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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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13 Octubre 2017 04:00:00
Falta de certeza: lo único cierto
El Artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone que en las constituciones y las leyes en materia electoral deberán garantizar en el ejercicio de la función electoral, los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia.

Dentro del referido principio de certeza se encuentra el relativo al desempeño de la función electoral a cargo de las autoridades correspondientes, principio que consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales, de modo que todos los participantes en el proceso electoral adopten con claridad y seguridad las reglas a que la actuación de las autoridades electorales está sujeta, para lograr resultados incuestionables.

Para ser más claro: el principio de certeza señala que su significado radica en que la acción o acciones que se efectúen, por parte de la autoridad electoral, deben ser del todo reales y apegadas a los hechos, esto es, que el resultado de los procesos electorales sea completamente verificable, fidedigno y confiable.

Es evidente la falta de dicho principio rector en los comicios pasados en nuestro estado, lo que ha permitido que la incertidumbre sobre nuestro futuro político sea la que hoy prevalezca, lo incierto respecto a los resultados finales de la elección vívida en este año, concretamente a la realizada para la renovación del Ejecutivo estatal, ha representado el mayor agravio cometido por la autoridad electoral en contra de los coahuilenses.

La única verdad que existe en nuestro estado, hasta el día de hoy lo es que nada de lo que han dicho hasta ahora, quienes se sienten con la suficiente autoridad para opinar, respecto al resultado de la elección de gobernador, es definitivo, ni totalmente cierto, ni el PRI, ni el PAN tienen nada en concreto, que les permita respirar con calma, es más, ni siquiera la propia autoridad electoral es capaz de fijar una postura lo suficientemente clara, como para considerar que tiene el control del resultado.

El revés dado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al Instituto Nacional Electoral, en el cual el primero descontó más de un millón de pesos al análisis de fiscalización de gastos de campaña realizado por el INE, a la campaña del candidato del PRI, en nada resuelve el conflicto de fondo.

Por el contrario: al no validar el TEPJF, el análisis de fiscalización del INE permite a éste último replantearlo, presentar uno nuevo, con las recomendaciones del Tribunal Electoral e insistir en el rebase en los gastos de campaña, para poner nuevamente a la elección en la incertidumbre, incluso, el INE podrá reforzar sus argumentos sí a dicho análisis de gastos, incluye las quejas que estaban pendientes de resolver y que ha venido conociendo. Esta nueva versión del dictamen podrá ser nuevamente impugnada, y el Tribunal tendrá que volver a pronunciarse.

Entonces, es innegable que las autoridades electorales, locales y nacionales fallaron, y de lo único que los coahuilenses podemos conocer con certeza, es que a nuestro proceso eleccionario le robaron la certeza y que la negación sistemática de los responsables para reconocer sus errores y omisiones sólo nos anuncia un proceso electoral 2018, con las mismas precariedades, es decir, carente de toda legalidad, y lo peor: con los mismos responsables.

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