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Comentar»Recompra Santander 24.9% de su filial aquí a Bank of America en 2,500 mdd; afianzadoras por detener en SFP reglamento que reduce garantías en obras públicas en pro de Pymes; Comerci prepaga y Nafin e IXE mantienen líneas
ES PÚBLICA LA problemática interaccionista en el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), situación que la semana pasada propició que la BMV de Luis Téllez suspendiera su cotización.
Como le adelanté Demetrio Ullastres de Abertis, se hizo de la presidencia sustituyendo a Laura Diez Barroso, parte de los empresarios mexicanos dueños de una tercera parte del 15% del paquete de control.
Previamente la firma aeroportuaria había removido como consejeros independientes a Francisco Javier Fernández Carbajal, José Manuel Rincón Gallardo, Alfonso Pasquel, Sergio Paliza, Ernesto Vega, Henry Davis y Francisco Glennie.
Más tarde, sólo quedarían al margen Pasquel, Paliza y Davis identificados con una posición crítica a la administración de la compañía que dirige Jorge Sales y sobre todo por empujar una revisión de los estatutos.
Vía el comité de auditoría a cargo de Rincón Gallardo se hizo una consulta a la CNBV, quien coincidió en que los mismos no se ajustan a la ley.
El documento de la CNBV con fecha 20 de abril fue suscrito por Carlos Quevedo López, vicepresidente de supervisión bursátil y Jorge González García, vicepresidente jurídico.
GAP en un consejo del 2 de junio y cuya validez jurídica cuestionan los mexicanos, nombró un nuevo consejo independiente y dio entrada a León Falic, Jaime Cortés Rocha y Carlos Bravo.
Se mantuvieron Francisco Glennie, Rincón Gallardo, Vega y Fernández Carbajal.
El punto es que las diferencias y los movimientos corporativos ya han motivado acciones legales en los tribunales, por lo que la circunstancia de GAP es complicada.
GAP maneja 12 aeropuertos entre ellos Guadalajara, Tijuana, Los Cabos, Puerto Vallarta.
Su problemática es importante porque el 85% de su capital está diluido entre inversionistas del mundo.
En el 15% de control están las españolas Abertis y Aena, así como Diez Barroso Azcárraga, Eduardo Sánchez Navarro y Carlos Laviada.
La CNBV de Guillermo Babatz evalúa ya su problemática. Se sabe que la intención gubernamental es restablecer la cotización lo más pronto posible, por lo que no necesariamente se cumplirían los 60 días.
La prioridad es garantizar al público una adecuada información de las posiciones que tienen las dos partes en conflicto.
No es descartable que como paso previo al regreso de GAP al mercado, se le exija un balance pormenorizado de los movimientos corporativos realizados y los argumentos de mexicanos y españoles.
GAP pudiera ser sancionado si se determina que incurrió en fallas en la revelación de información y también por otras violaciones a la Ley del Mercado de Valores.
Sin embargo en el tema de las irregularidades corporativas en que haya incurrido GAP y la posible afectación a accionistas e inversionistas es un asunto que decidirán los tribunales, ya que conforme a la legislación esto queda fuera de las atribuciones de CNBV.
En ese sentido es probable que la acción pudiera volverse a cotizar en medio de las disputas, y los inversionistas, ya con información, sean los que ponderen el riesgo con relación a esa emisora.
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LA NOTICIA ES que Banco de Santander de Emilio Botín cerró el acuerdo para adquirir el 24.9% que el Bank of America tenía en Santander México que dirige Marcos Martínez. El precio se estableció en 2 mil 500 millones de dólares y se pagará en 90 días. Con ello Santander tendrá el 99.9% de su filial aquí. Vale señalar que Bank of America pagó mil 600 millones de dólares por ese paquete en 2003. Parece que lo que empujó la transacción fueron las necesidades de recursos que tiene ese banco estadounidense.
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A FINALES DEL mes Cofemer de Alfonso Carballo emitió su dictamen del anteproyecto para la nueva Ley de Seguros y Fianzas. En breve el documento deberá estar en el Congreso para su aprobación. La discusión sin embargo tuvo sus bemoles, dada la amenaza para las afianzadoras de los nuevos seguros de caución, figura que se manejará sin garantía por aseguradoras y esas instituciones. Se cree que en última instancia ese producto se adecuará a las necesidades del mercado. Pero ahora ese negocio integrado por 14 compañías agrupadas en Afianza que preside Enrique Murguía, tiene otro desafío que es el reglamento para la nueva Ley de Adquisiciones y Obra Pública aprobada en 2009. Ya hay una propuesta de la SFP a cargo de Salvador Vega que se discute en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer). La misma ajustaría el tamaño de las garantías con la intención de abaratar el producto para las Pymes. Hay alarma entre las afianzadoras ya que los ajustes de ese tipo deberían provenir del mercado, amén de que se corre el riesgo de premiar al incumplido en detrimento de los mejores clientes. Ayer Murguía Pozzi junto con su vicepresidente Adolfo Christlieb a la sazón cabeza de Fianzas Monterrey, plantearon el tema al propio Vega Casillas para tratar de detener lo que se considera es una aberración. La firma más influyente en el negocio de fianzas del país es Insurgentes de Murguía Pozzi con 25% del mercado, seguida de Fianzas Monterrey con 24%, Fianzas Sofimex de Armando Rodríguez 19%, Inbursa de Marco Antonio Slim 12%, Primero Fianzas de Othón Ruiz Montemayor 7% y Chubb que dirige Juan Segura 5%. El tamaño de las primas de fianzas es de 6 mil millones de pesos al año y por sus riesgos directos se está en 384 mil millones de pesos, 14 por ciento del Producto Interno Bruto. Las fianzas son nodales para garantizar que la obra pública y privada se ejecute en los términos convenidos, lo mismo que la proveeduría de algunos artículos en las empresas. De ahí los riesgos de que prospere la idea de disminuir por decreto el tamaño de las garantías para supuestamente estimular a las Pymes.
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LUEGO DE CONCRETAR hace unos días la reestructura con sus acreedores, fíjese que Comercial Mexicana que encabeza Carlos González Zabalegui acaba de prepagar un par de créditos que contrató en noviembre del 2008 y que fueron básicos para estabilizar su liquidez frente a sus proveedores. Uno fue con Nacional Financiera de Héctor Rangel por mil millones de pesos y el otro con IXE de Enrique Castillo Sánchez-Mejorada por 327 millones de pesos. Lo interesante es que el banco de desarrollo decidió mantener la línea de factoraje por mil 800 millones de pesos para que los clientes de la tienda de autoservicios puedan descontar facturas, al tiempo que IXE mantendrá una línea crediticia por 400 millones de pesos por si se requiere.
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