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ComentarEl servidor público, por ende, no puede rechazar, mucho menos de modo discrecional, la presión de los informadores que tienen el deber de recoger opiniones y respuestas a las conflictivas sociales cuyos cauces se desarrollan hacia los veneros del poder. Dijéramos que el estatus obtenido por alcanzar relevancia en el ejercicio gubernamental deriva hacia ciertos límites a la libertad individual, la del funcionario en cuestión, en obsequio de los derechos generales. Es un valor implícito cuando se establece la correlación democrática y se reconoce la soberanía popular.
En otra línea situamos a quienes, aunque se deben al público, no necesariamente les pertenecen a sus fanáticos, curiosos o simplemente metiches. Es lugar común argüir que cualquier personaje, por conocido, debe aceptar ceder su vida privada para saciar los caprichos de una comunidad desinformada en asuntos fundamentales pero rabiosamente chismosa sobre quienes alcanzan la fama y se separan de los mortales comunes. Y se aduce que quienes son celebridades, en todo caso, se deben al público y por éste tienen la obligación de rendirse ante el acoso incesante de los medios informativos que les demandan no sólo noticias sobre sus actividades profesionales sino, sobre todo, cuanto tiene que ver con sus vidas privadas convertidas en jugoso filón para no pocos vividores de las glorias y caídas ajenas.
Desde luego, como todo en la vida, existen límites, los morales sobre todo, muchas veces soslayados. No han sido pocos los casos en los que el acoso de quienes venden “exclusivas”, como si se tratara de verdaderos safaris fotográficos por ejemplo, ocasiona tragedias sin cuento. Todos conocemos el penoso final de la princesa Diana en París bajo sospechas de haber sido perseguida por los “paparazzis” –un término italiano que forma parte de los diccionarios de la mafia siciliana-, en una loca carrera por conseguir el testimonio de una nueva relación amorosa. Pero, desde luego, no ha sido el único episodio desastroso.
En 2008, Telma Ortiz Rocasolano, hermana de la princesa de Asturias, Letizia, se querelló contra quienes han tomado su vida privada para ventilarla a los cuatro vientos como efecto del estatus reflejo –denunció a treinta medios nada menos-, digamos por el solo hecho de pertenecer a la familia de quien se desposó con el heredero de la Corona española. Esto es, sin pertenecer a la realeza ni haber tomado decisión personal alguna para acercarse a la misma, quien lo hizo fue su hermana, se convirtió en rehén de las llamadas “revistas del corazón” extendidas ahora hacia los programas televisivos en los que se paga incluso por obtener chismes y deleitar con ellos a un auditorio ávido de perderse en los entretelones de las vidas ajenas para tener con ello temas de conversación.
Por supuesto, la enérgica actitud de Telma no fue del agrado de la aristocracia ibérica acostumbrada, por esencia, a ser focos de atención de los mortales comunes y corrientes. Dicen que es parte del glamour aunque los miembros de las cortes reales jamás den golpe para ganarse el pan. Viven, claro, a expensas de títulos nobiliarios –por cierto prohibidos en México- y prebendas derivadas de la gracia de las testas coronadas. Requieren, por tanto, mucha publicidad y la obtienen sin esforzarse gran cosa. Quizá tal sea la fuente que generó los manantiales que desembocan en el cotilleo incesante.
Pese a ello, hay muchos “famosos” que quieren preservar su intimidad. Pero no se libran del acoso tenaz ni de los flashes constantes ni, y esto es muy preocupante, de los riesgos que se extienden a los suyos en un mundo convulso en el que el acecho y las amenazas contra quienes consolidan fortunas, aireadas por la divulgación oficiosa, es tan habitual como la carestía. Lo más que han logrado al respecto es la obligación de distorsionar los rostros de los menores de edad en las fotografías de familia tomadas sin el consentimiento de los padres. Una hipocresía, sin duda, que sigue planteando el dilema.
Porque, sin duda, resulta inadmisible que el pago para preservar la intimidad sea el mantenerse fuera de la relevancia pública, sin destacar dijéramos, para no incomodar a quienes no soportan el éxito ajeno y convierten a cuantos lo obtienen en rehenes de una malsana curiosidad pública.
Mirador
Las cosas debieran ser muy simples. Bastaría acaso con aplicar una lógica, bastante elemental diríamos, sobre las interrelaciones permanentes entre la sociedad, el gobierno y las leyes. No caben criterios tendenciosos ni interpretaciones sesgadas para justificar los excesos. Sencillamente, en cuanto al dilema sobre el derecho a la intimidad debe preservarse la libertad por encima de los juicios sumarios. La libertad, sí, de quienes tienen derecho a manejar su existencia particular como le venga en gana y también la de expresión que exalta el derecho a la información como sustento de la convivencia civilizada.
Cuidado con los sofismas. Las libertades no chocan entre sí; más bien ocurre que quienes las interpretan a veces las conflictúan para aprovecharse de las circunstancias. Cuando los seres humanos aprendan a limitarse en obsequio a los derechos de los demás, las sociedades se habrán salvado. No habría guerras estériles ni intolerancias exacerbadas por los sectarismos. Y la democracia podría comenzar a ser efectiva.
El asunto podría simplificarse bajo una sentencia general: Nadie tiene derecho a hollar la vida privada de los terceros salvo cuando se trate de asuntos que trascienden a la vida pública y la alteran. Si lo privado se queda allí no puede alegarse, de modo alguno, que es vulnerable por efecto de la celebridad de los protagonistas. Ni siquiera cuando se trate de los políticos obligados a informar sobre sus gestiones, antecedentes y condiciones para ganarse el aval general.
Así como se garantizan los derechos de los menores al evitarse que se divulguen sus rostros sin la autorización de padres y tutores, las celebridades podrían exigir su derecho a consentir el uso público de sus imágenes con las condiciones a que ello obligue. Tal es el caso, por ejemplo, de deportistas, toreros y personajes públicos que exigen retribuciones, muchas veces millonarias, por permitir ser videograbados o televisados en vivo. Es, en todo caso, un derecho natural que no puede soslayarse bajo el alegato de que la intimidad de los famosos le pertenece al público. ¿Quién ha expresado tal falacia monumental? Nadie, ni aún queriéndolo porque las normas fundamentales protegen la libertad como prioridad indiscutible, puede venderse a otro y aceptar una esclavitud a cambio de fama. Seamos sensatos.
Las reglas debieran ser más bien simples. En el campo de la política, por ejemplo, separar cuanto no tenga consecuencia en la vida de los demás en los claustros de la privacidad intocable; y entre todas las celebridades subrayar el derecho inalienable a ser dueños de sus propias imágenes y, por ende, con capacidad para disponer cuando y en donde están a disposición del público y cuando no. Así de fácil, sin tantos recovecos malsanos. Todo lo demás es agregado con tintes manipuladores.
De esta manera, claro, las libertades de todos estarían a salvo de los mercenarios interpretadores.
Polémica
En no pocas ocasiones me he planteado hasta donde debe llegarse en el periodismo. Lo reconoce este columnista quien ha sido señalado, precisamente, por vulnerar supuestamente las reglas de la privacidad intocable para reseñar hechos escabrosos que han afectado la vida de millones de mexicanos. Sólo me detiene un pensamiento agobiante: Nadie tiene derecho a erigirse en juez de los demás y, en ocasiones, la sola reseña de acontecimientos sugiere una sentencia inapelable. De allí la reflexión permanente sobre los límites y los derechos.
http://www.rafaelloretdemola.com
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