Los alcaldes se confiesan impotentes para meter en cintura a los operadores de giros negros y a los casinos porque se topan con la protección que les otorgan los jueces federales. Casi siempre es una actitud de hipocresía, de fingir ignorar que las puñaladas traperas se las infligen desde dentro de sus gobiernos municipales, no necesariamente desde los juzgados federales.

Los negocios ganan casi todos los amparos porque los municipios se defienden intencionalmente mal. Sus direcciones jurídicas trabajan para el enemigo, con el simple procedimiento de instrumentar mal la respuesta oficial a las quejas.

Mientras medios y ciudadanos se ensañan contra Tránsito, Desarrollo Urbano o Comercio por sus corrupciones, las direcciones jurídicas enriquecen a sus titulares y a veces a sus jefes, con su actuación chapucera e intencional.

Además el municipio tiene armas para doblegar a los antros rebeldes aún si se atraviesan las autoridades federales.

Pueden poner cordón sanitario a los negocios, colocar patrullas que revisen y detengan a los ebrios que salgan del negocio, pueden cavar zanjas “para introducir servicios” como hacía el legendario regente Uruchurtu en la Ciudad de México.

Pueden los municipios perseguir o denunciar el lenocinio, el tráfico de drogas y de menores, la adulteración de bebidas.

Pero si se rinden convenencieramente para que prosperen los zares del vicio, que no se quejen al menos de los jueces.
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