La descripción descarnada, brutal, en números, de la trata de blancas en México, irrumpió como un trueno en los territorios del Senado de la República. “La trata de personas”, decía en la tribuna el senador panista Guillermo Tamborrel Suárez, “sin duda viene a ser un reflejo de la barbarie en la que puede caer el ser humano”.

Martes 7, febrero del 2012. La sucesión presidencial relampagueaba en la Cámara de Diputados y en el Senado, convertidos sus pasillos, patios y salas de conferencias en virtuales ollas de grillos.

Pero este tema, conocido también como la expresión más acabada de la esclavitud humana, se metió por los intersticios del Pleno senatorial, y, a la distancia, sacudía a la Cámara de Diputados, que desde hace un año –denunciaba Tamborrel– tiene detenida una propuesta de reforma para combatir la trata de blancas.

“En el Senado –apostillaba el senador– tuvimos a bien aprobar una nueva Ley Federal contra la Trata de Personas. Desde esta tribuna también hemos exhortado innumerables veces a las legislaturas de los estados para que avancen en este tema. Y es por ello que les quiero recordar que nosotros mismos también aprobamos una reforma constitucional a los artículos 19, 20 y 73, adonde se garantiza el anonimato de las víctimas, sobre todo cuando se trata de menores de edad; garantizamos también el que este delito fuese catalogado como un delito grave y cupiese en figuras como el arraigo, y nos facultamos en el Artículo 73 constitucional legislar sobre esta materia. Y esta facultad, que desde mi punto de vista se convierte en una obligación, no ha sido cumplida, porque el Congreso de la Unión no ha avanzado en este tema”.

Hacía un instante, Tamborrel hubo dicho: “Es difícil tratar este tema en un tiempo tan corto, pero baste señalar que, sin duda, la trata de personas es, por un lado, la esclavitud del siglo 21, y que honestamente no se me ocurre una acción más abominable que ésta”.

Tema por antonomasia de gran repercusión social, fue tocado ayer por el Pleno senatorial apenas de refilón, cuando el senador perredista Silvano Aureoles Conejo presentaba un punto de acuerdo para que se exhortara al presidente Felipe Calderón Hinojosa a informar sobre las medidas que su gobierno ha implementado para prevenir el delito de la trata de personas.

Silvano, de entrada, recordaba al Pleno que este delito es “uno de los negocios ilícitos más rentables en el mundo, apenas comparado con el narcotráfico y el tráfico de armas”.

Y fue cuando se puso a citas cifras: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos asegura que la trata de personas arroja ganancias por 32 mil millones de dólares al año. Y su repunte ha sido escandaloso en países con crisis económicas, sociales y raciales recurrentes.

Unas 2 millones y medio de personas “son captadas cada año para este fin”, insistía Silvano. “En México”, remachaba el senador, “las cifras que se conocen no son nada halagadoras, dado que sigue siendo un fenómeno que lacera física y mentalmente a miles de personas, sobre todo de niñas y niños”.

Silvano Aureoles continuó: “De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 16 mil menores de edad se encuentran en México sujetos por diversas causas a este fenómeno, sobre todo por razones de pobreza, de marginación, desempleo, ignorancia, desintegración familiar, violencia doméstica, desigualdad y adicciones; y si a esto le sumamos las redes del crimen organizado, que valiéndose de la vulnerabilidad de los menores que son fácilmente presa de este fenómeno, los captan para explotarlos sexualmente”.

Entonces el senador perredista recordaba al Pleno que México, aun con todo y sus 47 tratados internacionales en derechos humanos que ha firmado, y con tres que se relacionan directamente con el delito de trata de personas, no ha podido erradicar esta práctica.

Citaba algunos de ellos: la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, del 15 de noviembre de 2000; El Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, protocolos de Palermo, del 15 de noviembre de 2000 y que en México entró en vigor el 28 de enero de 2004.

Siguió citando tratados; pero lo contundente lo fue a decir a la tribuna el senador Tamborrel, cuando dijo que hay materia legislativa para robustecer las leyes que combaten a la trata de blancas en México, pero que están detenidas en la Cámara de Diputados.
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