Vicente Fox es un hombre al que no le preocupan las formas, lo que pueda o no resultar políticamente correcto, y mucho menos el daño que puedan provocar sus afirmaciones a la actual administración federal. Por eso no tiene mayor problema en asegurar que, “según los dados y los datos”, el PRI va a regresar a Los Pinos, y que precisamente por eso los del tricolor deberían ser los más interesados en componer al país. Si van a gobernar, qué mejor que no hacerlo sobre ruinas. Pero no sólo eso, es especialmente crítico sobre el desempeño de su sucesor, a quien le envía un mensaje: “Al narco no se le puede terminar, hay que administrarlo; yo, en lo personal, tengo claro que violencia no resuelve violencia, por eso mi posición ha sido que se debe retirar al Ejército cuanto antes de esta lucha”. Y aún más, el ex presidente hace afirmaciones que dibujan un escenario dramático: “La violencia nos está desgastando y destruyendo como país, está destruyendo la libertad de expresión, estamos teniendo que controlar teléfonos, que controlar placas; estamos teniendo que grabar conversaciones de todo mundo, estamos caminando hacia un Estado muy complicado”. A Calderón le recomienda seguir reglas básicas, como que “tú no puedes llegar a un Estado de derecho violando derechos humanos y violando el debido proceso jurídico”. Así de contundente. Habrá que esperar, por los términos y el tono, la respuesta del aludido.

Dicen que la vida todo cobra y nada olvida, y eso precisamente parece estarle ocurriendo a Amalia García, la ex gobernadora de Zacatecas. Seis meses después de asumir el cargo, en septiembre de 2004, la perredista evidenció la ruptura con su antecesor Ricardo Monreal, y lo acusó de desfalcar al estado por más de 740 millones de pesos. Seis años después, la ex mandataria es acusada de heredar adeudos por alrededor de 2 mil 40 millones de pesos y de girar cheques sin fondos, además de dejar de pagar Infonavit e IMSS, con pagos pendientes por 18 millones y 106 millones 965 mil pesos, respectivamente. Y todavía hay más: resulta que el contralor interno del estado, Guillermo Guizar, es precisamente uno de aquellos expulsados del PRD justo cuando suspendieron al senador Monreal de sus derechos políticos. Llegó la hora de cobrar facturas y el nuevo contralor ya sentenció que se va a investigar a fondo y que se aplicará todo el peso de la ley a quien resulte responsable, “caiga quien caiga”.

La diputada Marcela Guerra, del PRI, pidió al secretario de Gobernación, Francisco Blake, durante su comparecencia, una opinión sobre “la violación a la Constitución por parte del titular del Ejecutivo federal, al hacer publicidad durante los comicios locales de julio pasado”. Fue en la cuarta de cinco rondas —seis horas después de la solicitud— que el funcionario comentó que la ley electoral que limita la publicidad debe ser perfeccionada. Ya en la quinta ronda aseguró que cuando el presidente Felipe Calderón salió en cadena nacional lo hizo con mensajes necesarios, lo que no dejó satisfechos a los priístas. Finalmente el asunto no pasó a mayores.

Apunte final:Ayer se registró otro caso de “justicia ciudadana” en Chihuahua. Un hombre ingresó a una casa habitación e intentó violar a una mujer. La hija de la víctima corrió a pedir ayuda. Un vecino respondió de inmediato y mató a balazos al agresor. Los vecinos asumieron de inmediato un rol de Fuenteovejuna. ¿Quién fue?... Quién sabe. La procuradora del estado salió por la tarde a enviar el mensaje que los ciudadanos estaban esperando: “No es delito quien mate por defender su patrimonio o vida. La autoridad no lo detendrá porque cae en el modelo de legítima defensa”. La declaración es polémica, sobre todo si se adiciona con un “el domicilio es santo, por eso a quien mate en legítima defensa la ley lo defenderá”. Es la vida y la muerte en las trincheras donde se libra la narcoguerra.

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