiacas y las del área ministerial, pero al menos y de acuerdo a la memoria de no pocos de la tercera y cuarta edad, desde hace más de 50 años, es sabido y de eso tienen conocimiento los cuerpos de seguridad, así como lo que fue la Procuraduría y ahora es la rimbombante Fiscalía General, que es directamente a las casas de empeño a donde va a dar el producto de los robos, particularmente tratándose de alhajas de todo tipo, pero lo mismo electrodomésticos, así como aparatos electrónicos y de otro tipo de artículo.

Durante esos mismos más de cincuenta años, los medios de comunicación han insistido sobre el hecho de ¿por qué no se reglamenta o regulariza la operación de esos negocios, exigiéndoles que a todos lo que lleven a empeñar un objeto se les exija la factura”.

La propuesta y críticas que los medios de comunicación han hecho repetidamente sobre el asunto, por más de cincuenta y tantos años han encontrado oídos sordos y no tiene ninguna otra razón ni respuesta que la complicidad y convivencia que desde hace más de cincuenta años ha habido en el triángulo: Policías, rateros y casas de empeño, que también fueron y son conocidas como montepíos.

Tan sólo para expresar una muestra, cuando se denuncia un robo en domicilio y el botín fuerte fueron alhajas, monedas u joyas de diverso tipo, lo primero que hace el policía ministerial, claro adelantando una “pequeña y modesta” gratificación en “efe”, es acudir a las casas de empeño o montepío y como arte de magia, aparecen en ese lugar el producto del latrocinio.

El propietario de ese lugar, tranquilamente y como “corderito” no pilla y menos protesta cuando el agente ministerial le pide la devolución de esas joyas.
Esto está comprobado y es sabido por la gente, particularmente si hablamos de una edad más avanzada, ya que el problema que causa la anormalidad en el funcionamiento de los montepíos o casas de empeño, ha afectado a muchos.

Recién, dieron a conocer los diferentes medios de comunicación que la Fiscalía General de Coahuila, pretende regularizar o reglamentar el funcionamiento de las casas de empeño o montepíos, lo que de lograrse y deja de ser promesa de lengua o palabra y se va a los hechos, bajará sensiblemente el número de este tipo de atraco, pues al no haber muchos compradores, por lógica bajará esa ilícita actividad.

Y, hablamos no sólo de joyas, sino de otros muchos aparatos y artículos de los que están llenos esos comercios que por más de cincuenta años han trabajado bajo la protección e impunidad, bien pagada, de ciertas autoridades judiciales y para ser claros y directos, de las que se encargan de esclarecer e investigar los delitos patrimoniales.
Es importante y se reconoce la buena intención de la Fiscalía General de Coahuila, como es necesario reconocer y recalcar la importancia en el crecimiento de robos a casas habitación y negocios, que dejó esa indiferencia y apatía de las autoridades del pasado que dejaron correr y solaparon una situación que creció y en la actualidad demanda más entrega y decisión.

El hubiera no existe, empero, se vale mencionar el hecho de que en esas épocas, se “hubiera” reglamentado y exigido a esas empresas de préstamos y empeño que exigieran factura o documentos en donde se comprobaba la legítima propiedad de lo que era robado y así lo aceptaban quien y quienes prestan dinero por esos artículos mal habidos.
Los coahuilenses esperan que de las palabras se vaya a los hechos, como una forma de detener el crecimiento o avalancha de robos patrimoniales que por diferentes razones se ha incrementado en los últimos años.(http://www.intersip.com.mx)

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