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La diferencia entre un funcionario mediocre y otro visionario se encuentra en su perspectiva de futuro. Para el primero sólo cuenta el presente y justifica navegar apoyándose en las circunstancias; el segundo, en cambio, construye escenarios y alternativas factibles intentando adelantarse a su época para ganarla. Ya hemos dicho que durante la administración anterior, la de la parejita presidencial, la estrategia fue la de dejar pasar el tiempo, perdiéndolo, para evitar así confrontaciones peligrosas. Por ello, claro, sobrevino la claudicación sin que el entonces mandatario se animara siquiera a buscar la manera de hacer viable un gobierno con un Congreso mayoritariamente opositor; optó, para infortunio general, por el juego de las descalificaciones sin alterar las condiciones. Seguimos pagando los costos.

Felipe Calderón está ahora ante una nueva coyuntura. Acaso su régimen se ha caracterizado por ello desde su origen cuestionado y su asunción a la Primera Magistratura a trompicones. Pesa el presente y no se avizora el porvenir. Desde el inicio apostó por la estabilidad financiera –como lo hacen todos los gobiernos de la actualidad sin importar tendencias ideológicas en un mundo globalizado-, creyéndose a salvo, por disciplinado ante el gran poder universal, de cualquier barrunto de tormenta. Esto es: no percibió que también en cuestiones de Estado se está dando un profundo cambio climático y cada vez es más complejo disimular debilidades y subsanar complicidades ante una opinión pública cada vez menos inmadura y más pensante. Dicho de otra manera: los pretextos circunstanciales no rinden en la actualidad como lo hacían antes cuando la simulación alcanzó su cúspide, digamos en la fase terminal del priísmo hegemónico con el doctor Ernesto Zedillo en uso de la Primera Magistratura.

Fox prometió, en el arranque de su frustrante gestión, una democratización efectiva de la estructura gubernamental; y terminó envuelto por el clamor contra el fraude comicial y la amarga sentencia por la oficiosa intervención presidencial en un proceso electoral viciado. Ni siquiera sus panegiristas, que los hay aunque muy pocos ya, se atreven a negar tales hechos incontrovertibles. Y Calderón inició su andar intentando negociar las reformas inaplazables: la política, que por ahora sólo se ha cernido a algunos aspectos electorales técnicos sin entrar al fondo de las controversias pendientes, y la energética con consensos entre panistas y priístas en la misma línea de la continuidad presidencialista.

Sobre los pobres saldos de la reforma electoral, cuya arista mayor fue la remoción de los antiguos consejeros del Instituto Federal Electoral –misma que al consumarse significó una tremenda condena histórica sobre la actuación de quienes, con torpeza inaudita o calculada suficiencia, ensuciaron escrutinios y resultados restándoles calidad moral a los vencedores-. Sólo eso cuando era imperativo modificar las reglas del juego para no volver a caer en los mismos pantanos. Al respecto, quienes han elogiado el paso dado insisten en que falta la segunda llamada, esto es una reforma política profunda, aun cuando cada día se hace más evidente el escaso interés del gobierno –esto es el Ejecutivo y los legisladores- en promoverla. Más bien apuestan por dejar pasar el tiempo, dilapidándolo.

Y claro, siguen en espera las posibles soluciones para paliar la crispación de 2006, hija de la polarización y el sectarismo. Está entrampada la iniciativa para posibilitar una segunda vuelta electoral destinada a determinar el aval mayoritario, rescatando de esta manera a la pluralidad de las minorías que, en conjunto, tienen capacidad para entrampar el quehacer gubernativo. En lamisca línea se encuentran la propuestas para reducir los escenarios legislativos –agigantados por las concesiones oficiales a los partidos en compensación de las posiciones falsamente “mayoritarias” arrebatadas a mansalva a las oposiciones durante largos lustros-, cuya ineficacia, en buena medida por el número excesivo de parlamentarios inútiles, desborda los intentos de diálogo y, por consiguiente, de acuerdos sustantivos basados en la defensa y aseguramiento de los intereses colectivos. Perdemos el tiempo todos.

Tres años y tres meses después del inicio del régimen federal en curso los vicios se repiten y la negligencia continúa. Esto es como, si de nueva cuenta, se apostara a sostener el estado de cosas, librándolo de las perversidades de la crítica -¡ay, el círculo negro!-, mientras nos rebasan, en los planos internacionales, por la izquierda y también por la derecha.
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