Los políticos mexicanos, quienes se precian de ser los mejores intérpretes de la ley, esto es con una excepcional capacidad para adaptar las reglas a las circunstancias y las consignas, solían repetir, acaso todavía lo hacen, una sentencia lapidaria para justificar los rezagos y las llamadas “lagunas” jurídicas.
--Primero el hecho y después el derecho.

Con ello se confirma una de las condiciones fundamentales para acompañar, desde las fuentes del poder, a la dinámica social. Pero también se extienden los valores entendidos tales como la “tolerancia” hacia conductas y posturas contrarias al espíritu de la ley, pero convenientes en los espacios políticos. Tal se evidenció, por ejemplo, en el largo periodo en el cual las relaciones entre la Iglesia y el Estado mexicano debieron darse de manera soterrada por la exaltación de la clandestinidad jurídica a la que se condenó a la primera hasta 1993 cuando comenzó la espiral de la barbarie –esto es con el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en Guadalajara-, y se privilegiaron las negociaciones.

Fue evidente, a lo largo del malhadado sexenio anterior, marcado por la exultante demagogia –en el más alto nivel de la historia patria lo que es decir-, que los hechos sucintos no se vieron confirmados en el derecho. Al contrario, una y otra vez se utilizó la teoría de la rigidez jurídica, que en esencia sólo debiera derivar de los mandatos constitucionales, para justificar las resistencias de la clase gobernante por impulsar los cambios prometidos durante la sacudida proselitista de 2000. Incluso, en la fase poselectoral, con una nación polarizada y crispada por efecto de los tremendos desencuentros en la cúpula del poder, el argumento central para repeler hasta las protestas cívicas se cernió al pretexto de hacer cumplir la ley, hasta sus últimas consecuencias según repetía la cantaleta.

¿Hacia dónde desembocamos a partir de este punto? Sin duda, las reformas aprobadas en los doce meses anteriores marcan las nuevas pautas, confirmando que la rigidez utilizada en la administración anterior, por ejemplo en el renglón electoral, no fue paralela a la expresión de la justicia y sirvió como parapeto a quienes usaron la parafernalia gubernamental para inducir la voluntad colectiva y hacerla confluir hacia la defensa y sostenimiento de la continuidad política. (Sólo hay una diferencia entre lo sucedido en México, en materia de manipulación colectiva, con las maniobras del venezolano Hugo Chávez para manejar a la masa gobernada de acuerdo a los intereses de la superioridad política con el propósito de convertir a la Constitución vernácula en un despojo de la democracia. En Venezuela se le dijo no al autócrata).

Volviendo al terreno mexicano, es muy claro que la mayor aportación de la administración de Felipe Calderón ha sido haber destrabado, con todas las resistencias heredadas, las interrelaciones entre el Ejecutivo y el Congreso para posibilitar, así se dieran acuerdos soterrados incluso lastimosos –por ejemplo la protección a personajes de la peor calaña exhibidos por sus apetencias incontrolables, tales como el góber precioso de Puebla y el líder priísta en la Cámara baja-, algunas de las transformaciones estructurales, en lo jurídico cuando menos, que confirman la negligencia anterior que no es sólo sino la demostración fehaciente del engaño monumental al que fuimos sometidos los mexicanos mientras los trinos de los jilgueros de la demagogia nos hablaban de cambio.

Con ello se demuestra, además de la sentencia que inicia esta reflexión, otro de los asertos básicos para explicar y justificar las demandas de la ciudadanía: Sobre la ley debe imperar la justicia y no al revés como sucede siempre que la clase gobernante arma sus propios entornos a conveniencia de los grupos dominantes protegidos.
Mirador
Ha sido más que evidente la condena histórica para la administración del señor Fox quien, sin rubor, sigue en su cruzada personal para promoverse a sí mismo. Lo ha hecho, además, sin el menor decoro y asumiendo que los derechos comienzan y terminan en su persona, esto es interpretando la ley a conveniencia como lo hizo a lo largo de su deplorable sexenio y en aprovechamiento de las “lagunas” que posibilitaron, por ejemplo, la exaltación de un cogobierno de facto, ella y él, en medio de los escándalos.

