Educación y sucesión presidencial

Con su publicación en el Diario Oficial de la Federación, ayer concluyó por fin aquel proceso legislativo de reforma a los artículos constitucionales Tercero y 31 para la construcción jurídica de la obligatoriedad de la educación media superior en México.  Y será, sin duda, una de las leyes de las que se jactará la 59 Legislatura, a pesar de lo difícil de estos años por conseguir consensos o acuerdos mínimos para la construcción de las leyes.  

En resumidas cuentas, de lo que se trata con la reforma es que, en un lapso no mayor de 10 años, el Estado mexicano deberá tener la infraestructura nacional suficiente, y el presupuesto, para impartir el nivel educativo de marras de manera tan obligatoria como gratuita.  

Gradualmente, a partir del ciclo 2012-2013, la educación media superior comenzará a impartirse en México, y deberá alcanzar su máxima cobertura en el ciclo 2021-2022.  

Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, cuando se debatió la reforma, un factor central era el presupuesto y el modo como éste tendría que ejercerse en cada ciclo escolar.  

Los panistas, ahora orondos y cacaraqueantes de la reforma de marras,  gustaban de hablar entonces  sobre la dificultad que el Estado tendría para la impartición obligatoria del bachillerato, preparatoria y modelos equivalentes.  ¿De dónde saldría tanto dinero?, preguntaban, alarmados, en el Senado y en San Lázaro, aunque se cuidaban muy bien de no contrapuntearse con una reforma constitucional de gran connotación social.  

La obligatoriedad de la educación media superior fue un tema que un diputado del PRD propuso por primera vez desde la LVII Legislatura; pero el asunto guardó el sueño de los justos en las legislaturas venideras y fue despertada en 2007, año en que diputados del PRI, PVEM, PT y Panal plantearon el inicio formal de un proceso legislativo que desembocara en la obligatoriedad del Estado mexicano para impartir la educación media superior.

Aunque motivo de consensos, esta reforma constitucional tuvo qué esperar, sin embargo, tiempos electorales, para llegar al sitio de su entrada en vigor y justo 180 días antes –como lo establece la misma reforma- de que vaya a comenzar el ciclo 2012-2013.

Como usted recordará, lector, lectora, el proceso legislativo en México comienza con la presentación de la iniciativa y finaliza con su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En el caso de la reforma constitucional de marras, se le presentó en el Senado, adonde se le turnó a comisiones para su revisión y posterior dictamen; una vez dictaminada, pasó al Pleno senatorial para su última revisión, discusión y votación.  Una vez aprobada por la asamblea de los 128 legisladores,  la reforma se envió a la Cámara de Diputados, para su refrendo.

Cuando los diputados dijeron que sí, la minuta  se convirtió legalmente en ley aprobada; pero su periplo legislativo no concluye ahí: ahora tenía que ser avalada por cuando menos la mitad mas uno de los 31 Congresos locales, y una vez conseguido el aval de mínimo 16 Legislaturas de la Federación, la Cámara de origen –que en este caso fue el Senado- debe extender un acuse de enterado, y es entonces cuando puede enviar la ley al titular del Ejecutivo Federal, para que éste ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y pueda entrar en vigor en la fecha previamente establecida en la misma reforma. En este caso acordaron que la entrada en vigor fuera 180 días después de su publicación en el diario del Estado mexicano. Justo el día en que deberá iniciar el ciclo educativo 2012-2013.
 
ESTRIBO

Las Cámaras federales se han transfigurado en recipiendarios de clamores político-electorales, y de ecos de una campaña electoral por la Presidencia que, en los hechos, ya se adelantó a los tiempos formales.

La jiribilla la puso este miércoles Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de la Cámara de Diputados, cuando declaró que la entonces precandidata presidencial del PAN Josefina Vázquez Mota y el entonces diputado federal Luis Videgaray, ahora coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto, se configuran como “las probables víctimas del espionaje” de que fue objeto la Cámara de Diputados.

Acosta dijo ayer: “Ahí donde estana el micrófono, ahí estuvo Vázquez mota, presidiendo la Junta de Coordinación Política, y por aquí pasó Luis Videgaray, presidiendo la Comisión de Presupuesto, que también estaba intervenida

El nayarita agregó: “Yo he escuchado grabaciones mías. Mi teléfono, que tiene once años de no cambiar de número, le cambio hasta pila porque lo quiero mucho, no tiene ni para conectarse de tanto que se me ha caído, y yo digo que tiene más audiencia que la Ke Buena. Yo he escuchado grabaciones de mi teléfono que me han mostrado otros políticos”.

A un grupo de corresponsales extranjeros, Acosta dijo también que este tipo de grabaciones suelen ser utilizadas en México en tiempos electorales para denostar el contrario. “He visto cómo se usan en campañas políticas para golpear, porque la puedes sacar de contexto”, dijo. “Porque puede ser un hecho grave, delicado, el que está grabado, y por lo tanto se denuncia y siempre los medios tienen la disyuntiva de dar a conocer o no algo que se obtiene ilegalmente, pero que tiene un importante valor periodístico. Y casi siempre se terminan yendo porque tiene valor periodístico, sin importar de dónde llegó”.

Son los ecos, finalmente, de la sucesión presidencial.

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