Todavía con el pocito anegado y los trabajadores atrapados, la Comisión Federal de Electricidad esta semana mandó un mensaje: la vida sigue, el negocio no se detiene y nada cambia con la presunta ‘transformación’. Por el contrario: empeora (en lo que va del sexenio actual, por ejemplo, han ocurrido más muertes de mineros en accidentes presentados en la Región Carbonífera de Coahuila, que en el anterior inmediato).

El pasado 2 de septiembre CFE inició siete procedimientos para adjudicar de manera directa 720 millones 653 mil pesos por “mineral térmico no coquizable” para las centrales termoeléctricas José López Portillo y Carbón II, ubicadas en Nava, Coahuila.

La única diferencia con los pedidos anteriores, es que ahora lo solicitó, no con las características de la Cuenca del Río Sabinas, sino “con las características de la Cuenca de Río Escondido, localizada en los Municipios de Nava, Guerrero y Piedras Negras”. El coloquialmente conocido como “carbón de diseño” que, en los hechos, se debería pagar más caro debido a su mayor poder calorífico. Pero no sucede así.

El día que se cumplía un mes de la conflagración ocurrida en El Pinabete, Agujita, la oficina de compras de la Subgerencia de Producción Termoeléctrica Noreste lanzó una convocatoria cerrada, exprés, dirigida a siete proveedores en específico, invitándolos a firmar contratos una semana después, el día 9 de septiembre. Sin embargo en el pliego de requisitos publicado por CFE consta un detalle: las entregas del mineral iniciarían a partir del 5 de septiembre, lo cual quita toda seriedad a las fechas de contratación y revela que se trata, a todas luces, de una simulación.

No hay casualidades. Los favorecidos fueron Minerales Don Chilo, con 200 mil toneladas, y 527 mil más a distribuir entre Consorcio Oasis Minería y Transporte, Beneficios Carboneros AJ, Minería y Energía del Noreste, Minerales y Transportes, Consorcio Minero A.G. y Cía., y Minerales La Florida.

Don Chilo, se sabe, es la empresa familiar que pertenece al hermano de la Alcaldesa de Múzquiz por Morena, Antonio Flores Guerra, quien es el mayor beneficiado por las adjudicaciones directas desde que Manuel Bartlett asumió la dirección general de CFE como capitán del sector. En este caso le proyectaban pagar 70% del pedido total entre septiembre y abril de 2023, previo al inicio oficial de las campañas para Gobernador en Coahuila. Ese porcentaje, justo es decirlo, representa casi 140 millones de pesos.

Nada despreciables para financiar cualquier iniciativa electoral.

Ahora bien, calendarizado de septiembre 2022 a junio de 2023 (este último, mes en que se celebran las referidas elecciones), la cifra ronda 198 millones 254 mil pesos, a un precio de 991.27 la tonelada.

En la fase previa de contrataciones, desarrollada entre junio y julio pasado, a Los Flores Guerra habían asignado sólo 55 millones 617 mil pesos entre una bolsa total de tres mil 851 millones que repartió CFE y que, en el papel, significaban la última compra del sexenio considerando que los plazos de entrega se extendían hasta diciembre de 2024.

Los siete financiados con la compra extraordinaria, por tanto, deben ser analizados con sospecha tomando en cuenta la coyuntura política.

Ahí es donde salta la liebre. A Régulo Zapata Morales, dueño de Beneficios Carboneros AJ, S.A. de C.V., sociedad mercantil constituida en 2019, le asignaron otros 84 millones 257 mil 950 pesos, adicionales a los 55 millones 617 mil que previamente le habían sido adjudicados. Como se publicó aquí el 14 de agosto, Régulo Jr. ha participado con Yeidckol Polevnsky, ex dirigente nacional de Morena, en proyectos de comunicación política. Y ésta, a su vez, ocupando esa posición en el partido adquirió al más cercano colaborador y socio de Manuel Bartlett, director general de CFE, un inmueble que usó López Obrador en 2018 como casa de campaña, en la Ciudad de México.

Cortita y al pie

Mientras gimoteaba y exhibía su estado de pasmo por la inundación ocurrida en Múzquiz el 1 de septiembre, sin saber qué hacer más que politizar la tragedia y transmitir a través de Facebook en directo su consternación (en un acto de narcisismo y sociopatía que se prolongó por horas, digno de análisis), la CFE invitaba otra rebanada del pastel minero a Tania Flores vía su hermano.

No obstante, días después declaró desierto el procedimiento que ya tenía en la bolsa -junto a los otros seis- por no presentar la manifestación de Impacto Ambiental correspondiente a su centro de extracción, y no poder validar, por tanto, que cuenta con los permisos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para llevar a cabo la producción de carbón mineral.

La organización Pasta de Conchos lo había denunciado el 17 de agosto públicamente: “Antonio Flores está extrayendo carbón en la concesión Los Menores I, propiedad de Mimosa (Minera del Norte), en una zona de riesgo, sobre un minado viejo”. Esto -señaló- “para cumplir con el contrato CFE-0700-ADAAN-0040-2022”, el último adjudicado.

Antes de la conflagración del 3 de agosto en Agujita, la CFE no manifestó irregularidades en sus adjudicaciones directas (a Compañía Minera El Pinabete, como todo mundo sabe, le asignó en junio 41 millones 298 mil 552 pesos para extraer carbón en el pocito que atrapó a 10 mineros).

Y ahora cambió de parecer, salvo que lo haya hecho con la intención de exhibir (aunque al hacerlo, se exhibe a sí misma): los favoritos desde 2019, Régulo y Los Flores, no tienen manifestación de impacto ambiental, ni acreditación para llevar a cabo trabajos de extracción de carbón mineral en los centros extractivos declarados, ni certificados de laboratorio de pruebas.

Así, sin querer, puso el coyotaje al descubierto.

La última y nos vamos

Si emite una convocatoria es porque requiere carbón. Que no lo haya comprado ahora no significa que cese la necesidad a futuro. Entonces, en lo sucesivo, alguien tendrá que ceder en la relación. Y aquí solo hay de dos sopas: o la CFE es permisiva, como siempre, o los productores serán cumplidos, como nunca.

La historia lo enseña: con 4T o sin 4T, las inercias mandan.