Si usted tuvo la oportunidad de leer el suplemento especial Sucesión Coahuila Habla, que publicó Zócalo Saltillo el pasado viernes, se habrá enterado de lo que manifestaron empresarios y presidentes de cámaras y organismo del sector privado de Saltillo y la Región Sureste.

Señalaron y puntualizaron que los temas torales a los que se debe abocar el ahora gobernador constitucional Miguel Ángel Riquelme Solís son, sin duda, seguridad, salud, educación, infraestructura, transparencia, rendición de cuentas y, lo más importante, honestidad.

Fueron 17 voces, 17 criterios, 17 expresiones, la mayoría coincidiendo en que esos son los puntos clave que requerirán de la total atención por parte del nuevo titular del Poder Ejecutivo estatal, a los que me voy a permitir sumar unos cuantos aspectos más que considero también deben ser tomados en cuenta.

Al sector privado le faltó pedir a Riquelme Solís que para las obras y acciones del Gobierno del Estado se contrate a empresas locales, regionales y estatales, para que constructoras, proveedoras y prestadoras de servicios de nuestra entidad se vean beneficiadas.

Este aspecto es fundamental para impulsar el mercado interno y dinamizar la economía de las principales ciudades y regiones del estado, y que el estado sea el que ponga el ejemplo, y por supuesto que los pagos sean puntuales para que verdaderamente se vuelva un impulso al desarrollo.

Pero también debieron exigir que se acaben los “moches” y “comisiones” que siempre son una condicionante en las asignaciones de obra; que ganen los proyectos aquellas empresas que presenten las mejores propuestas en calidad y precio, no las que “se reporten” con los secretarios, subsecretarios y directores, práctica que debe desaparecer.

Todas las compras de Gobierno deben privilegiar a negocios y empresas coahuilenses, y además se debe impulsar desde el mismo Gobierno del Estado una dinámica en ese sentido en todos los municipios para que hagan lo mismo.

Claro, además de todo eso, que las obras sean consensuadas con la ciudadanía para que se construya infraestructura que verdaderamente se necesita para resolver problemas, para facilitar el diario quehacer de la gente y propiciar el crecimiento de la economía en general.