En aquel entonces se fueron acumulando poco a poco las inconformidades porque los sabinenses no aceptaban del todo el servicio de recolección domiciliaria de basura y barrido de calles, pues además de caro era ineficiente y no satisfacía las expectativas con las que en un principio se alentó y convenció a las autoridades locales de aquel entonces para que haya firmado la concesión.
Para la administración de David Yutani, la carga mensual que representaba el contrato con PASA, llegó un momento en que económicamente fue insostenible ya que se suscribió sin mayores rodeos más que el de dar la concesión.
El ex edil y ex priísta Yutani, que como alcalde de Sabinas llegó por el Partido Convergencia, canceló de la concesión lo que provocó la irritación, malestar y furia del propietario de PASA, Alberto Santos Garza, que de inmediato presentó una querella civil contra el Ayuntamiento de Sabinas.
En esa demanda, Santos Garza exige una indemnización de 30 millones de pesos por la decisión de las autoridades que le cancelaron el contrato, continuando hasta el momento, es decir desde hace poco más de cinco años, el juicio civil en uno de los juzgados del ramo.
La pelea y disputa de si fue o no justa la cancelación y la exigencia de PASA de llevar 30 millones de pesos, más gastos por el juicio, producto de impuestos del pueblo de Sabinas, sigue y es un hecho que aún por algunos años.
La historia, es decir, la actitud belicosa de PASA por conducto de su propietario Alberto Santos Garza, ahora se repite en Torreón, en donde a escasos meses de terminar el contrato de 15 años, el Ayuntamiento de Torreón puso en la mesa de análisis, si es conveniente o no renovar el contrato o buscar opciones más económicas y con la prestación de un mejor y eficiente servicio, ya que el que PASA da a los habitantes de la Perla de La Laguna, es cuestionado duramente.
A través de los últimos dos a tres meses, PASA y el Ayuntamiento de Torreón, se han enfrascado en dimes y diretes, pues la empresa lagunera se resiste a dejar el buen negocio que le ha representado la concesión de 15 años que está por concluir en unos días más.
Alberto Santos Garza, de diferentes formas ha venido realizando su labor de convencimiento desde las bases empresariales hasta en los medios de comunicación para presionar y se le den otros quince años de concesión, mientras que el ayuntamiento torreonense se defiende y realiza estudios para tomar la mejor opción para la ciudadanía que a final de cuentas será de sus impuestos de donde saldrá para pagar el servicio de recolección domiciliaria de basura si es que se refrenda el contrato.
Se han registrado en diferentes momentos de este proceso, berrinches de Alberto Santos Garza, como actitudes envalentonadas y de defensa del alcalde torreonense, José Ángel Pérez, quien no sólo tiene que soportar los desplantes del regiomontano de PASA, sino la influencia que pretende emplear un grupo de empresarios con los que Santos Garza ha hecho ciertas relaciones.
Por otra parte, se vislumbra para un futuro cercano, conflicto similar con el Ayuntamiento de Ciudad Acuña, cuyo cabildo busca a toda costa zafarse de la concesión que a PASA le dieron autoridades del pasado y cuyo costo mensual es muy alto para el presupuesto del municipio fronterizo. Los primeros escarceos entre autoridades acuñenses y PASA, dejan entrever que habrá más lucha belicosa por parte de Promotora Ambiental, S.A.
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