Por: José Luis de la Cruz Gallegos
Director del Centro de Investigación en Economía y Negocios
del Tec de Monterrey, Campus Estado de México
.(JavaScript must be enabled to view this email address)


La creciente dinámica de violencia que enfrenta el país tiene repercusiones que rebasan el ámbito legal. La espiral de la delincuencia trastoca los fundamentos de la sociedad, llegando hasta su núcleo, la familia. Evidentemente que el interés económico y de poder de la actividad criminal genera una interrelación con dichas esferas.

La actividad empresarial, la generación de empleo y la inversión precisan de contar con un entorno propicio en el cual se pueda tener en el ámbito económico y social. En este sentido, cuando se tiene que en 2009 y 2010 se generaron cifras récord en materia de denuncias por delitos del fuero común, no pueden dejarse de lado los orígenes e implicaciones que ello tiene.

En el primer aspecto, sin lugar a dudas el modesto desempeño de la actividad productiva y de la generación de empleo explican la proclividad que en algunas regiones y sectores de la sociedad se tiene para buscar formas alternativas para obtener ingresos económicos superiores a los que alcanzarían de dedicarse a alguna función legal y formal. Cuando se le adereza corrupción e ineficacia en el gasto de gobierno se tiene una combinación que acaba por explicar los problemas sociales del país.

Con ello se llega al segundo aspecto a citar, y es el que corresponde a las implicaciones que tiene este marco de inseguridad. El debilitamiento del tejido social es el mayor daño, ya que trastoca la confianza de la sociedad. Ello tiene una clara interrelación con la disminución de la inversión empresarial, y aún con la migración que algunas personas han realizado. No es difícil conocer de empresarios que llevaron a sus familias al sur de Estados Unidos, y que solamente mantienen la operación de sus negocios en México. Puede citarse que esto mismo ocurre en el caso de funcionarios públicos estatales y municipales de algunas entidades y ciudades del norte del país. Esto último refleja un alto grado de desconfianza de aquellos que en principio deberían de garantizar la estabilidad y cohesión social.

Lo anterior obliga a recapacitar sobre los resultados que la estrategia de seguridad está alcanzando, así como del presupuesto destinado a ello.

Debe quedar claro que no se cuestiona el objetivo, el de restablecer el estado de derecho y la seguridad en el país, lo que se pregunta es la eficacia que dichos mecanismos tienen para lograr el cumplimiento de las metas.

Al final de todo, la razón radica en que el análisis realizado plantea la generación de círculos viciosos que se han formado en la sociedad mexicana: falta de crecimiento, desocupación, pobreza, informalidad, empleo precario y delincuencia, todo lo cual minimiza la capacidad que la economía tiene para que en los siguientes años se puedan alcanzar metas superiores de desarrollo. En otras palabras, lo que se puede afirmar, es que los problemas no resueltos en materia de seguridad, crecimiento económico y desarrollo social son el caldo de cultivo de barreras en el futuro. Hoy se están viviendo los yerros y omisiones cometidos en el pasado, así como los atribuibles al presente. Todo ello explica la precariedad de la seguridad social y económica.