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ComentarLa maniobra fue de primer grado. Tras el severo señalamiento de los perredistas, el personaje –abyecto por más de una razón-, se querelló en contra de diputados y senadores perredistas lo mismo que respecto al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en vías de ser declarado electo como jefe de gobierno defeño, conminándolos a presentar pruebas o en su caso, a responder por “daño moral” ante los tribunales una vez que fueran desaforados para ello. Esto es: Tuvieran o no razón, requerirían separarse de sus funciones, o no acceder a ellas en el caso de Cárdenas, para encarar el procedimiento judicial. Y fue el caso, claro, de que ninguno de los acusadores optó por la dignidad sino, por el contrario, vindicaron la negociación, esto es a cambio de no proceder contra Córdoba, para mantener fueros o no ver entorpecida, en cuanto al hijo del Tata, su asunción al poder metropolitano. Desde luego, dada la no retroactividad en la materia, el sujeto habilidoso, al amparo de las interpretaciones sesgadas, acabó por eludir -en apariencia de manera definitiva- cuanto le comprometía –más bien compromete- con el torvo escenario de Lomas Taurinas.
Cuando Germán Martínez Cázares se instaló en la Secretaría de la Función Pública –diciembre de 2006-, apenas se dio tiempo para señalar a Manuel Bartlett, luego de aguantar un chaparrón de improperios de éste, como uno de los políticos más represores del México contemporáneo e incluso autor intelectual del asesinato del columnista Manuel Buendía en 1984. (Quien esto escribe, con testimonios de primera mano, está convencido de la responsabilidad de Bartlett en el suceso referido incluso porque, quien fue acusado como autor intelectual del mismo, José Antonio Zorrilla -confinado desde hace más de veinte años en distintas prisiones-, le involucró en su declaración ministerial aun cuando ésta no dio lugar a seguimiento judicial alguno contraviniéndose así la supuesta imparcialidad de la administración de la justicia).
Bartlett, al igual que Córdoba, reaccionó envalentonado y midiendo la proverbial cobardía de los funcionarios actuales. Se dijo ofendido, demandó la presentación de pruebas y presentó, a su vez, una denuncia contra el apocado Martínez, exigiéndole retractarse. Y éste, en vez de proceder en forma, arguyó que por su fuero constitucional no podía ser siquiera perseguido por la vía penal. Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia dio razón a Bartlett arguyendo que no existe tal inmunidad para inhibir las actuaciones judiciales y que, por ende, el señalado debe responder, más ahora cuando cesó en su encargo ministerial y más parece un rastrojo de hojas muertas al pie de Los Pinos.
Es muy importante subrayar, para evitar falsedades, que la Corte no exculpó a Bartlett sino validó su derecho a querellarse contra un funcionario. Esto es: como no hay denuncia específica contra el personaje respecto a la represión evidente del sexenio delamadridiano y, en concreto, sobre el asesinato de Buendía, el asunto se centró en lo secundario: la capacidad de todo individuo para denunciar a quienes ejercen cargos públicos y no se ciernen a los mecanismos ni procesos para hacer valer la ley. Martínez Cázares, sencillamente, incumplió fatalmente este principio.
No se olvide, abundando en el tema, que cuantos forman gobierno tienen un deber fundamental si cuentan con elementos para asegurar que se ha cometido un delito: proceder en contra de los responsables sin importar jerarquías ni circunstancias políticas. Si no lo hace incurren en una falta que puede llevarlos a la destitución e incluso a ser inhabilitados para ejercer puestos públicos. Y es esta conducta, sin duda, la que delinea la posición de la Corte.
El temor a sacudir a las viejas mafias, colocó al pobre de Don Germán ante la picota, pasando de acusador a acusado, dejándole la iniciativa a uno de los más siniestros políticos de nuestra era, cien veces señalado por sus actos represivos y convertido ahora en izquierdista farsante listo a subirse a los templetes a los que lo llamen. Y se da el lujo, apostando por la amnesia del colectivo, a marchar brazo con brazo con quienes se dicen herederos de cuantos fueron afrentados por él cuando fungía como secretario de Gobernación sumando cadáveres de líderes de opinión –sobre todo pertenecientes al Frente Democrático Nacional, antecesor del PRD- y periodistas amargamente silenciados bajo la más vergonzosa impunidad.
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