Mientras el estado de derecho y la cultura de la legalidad no arraiguen en México, la incredulidad y la sospecha pesarán sobre la mayoría de las decisiones de los órganos encargados de procurar y administrar justicia. La falta de castigo reproduce el crimen en todas las esferas de la sociedad, la política, la economía y las Iglesias. El país no estaría en el pozo de violencia y zozobra en que hoy se encuentra si los gobiernos y la ciudadanía cumplieran sus responsabilidades constitucionales y civiles.

Tan censurable es utilizar las leyes con propósitos electorales, como manipularlas o evadirlas para abusar del poder con el pretexto de que la persecución de ilícitos obedece siempre a conjuraciones políticas o a guerras sucias. Los delitos deben demostrarse y penalizarse según su gravedad, pero los vicios del sistema impiden que así ocurra. De lo contrario, hoy mismo seguirían en prisión personajes como Raúl Salinas de Gortari, quien expatrió más de 120 millones de dólares a bancos europeos, y Jorge Hank Rhon, el zar de las apuestas.

Es preciso diferenciar entre guerra sucia (“conjunto de acciones que se sitúan al margen de la legalidad y combaten a un determinado grupo social o político”, según define al término el Diccionario de la Lengua Española) y delincuencia. Incurren en la primera quienes, por ejemplo, intervienen teléfonos, falsean información o la sustraen por distintos medios, difaman o calumnian. Delincuente es el que roba, atropella, defrauda, esté o no en una posición de poder. Entonces, que no se escude el ladrón en eufemismos que lo victimicen.

Desde que el PRI perdió la Presidencia, los gobernadores —de todos los partidos— hicieron de sus estados enclaves inexpugnables. Es lo que explica parte de la anarquía en temas de seguridad, deuda pública, transparencia y otros igualmente sensibles. Falta una reforma, un acuerdo nacional que permita, sin volver al ominoso presidencialismo imperial que sometía a las entidades y a las autoridades locales a su arbitrio, encauzar a México por caminos de orden, legalidad y entendimiento. Si en otro tiempo se temía la balcanización del país, ésta se dio, irónicamente, con un acto democrático: la alternancia en Los Pinos.

Los poderosos deben ser investigados y procesados por los delitos que hayan cometido durante su encargo, y los partidos no interponerse entre ellos y la prisión, cuando sea ése su destino; finalmente, ellos lo habrían buscado. El único ejemplo notable hasta hoy, en el caso de los gobernadores, es el de Mario Villanueva Madrid, encarcelado por el gobierno del presidente Zedillo, debido a sus vínculos con el narcotráfico. En 2010 fue extraditado a Estados Unidos, donde espera sentencia por delitos contra la salud y asociación delictuosa.

Si los ex gobernadores de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma, a quien Peña Nieto acaba de abrazar públicamente, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, investigados por la PGR por presuntos nexos con el tráfico de drogas y otras actividades criminales, nada deben ¿Cuál es entonces su temor? Los primeros interesados en esclarecer la situación deberían ser ellos, antes que declararse víctimas, buscar protección en su partido o fuero en el Congreso. El problema es que a los tres su pasado los condena.

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