Gasto público y combate al crimen

Casi medio billón en cuatro años; no hay presupuesto que aguante

A más tardar el próximo lunes deberá quedar aprobado el presupuesto de egresos de la federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2011. Así lo determina la ley respectiva, aunque los creativos diputados inventaron, con la decidida participación de Beatriz Paredes allá por 2002, lo que llaman reloj legislativo” (detener o reiniciar el tiempo de los mortales de acuerdo con sus necesidades) que manipulan a placer para, según ellos, cumplir con el respectivo marco legal, aunque sea 48 horas después, como sucedió en noviembre del año pasado.

También como todos los años el presidente en turno de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados (en esta ocasión el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín) afirma que se cumplirá en tiempo y forma en lo que al presupuesto 2011 se refiere, y que ningún puente vacacional, como el que se aproxima, “impedirá los trabajos legislativos”, lo que no quiere decir que los inquilinos de San Lázaro sacrifiquen el citado puente, toda vez que según ellos aprobarían el PEF para el próximo año el viernes entrante, a más tardar.

Entre las novedades en torno al armado del PEF para el próximo año, ayer la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados “avaló un aumento de 13 mil 300 millones de pesos en el presupuesto 2011 de la Secretaría de la Defensa Nacional para comprar armamento y contratar a 10 mil nuevos elementos” (El Universal). Así, de aprobarse, tal presupuesto superaría los 64 mil millones de pesos, un monto ciento por ciento superior al autorizado para esta dependencia en el primer año de calderonato.

En efecto, a lo largo de la estancia de Felipe Calderón en Los Pinos, el presupuesto público para el conjunto de instituciones que participan en primera línea en el autodenominado combate al crimen organizado (las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública Federal, más la Procuraduría General de la República) ha crecido como la espuma, al mismo ritmo de muertes asociadas a esta actividad. A tal grado que de 2007 a 2011 por cada peso destinado a la Secretaría de Desarrollo Social el gobierno calderonista habrá canalizado un peso con 55 centavos al susodicho aparato de seguridad, como le llaman, es decir, que las erogaciones por este último concepto se han incrementado 55% por arriba de las destinadas a la Sedesol.

Así, de 2007 a 2011 el presupuesto conjunto de la Sedena, Semar, SSPF y PGR (incluido el concepto de previsiones salariales y económicas (que incluye incremento en las percepciones y creación de plazas) acumula 485 mil 778.93 millones de pesos (contra 313 mil 212.1 millones de la Secretaría de Desarrollo Social, una diferencia de 55% favorable al primer paquete de instituciones), de tal suerte que en el balance y en el lúgubre juego de los promedios cada muerto (de los 30 mil que oficialmente se reconocen) en el “combate al crimen organizado” le ha costado a la nación cerca de 16.2 millones de pesos, todo un récord internacional en la historia de las guerras, con el agravante de que en otras partes del planeta éstas se ganan.

Sin considerar las 10 mil nuevas plazas que, aparentemente, autorizaría el Congreso para 2011, la Sedena cuenta con 207 mil 794 elementos (información del Presupuesto de Egresos de la Federación para ese año); la Semar con 57 mil 656; la SSPF con 54 mil 69, y la Procuraduría General de la República con 25 mil 951, es decir, un total de 345 mil 470 personas dedicadas a los menesteres descritos líneas arriba. La Secretaría de Desarrollo Social apenas si reúne a 17 mil, aunque también tiene sus logros (6 millones adicionales de pobres entre 2007 y 2008; faltan los números del “catarrito”).

Nominalmente, el presupuesto destinado a la Secretaría de la Defensa Nacional se ha incrementado 100% de 2007 a 2011 (si se aprueban los citados 13 mil 100 millones, y todo indica que así será); 67% el de la Marina; 162% el de la SSPF y 31% el de la Procuraduría General de la República.

Para 2011 la propuesta del inquilino de Los Pinos es que el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social sea inferior, en términos nominales y reales, al ejercido en 2010.

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