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Jorge Castañeda
Jorge Castañeda
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12 Enero 2018 04:00:00
Fuerza Civil en Nuevo León: ¿modelo para armar?
En días recientes ha surgido un minidebate en Monterrey y en The New York Times sobre el auge y la caída de Fuerza Civil, la policía estatal neoleonesa creada por el entonces gobernador Rodrigo Medina en 2011. El actual gobernador, Jaime Rodríguez, ha respondido con estridencia y coraje a los reportajes del rotativo neoyorquino, y en particular a una persona allí ampliamente citada: Jorge Tello Peón. Algunos lectores recordarán que fue Subsecretario de Gobernación encargado de seguridad nacional bajo Ernesto Zedillo; posteriormente fue contratado por Cemex, donde ocupó una vicepresidencia durante varios años. Según el Times, de alguna manera condujo el proceso de creación y lanzamiento de Fuerza Civil, por cuenta del Gobierno del Estado y del empresariado regiomontano.

“El Bronco” trató a Tello de “empleado” de Medina y le reclamó sus afirmaciones. En una palabra, Tello responsabilizó a “El Bronco” de haber destruido Fuerza Civil por desidia y motivos políticos, y concluyó que ya no quedaba nada de ese proyecto que había sido tan exitoso. Hasta allí la discusión: “Destruyeron todo”, dijo Tello.

Desde luego que Jorge Tello realizó una labor titánica en Nuevo León, que trajo resultados a un plazo relativamente corto. Y en efecto, poco permanece de ese esfuerzo, en el cual el papel de Lorenzo Zambrano fue decisivo. Muchos vieron a Fuerza Civil como un modelo para el resto del país; si su fracaso se debe exclusivamente a la llegada y el descuido o la ineptitud del “Bronco”, puede seguirlo siendo. Pero es posible que el problema encierre otras aristas.

Fuerza Civil se caracterizó, si recuerdo bien, por cuatro características en alguna medida inéditas para una policía estatal. En primer lugar, el número de sus efectivos: debía alcanzar, al terminar el período de Medina, casi 15 mil efectivos. Esta cifra, para una población estatal de aproximadamente 5 millones de habitantes, llevaría la proporción de policías estatales por habitante a una magnitud superior a la de cualquier entidad, con la excepción –a medias– de la CDMX. Si no me equivoco, al salir Medina del Gobierno, el número logrado fue 4 mil 500 elementos, la tercera parte de lo programado.

En segundo lugar, había que pagarle bien a dichos efectivos. Se pensó en un sueldo base de 14 mil pesos al mes, que junto con prestaciones equivalía a casi 20 mil –nada mal, en comparación con otros estados. Se alcanzó esta meta, más o menos: para un número muy inferior de efectivos, por menos tiempo, y sin que se materializaran tan pronto muchas de las prestaciones.

Sobre todo, resultó que la mayoría de los reclutas provenían de otros estados de la República. Ni siquiera con esos sueldos pudieron contratar a una cantidad suficiente de neoloneses.

En tercer lugar, la formación debía constituir un pilar del empeño: 6 meses de academia de policía, complementados por el programa Sinergia de formación continua o mantenimiento de los efectivos.

De nuevo, una meta loable, pero al tratarse de reclutas de estados del sur del país, el nivel educativo y hasta físico de los cadetes no era comparable con el de los reclutas locales en potencia. No bastó el semestre de entrenamiento.

Por último, y esto es lo más grave, buena parte del gasto de lanzamiento y del primer año de sueldos, etc. (digamos el 2012), fue asumida por la iniciativa privada de Monterrey, a través de una especie de impuesto temporal y extraordinario, a la mexicana: informal, pero eficaz. Los impuestos especiales de guerra son comunes en muchos países, y el empresariado regio consideraba que su estado se encontraba en guerra. El problema surgió al concluir el periodo especial: ¿de dónde vendrían los recursos para seguir adelante?

He aquí el gran reto de Fuerza Civil. Crear una policía estatal de primer mundo (CHIPS, simpáticos; Texas Rangers, odiosos) requiere de una estructura fiscal de primer mundo. Alguien tiene que pagar. En Nuevo León, a diferencia de California, no existe un impuesto estatal (en California hay el equivalente de un IVA de 8% y un ISR estatal, también de 8). Ninguna entidad federativa en México posee dinero propio (Chihuahua, la que más). Todo viene de la Federación.

Existirían dos soluciones alternativas: “estadualizar” parcialmente el predial, arrebatándole parte a los municipios, o federalizar el costo de policías estatales de las dimensiones, ambiciones y costo de Fuerza Civil. Es decir, que el gasto destinado a los integrantes comisionados a San Pedro Garza García, por ejemplo, se financiara de una bolsa fiscal nacional que se nutre de los impuestos de todos los mexicanos –IVA, ISR, IEPES, etc. En otras palabras, que una parte de los impuestos que pagan los chiapanecos y oaxaqueños se canalice a pagar los sueldos de la policía del municipio más rico del país. A ver quién es el valiente que propone eso.

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