Durante seis años paralizantes, quien desempeñaba la Presidencia pretextó que no podía avanzar en la consumación del cambio propuesto porque el Legislativo hacía las veces de “freno” y detenía, drásticamente además, las buenas intenciones de la administración federal. De allí que, durante los comicios intermedios de 2003, la casa presidencial apostara por una renovación del Congreso ad hoc, esto es retornando al antiguo esquema de la mayoría complaciente para anular el contrapeso que asfixiaba al falso demócrata Fox. No ocurrió así y con ello, el mandatario insolente optó por claudicar vergonzosamente dejando pasar el tiempo, más bien perdiéndolo, envalentonado desde los balcones del presidencialismo autocrático que, desde luego, jamás se extinguió, mucho menos en sus manos. 

De una manera u otra, los nuevos signos legales en el campo electoral, aun cuando no sean retroactivos, demuestran la ausencia de autoridad moral de quienes usaron la parafernalia oficial para parapetarse contra cuanto anunciaron en sus días de exaltación publicitaria, desde el 2000 y antes. Incurrieron, sin duda, en el mayor embuste político del que se tenga memoria y ni por ello son capaces de guardar las formas, siquiera siendo discretos. Los Fox, al contrario, iniciaron la escalada exhibiendo la abundancia de sus haberes rurales acaso con el propósito deformar contrapeso aprovechando las vulnerabilidades del régimen en curso que sigue pagando las facturas. Sólo eso aun cuando se anuncie, con altos decibeles para colmo, el fin de la crisis cuando es claro que el aparato gubernamental se mantiene con las alertas encendidas porque cualquier chispa puede volver a encender el fuego de la protesta general como ya ha sucedido.

No son buenos lauros para tres años de tarea gubernamental. Los damnificados, maltratados de manera recurrente por la ausencia de infraestructura y previsión oficiales, no alcanzan para justificar un año de gobierno cuando se reconoce, menos mal, la persistencia de todos los males, la violencia en primer término, que fueron observados como prioridades en el arranque a empellones de diciembre de 2006.

Polémica
Queda la reflexión sobre los tremendos rezagos heredados por una administración que mintió sobre el cambio prometido. Ni una sola reforma estructural, ni la menor modificación de los proyectos económicos –cuando tuvo al alcance la posibilidad de cubrir la deuda externa para librar a la nación de una carga inmoral y aviesa-, ni una pizca de voluntad democrática para hacer evolucionar la vida institucional del país hacia la vía parlamentaria, único escenario en el que será posible contrarrestar la autocracia presidencial. Nada, sencillamente.

¿No valdría la pena analizar el contexto para que, siquiera, no se tenga la impresión de que la figura relevante del presente sigue siendo, por su capacidad para ganar notas y proyectarse, el ex presidente más demagogo, mentiroso e infecundo de la historia? Insisto, el señor Calderón, con todas las limitaciones que quiera reconocérsele, avanzó algo, cuando menos en el terreno jurídico insisto, para intentar destrabar los candados de la ingobernabilidad cuyas llaves no le fueron dadas por su antecesor.
Desde luego los lastres son tantos que falta mucho terreno por andar. La reforma integral del Estado, por ejemplo, que marque de manera definitiva el fin de absurdo gigantismo político de un gobierno que se niega en parte –tal hacen los legisladores perredistas empeñados en no reconocer al titular del Ejecutivo sin dejar de cobrar sus generosas dietas-, y apenas comienza a funcionar.

Por las Alcobas
Entre los mayores rezagos pendientes están, desde luego, los crímenes de carácter político. En “Confidencias Peligrosas” –Océano, 2002-, publiqué el trascendente testimonio de Ignacio Flores Ruiz, el mejor amigo del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, registrado en la Averiguación Previa SE/OO1/95, muy comprometedor para quien se desempeñó como la “eminencia gris” del régimen salinista, el franco español Joseph-Marie Córdoba Montoya. De acuerdo a lo narrado por Flores Ruiz, dos días antes del crimen contra el Cardenal, fue citado por éste en la residencia del prelado en Tlaquepaque.

http://www.rafaelloretdemola.com
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