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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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11 Junio 2018 04:08:00
El último debate
Difícilmente el debate presidencial de este martes modificará las tendencias electorales. Menos cuando a las razones las suplanta el absurdo, a la realidad, el voluntarismo y a la compostura, el efectismo. Tampoco cuando el primer lugar aventaja al segundo por 26 puntos y al tercero por 33. Con el 52% de la preferencia efectiva, Andrés Manuel López Obrador (Juntos Haremos Historia) se siente y actúa como presidente, a pesar de su pésimo desempeño en los careos de abril y mayo. La intención de voto por Ricardo Anaya (Por México al Frente) es del 26% y la de José Antonio Meade (Todos por México) del 19%, según la última encuesta de Reforma (30-05-18).

La guerra sucia y algunas ideas novedosas contra la corrupción tampoco han incidido en el ánimo los electores. La declaración “siete de siete”, propuesta por Meade para detectar inconsistencias entre el patrimonio y el ingreso de políticos y funcionarios, fue pulverizada por Anaya con algunos de los escándalos más relevantes del sexenio: Odebrecht, el socavón del Paso Exprés en la autopista del Sol, la Estafa Maestra y los casos de los exgobernadores César Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo) y Javier Duarte (Chihuahua), los dos primeros en prisión y el tercero todavía prófugo. Faltó citar la “casa blanca”.

Como parte del bombardeo mediático contra AMLO, antes del encuentro en Tijuana se puso en duda su salud; y durante el cara a cara, Nestora Salgado, candidata de Morena a senadora plurinominal por Guerrero, recibió un golpe bajo. Meade la presentó como secuestradora y un peligro para el país.

El candidato de Juntos Haremos Historia refutó el cuestionamiento sobre su estado físico en silencio: permaneció en pie las casi dos horas del debate e incluso bromeó. Salgado replicó en su cuenta de Twitter: “La difamación es un delito. @JoseAMeadeK y te reto públicamente a que pruebes tus afirmaciones. Ya basta de que tú y el PRI criminalicen a los luchadores sociales”.

La incultura para polemizar la explica en parte el monopolio político ejercido durante 70 años. Ernesto Zedillo (PRI), Diego Fernández de Cevallos (PAN) y Cuauhtémoc Cárdenas (PRD) protagonizaron el primer debate, en mayo de 1994, año convulso por el asesinato de Luis Donaldo Colosio y la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Los careos entonces eran opcionales. La ley electoral (Cofipe) establecía: “El Instituto (Federal Electoral) a petición de los partidos políticos y los candidatos presidenciales que así lo decidan, organizará debates públicos y apoyará su difusión” (Artículo 190, inciso 6).

El Seminario del Castillo de Chapultepec, clave para la reforma político-electoral de 1996, planteó celebrar “debates públicos obligatorios entre candidatos”, prohibir el uso de los colores y símbolos patrios por los partidos, despartidizar la obra pública y vedar la afiliación colectiva a los partidos. No todas las propuestas avanzaron e incluso algunas tardaron años en aplicarse.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Lgipe), promulgada en 2014, establece: “El Consejo General (del INE, antes IFE) organizará dos debates obligatorios entre todos los candidatos a la Presidencia de la República y promoverá, a través de los consejos locales distritales, la celebración de debates entre candidatos a senadores y diputados federales” (artículo 218).

Sin embargo, ese tipo de ejercicios, hasta ahora, ha resultado inútil, como seguramente lo será también el de mañana.

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