Indignación social

Uno de los argumentos más repetidos para explicar el caos en nuestro país (violencia e inseguridad exacerbadas, corrupción rampante, política al garete...) es la pobreza y el desempleo. El fenómeno es mucho más complejo y sin embargo presenta raíces comunes: falta de cultura democrática y el resultante deterioro, casi hasta la extinción, del estado de derecho. Países con igual e incluso menor desarrollo que el nuestro, donde los gobiernos acatan la ley y la hacen respetar, igual tienen problemas, mas no de la dimensión y profundidad que los nuestros.

Lo mismo que el capital lícito busca condiciones de inversión propicias para generar empleos, utilidades y riqueza, el delincuente encuentra la mayor seguridad para traficar drogas, armas y personas, secuestrar, asesinar, extorsionar, piratear, robar... en la ausencia de castigo. La impunidad le permite no sólo mantener viva y expandir su industria ruin, sino también incitar a otros a que le sigan o lo imiten.

La impunidad es deleznable en cualquier circunstancia, pero más cuando autoridades municipales, estatales y federales violan sistemáticamente la constitución y las leyes que juraron cumplir y hacer cumplir, sin ser enjuiciadas como sucede en otros países, aun por delitos realmente menos graves. Nada ofende tanto a las partes sanas de la sociedad, empeñadas en salir adelante –la mayoría lo son, pues de lo contrario este país ya no existiría–, que ver a sus gobiernos derrochar –al fin que si no tienen, piden prestado– y enriquecerse obscenamente.

El pobre y el desempleado, condiciones temporales en función del esfuerzo y la disciplina individuales, no tienen por qué estar condenados al delito. Ser pudiente, rico –estado igualmente transitorio si quienes lo son, por herencia o por trabajo, se abandonan al ocio y a la disipación–, tampoco es sinónimo de honorabilidad y decencia. ¿Cuántas fortunas no provienen del robo, la explotación, el fraude, el tráfico, y como si tal cosa? El problema no estriba sólo en las estructuras de poder político y económico. Es, sobre todo, moral.

Los hechos confirman, de manera dramática e inobjetable, que el laicismo tampoco es la solución, sino parte del problema. El hombre necesita fortalezas espirituales y contenciones morales, al margen de su fe, para tener una vida equilibrada y conductas que le beneficien a él y a los suyos sin perjudicar su entorno ni a los demás. Máxime en ambientes de degradación política y social como los actuales.

Es preciso volver al orden y al respeto entre las personas y las instituciones, a partir del hogar y de la escuela, fuentes primigenias de toda enseñanza; positiva o negativa. En una y otra se prefiguran los hombres y mujeres del mañana. El empleo total y la delincuencia cero son quimeras, como lo es pensar que el cambio de un partido por otro surtirá efectos mágicos. Ya vimos que no es así, ni aquí ni en las democracias más avanzadas.

Nuestra diferencia con países que presentan problemas análogos entre sí –Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, España, Chile– radica justamente en la capacidad de los ciudadanos para indignarse y encarar a sus gobiernos. Los que tienen mayor sustento legal y moral actúan, controlan mejor a sus autoridades, se desarrollan. Los conformistas, los que todo lo aceptan, serán siempre insustanciales, anodinos.

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