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ComentarCuando otros países enfrentan grandes crisis, eventos catastróficos que ponen en riesgo la estabilidad, la gobernabilidad o incluso la viabilidad de la nación, esto se vuelve un catalizador que une a los diferentes factores de poder y opinión para buscar soluciones. En el caso de México, esto simple y llanamente no ha sucedido. Al contrario, hoy más que nunca, sorprende la fricción y la falta de diálogo entre todos los actores políticos, además de la falta de participación ciudadana; por lo que no nos debe de sorprender la falta de soluciones.
Tal vez, lo que va a suceder es que se requiere que la situación se degrade aún más (esto seguramente va a suceder) en donde los índices de asesinatos, secuestros, extorsiones, robo de autos con mano armada, y violaciones seguirán incrementando.
Parte fundamental del problema de la seguridad en México es que no hay un sistema de justicia penal que pueda detener, investigar, procesar, juzgar y encarcelar a delincuentes. Cualquier tipo de delincuente. Las estadísticas son contundentes: menos de 1% de los delitos cometidos son castigados. La probabilidad de que un acusado llegue ante la autoridad judicial es 3.3% del total de los delitos denunciados. Estamos hablando de más de 96.7% de impunidad. Estos son datos de estudios recientes. No debería de sorprendernos que estas cifras hayan empeorado. El mensaje para la sociedad es que: hay que delinquir, ya que en este país no te va a pasar nada.
En junio de 2008 se aprobó una reforma constitucional que pretende darle un giro de 180 grados a la impartición de justicia en materia penal en nuestro país. Una parte de esta reforma, aquella relacionada con las medidas para combatir la delincuencia organizada está entrando en vigor según se vayan promulgando las distintas leyes secundarias, pero otra parte muy importante, la que establece en México el sistema acusatorio, irá entrando en vigor en la medida en la que cada estado del país lleve a cabo reformas legales de fondo y las implemente dentro de un plazo que no exceda los ocho años, es decir, el 2016. La reforma crea todo un nuevo sistema de impartición de justicia y la “pelota” está en cada una de las legislaturas, gobiernos estatales y federales en lo que respecta a su instrumentación.
El sistema acusatorio de justicia penal, que se debe de implementar por parte de los estados en base a las reformas constitucionales, implica una nueva forma de llevar a cabo todo el proceso, con métodos precisos para investigar los delitos, distintos esquemas para la defensa de los acusados, una mayor atención y respeto por las víctimas, una nueva forma de llevar los casos penales, así como esquemas muy diferentes en lo que respecta a la presentación, admisión y evaluación de las pruebas. Lo más importante tal vez sea que se parte de una presunción de inocencia, es decir, se tiene que comprobar que el acusado es culpable del delito y no lo contrario.
Una característica fundamental de este sistema es la oralidad en el proceso penal, esto quiere decir que todas las etapas que integren dicho proceso tienen que ser elaboradas de forma oral y todo el expediente que se forme a partir del caso tendrá que ser presentado oralmente ante un juez o un tribunal de jueces.
¿Es esta reforma prioridad para el gobierno federal, los estados y sus respectivas legislaturas? No lo es. Y el tiempo se les está acabando. Pero más allá de las exigencias constitucionales es que sin reformar a fondo el sistema de justicia penal del país, no importa cuántos soldados, policías, y armas se pongan en la calle, la mayoría de los delincuentes saldrán libres. Ya que en este país, no pasa nada.
Analista política
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