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Vicente Bello
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28 Septiembre 2016 11:10:00
¿Dónde están los 43 estudiantes y quiénes realmente se los llevaron?
De la tribuna de la Cámara de Diputados fluían los datos como la sangre, incontenible, suele manar de una herida abierta. Dos años después, los partidos políticos se disputaban los vértices de lo que el mundo considera una de las historias más tristes, bárbaras y desgarradoras de la historia mundial: La desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Afloraba, sin lugar a dudas, de los labios de priístas y pvemistas un discurso hipócrita, como hipócrita no dejaba de parecer la oratoria perredista. Solo el PAN, Morena y Movimiento Ciudadano escapaban de la quemazón… aunque no del todo, porque el PRI y el PRD trataban, a toda costa, de jalar hacia el centro de la hoguera en que ellos se consumían a Andrés Manuel López Obrador, por haber supuestamente apoyado este la candidatura de quien fue el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.

He aquí partes medulares de lo que se dijo:

Araceli Damián González: “Además, un estudiante quedó en estado vegetativo; seis personas fallecieron, tres de éstas estudiantes de la normal, uno de ellos tristemente torturado y tres más, víctimas del ataque al equipo de la segunda división Los Avispones, en el cual resultaron también lesionados 17 alumnos. Se contabilizan más de 100 personas que sufrieron violación a sus derechos humanos durante la noche de ese día y madrugada del 27”.

Y resellaba Araceli, diputada de Morena, su argumentación: “El caso de Iguala expresa una violación exacerbada que se limita a la que ejercen los grupos delincuenciales, sino que incluye la perpetrada desde las instituciones del Estado. Lo que vivimos en Iguala es parte de los daños colaterales de la violencia institucional en la que se han roto los principios básicos de moralidad y ética que permiten la convivencia social pacífica”.

Una violencia institucional, remachaba Araceli Damián González, “ejercida por el Gobierno y las élites, que incluye mantener en condición de pobreza a la mayoría de la población. De esta forma la desigualdad, la concentración de la riqueza y el hecho de haber sido México el laboratorio de las reformas estructurales más radicales impuestas por los organismos internacionales, convierte a nuestro pueblo en presa fácil de la violencia institucionalizada”.

El PAN a través de Karina Padilla dijo: “Aquellos acontecimientos serán recordados por haber puesto de manifiesto una grave crisis institucional y de derechos humanos que lastimó no solo a 43 jóvenes y a sus familias, sino a la
sociedad entera”.

Y volvió a decir: “Hablo de crisis institucional porque la desaparición de los 43 normalistas puso al descubierto las enormes deficiencias de nuestro sistema de procuración de justicia, que a dos años de la tragedia sigue envuelto en especulaciones, sin resultados concluyentes y sin haber brindado las garantías de una verdadera justicia restaurativa y del debido proceso. Hablo de crisis institucional, porque a dos años de la tragedia aún quedan muchas dudas razonables por supuesto”.

Discurso incisivo el de Karina, quien insistió: “Aún quedan muchas dudas sobre la actuación de las fuerzas de seguridad pública federales y locales. Quedan dudas sobre la reacción desproporcionada y violenta de las policías municipales y estatales en el uso de la fuerza pública frente a actos como la toma de autobuses que en Guerrero, por su frecuencia, eran ya casi tolerados con una intervención menor de las policías locales”.

Y también preguntó la del PAN: “¿Por qué esa madrugada del 27 de septiembre de 2014, reaccionaron con fuerza letal? ¿Bajo las órdenes de quién actuaron dichos policías? La PGR no ofrece una respuesta o razones de fondo y solo infiere que pudo ser la intervención del narcotráfico la que desató la violencia aquella madrugada fatídica, pero la autoridad federal no da más elementos”.

La hora de las preguntas. Karina dijo también: “Quedan dudas razonables sobre el móvil y sobre los autores intelectuales de este crimen atroz. Hasta el momento solo se tienen encarcelados a varios de los autores materiales de esta masacre, pero no sabemos a ciencia cierta quiénes son los autores intelectuales, quién o quiénes dieron las órdenes”.

El PRI en voz de Silvia Rivera Carbajal: “Antes de iniciar mi posicionamiento quisiera tomar un momento para reiterar el compromiso del Partido Revolucionario Institucional con las víctimas y sus familiares de los sucesos del día 26 y 27 de septiembre de 2014.
Nos solidarizamos con ustedes y demandamos, al igual que lo hemos hecho en ocasiones anteriores, que la indagatoria continúe con base en principios éticos, científicos y de respeto a los derechos humanos”.

Discurso inaudito, el del PRI. Ellos saben qué sucedió realmente allí, y cómo desaparecieron y cómo se los llevaron. Esta afirmación ya es convicción en los territorios del Congreso de la Unión. Sobre todo, a partir del hecho de que la Presidencia de la República a toda costa evitó que declarasen los soldados del 27 Batallón de Infantería. Y de que fuese revisado, palmo a palmo, el terreno interior del batallón.

El PRI también habló en voz de Víctor Manuel Silva Tejeda, quien dijo: “El presidente Enrique Peña Nieto ha recibido en dos ocasiones a los padres de familia. El secretario Osorio Chong, con otras dos reuniones, le ha dado continuidad. Y la procuradora de la República, en diez ocasiones, instituyendo una reunión mensual, ha venido dándole respuesta a las inquietudes que el grupo de padres de familia justamente ha venido siguiendo para poder tener resultados”.

Y apostillaba: “Por eso, no podemos decir que el Estado mexicano no ha dado resultados”.

Pataleaba el PRI, pero la realidad lo aguijonea fuertemente.

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