Un signo inequívoco de la era que ha comenzado, es sin duda el vigor con que ha renacido el impulso de los derechos fundamentales como factores imprescindibles para alcanzar niveles de dignidad, apenas mínima en la vida de los seres humanos y por lo tanto como piedra angular de toda estructura jurídica que se precie de ser legítima.

Al margen de toda disquisición sobre sus fundamentos filosóficos, sin que parezca importar mucho ya la antigua polémica entre iusnaturalismo y positivismo –que incluso, cuando se escucha algún eco de ella hoy en los pasillos de la academia, no deja de percibirse de alguna manera anacrónica- y sin reparar casi sobre su naturaleza, se ha extendido por todas las latitudes la convicción de que en la garantía y promoción de esos derechos reside la verdadera razón de ser de las instituciones públicas.

Este antropocentrismo parece ser una reacción natural frente a la enajenación generalizada de los valores humanísticos en que cayó el mundo durante el siglo 20, pero también a causa de la enorme concentración del poder –político y económico- en muy pocas manos, lo que, además, ocurre en el seno de un ambiente global que excede los alcances de la capacidad de cada estado para controlar los excesos de flujos sociales fincados en el pragmatismo más descarnado y, por lo tanto, los ha hecho a todos incapaces de dar a esos flujos el cauce adecuado.

Esa circunstancia, por lo demás, no sólo se ha expresado en el entorno global, sino que ha permeado las tradicionalmente cerradas epidermis de los estados, al amparo de una extremadamente estrecha y en ocasiones errada concepción del poder soberano y sus alcances, aunada a la inexistencia de normas globales que puedan estructurar los sistemas político y económico de esa misma amplitud.

A ese avance mundial de los derechos fundamentales no pudo México mantenerse ajeno. Ya en esta hora puede apreciarse una tendencia renovadora. Muestras muy claras de esa repercusión son las reformas efectuadas en 2008 y, todavía más quizás (aunque lo afirmo con reservas), las que tuvieron lugar en junio de 2011 respecto del capítulo que se llamó, desde 1857, “De las Garantías Individuales” y desde esa última fecha “De los Derechos Humanos y sus Garantías”.

El mundo ha conseguido penetrar la casi impermeable epidermis de nuestros órganos federales, pero no es ahí donde puede este particular aspecto suyo producir los mejores y más generalizados efectos, porque no basta con reconocer los derechos básicos que corresponden irrenunciablemente a los seres humanos, sin distinción de clase alguna, sino que es necesario que su tutela y promoción sean efectivas en el quehacer cotidiano.
Es necesario “aterrizar” esa práctica, cada día y siempre, a través de políticas públicas eficientes y, sobre todo, eficaces, en las que la primera responsabilidad es de las instituciones públicas, sí, pero en las cuales no puede haber esperanza de resultados positivos si los ciudadanos no participan. De ahí que el concurso de las instituciones estatales y sobre todo municipales, sea imprescindible, porque en ellas y con ellas los habitantes del estado caminan más cerca.

En Coahuila estamos por iniciar un nuevo periodo de gestión pública que se antoja promisorio, porque este elemento ha estado presente desde el discurso de arranque de campaña del candidato a la gubernatura que resultó triunfador y cuyo liderazgo político se ha dejado sentir con fuerza innegable.

Es por eso alentador que, de los siete principios que propuso desde entonces –y que hoy son plataforma de su compromiso- cuando menos cinco tengan vinculación directa con los derechos fundamentales, mientras que los otros dos estén de todas maneras relacionados con ellos.

Eso importa, sin duda, pero importa más que ese compromiso recíproco de la comunidad con su gobierno –los tres poderes- se cumpla sin reservas ni condiciones para el bien de todos. De nuestra conciencia depende y de nuestra participación efectiva.