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Vicente Bello
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03 Noviembre 2016 04:00:00
Hora de los diputados en materia de Presupuesto
Del 1 al 15 de noviembre serán los días en que la Cámara de Diputados deberá revisar, negociar, dictaminar y autorizar el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del año siguiente.

Dicho proceso legislativo es un trabajo exclusivo de la Cámara de Diputados. El Senado quedó atrás, con su participación en la construcción de las leyes de los ingresos y en la autorización de los Criterios Generales de Política Económica, conocidos también como los Supuestos
Macroeconómicos.

Una vez cerrado el paréntesis de los dos días de muertos, o sea a partir de hoy, jueves 3, el Palacio Legislativo de San Lázaro se vestirá de luces y sus pasillos se llenarán de corrillos, y los patios y recintos serán como pasarelas, por donde irá y vendrá gente de todo el país haciéndose presente, para que los diputados les busquen un rinconcito entre las de por sí achicadas partidas presupuestarias del año que viene.

En 2017, todas las vías de los Ingresos del Estado -impuestos, pago de derechos, cobro de servicios y productos como el petróleo… e incluyendo poco más de 5 mil millones de pesos de más deuda que acaba de autorizar el Congreso- deberán alcanzar la cantidad astronómica de los 4 billones 888 mil 892.5 millones de pesos.

Será esta misma cantidad la que, durante estos días de revisión del gasto público, deberá ser repartida, distribuida, aplicada en todos los estamentos y casilleros económicos, públicos, del país.

Estados, municipios, universidades, escuelas de todos los niveles, organismos desincorporados, obras y servicios públicos, y un largo etcétera, serán los recipiendarios de todo ese dineral.

Un dineral, por cierto, que ya está comprometido de antemano; es decir, desde que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pergeña la propuesta de presupuesto. Los diputados federales, todos estos días, se la pasan jugando a jalarse la cobija. No hay mucho qué repartir en realidad.

¿A cuÁnto ascenderá el porcentaje de reasignación este año; entendiendo la reasignación como el monto del presupuesto que los diputados pueden redirigir, más allá de los lineamientos marcados por Hacienda? Acaso el 2 por ciento, para reasignaciones.

En eso están, precisamente; procurando construir una bolsa para reasignación, en cuya repartición puedan los diputados sentirse un poco útiles ante la gente, en esta materia del presupuesto.

Pues sí. Apenas un poco útiles, porque más bien responden a los intereses del grupo que controla a la Secretaría de Hacienda y a la macroeconomía aplicada en el país.

Saben los diputados que en lo individual poco o nada pueden hacer, y que en lo colectivo están limitados al mando vertical de los grupos parlamentarios, instaurado por los mandamases del régimen a través de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión.

Las decisiones que se toman en el Congreso mexicano son por la vía colectiva. Aunque los diputados tienen la atribución de votar en lo individual, sus votos responden a las decisiones en colectivo que toman sus respectivos coordinadores parlamentarios.

En las cámaras del Congreso mexicano, tienen años los coordinadores de los grupos mayoritarios que se han amartelado hasta quedar convertidos en una mafia, que casi siempre termina decidiendo sobre la vida de la nación a costa de los intereses de la mayoría de la gente.

Desde hace cuando menos dos semanas, las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, y muchas de las del Senado, han estado pidiendo a la comisión dictaminadora del presupuesto, la de Presupuesto y Cuenta Pública, que no reduzca montos presupuestarios en áreas determinadas.

Verbigracia: las comisiones del campo piden que no baje el presupuesto para el campo; la comisión de Desarrollo Metropolitano, lo mismo, que cuando menos se iguale el monto que vaya a ser destinado para las zonas metropolitanas en 2017 con el fondo metropolitano de 2016.
Y así las demás.

Hace muchos años que el presupuesto no adquiría condición de cobija bastante reducida. El Gobierno Federal planteó desde un principio una reducción de casi 400 mil millones de pesos para 2017, que fue entreverando en su propuesta de partidas presupuestarias hasta hacer que muchos reclamen
airadamente.

Y los reclamos consisten en preguntar a grito abierto al gobierno por qué recortan áreas socialmente sensibles, como la educación y la inversión pública en el campo, y ha dejado que continúen los altos sueldos y salarios de la alta burocracia del país, como son los ministros de la Corte, los magistrados del Tribunal Electoral y los Ingresos, conocidos como dietas, de senadores y diputados federales.

De todos estos funcionarios y representantes se ha dicho, durante años, que pertenecen a una élite totalmente desfasada del resto de la sociedad mexicana. Hombres públicos con salarios de 600 mil pesos, o de 200 mil, o de 100 mil los menos, que simple y sencillamente no tienen nada que entender ni comprender en el resto de la población, cuya inmensa mayoría anda en los dos salarios mínimos de ingresos.

Una amplísima franja de la población tiene serios problemas para comer por falta de empleo o de dinero. Y uno de los antídotos que tiene la pobreza extrema para revertirla o paliarla es precisamente el ejercicio del presupuesto de egresos de la Federación, a través de la inversión pública y la rendición de cuentas.

En la propuesta de presupuesto que presentó el Ejecutivo Federal el pasado 8 de septiembre, sobre la cual los diputados ahora trabajan con fines del dictamen de marras, llamó la atención el que Hacienda, de entrada, haya planteado el retiro de inversión pública en muchos frentes de la economía nacional. Veremos qué responden estos días, con hechos, los diputados.

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