Coahuila vive momentos particularmente difíciles por la deuda y sus efectos. El problema lo agravan los créditos adquiridos por medios presuntamente ilícitos, cuyo monto rebasa, según parece, los 5 u 8 mil millones de pesos. La situación reclama:

1) De la justicia estatal y federal, resultados, imparcialidad y certidumbre. Ni protección ni revanchas políticas para los responsables; 2) del Gobierno entrante, rectitud, eficacia, transparencia y apertura a todas las corrientes; 3) del futuro Congreso local, rigor en su desempeño e independencia en sus decisiones; y 4) de la ciudadanía, una actitud crítica, participativa y vigilante.

El mayor malestar y la indignación social los provoca el engaño para obtener recursos adicionales con documentos falsos, según se ha acreditado. El gobernador Jorge Torres argumenta que si la deuda es elevada, la inversión en el sexenio, por 52 mil millones de pesos en obras, servicios e infraestructura, tampoco tiene precedente. “Es histórica”, dijo en su informe, pero las protestas no cesan. El propio mandatario con licencia y líder del PRI, Humberto Moreira, se dice agraviado por el fraude, atribuido en primer término a Javier Villarreal Hernández durante su ejercicio al frente del SATEC, en complicidad con funcionarios de Hacienda.

Con mayor razón se explica el enfado entre la población, que al final será la que pague, en los próximos 20 o 22 años, los casi 36 mil millones de pesos, que los bancos prestaron, con más impuestos y menos bienestar. Organizaciones empresariales como la Coparmex, con presencia en las principales regiones, y civiles, como Claridad y Participación Ciudadana, han llevado el caso hasta el Congreso y promovido amparos contra la Ley de Deuda Pública, aprobada por el Congreso el 6 de agosto. En el mismo contexto, el sector privado, en bloque, rechaza el incremento al Impuesto Sobre Nóminas y un gravamen estatal por tenencia y uso de vehículos, entre otros de nueva creación.

El escenario obliga a la administración de Rubén Moreira, que asumirá el poder dentro de poco –el 1 de diciembre–, a aplicar el máximo de su talento y capacidad de persuasión para atar lo que la deuda desató.

Es decir, la gobernanza, la credibilidad ciudadana y la conducción del estado. Para que al problema de los pasivos y a la inseguridad no se sumen otros que alteren aún más el ritmo de Coahuila, es preciso que las autoridades se abran a la sociedad y satisfagan sus reclamos.

Ya que el pago de los 34 mil millones de pesos refinanciados, más sus respectivos servicios (intereses), es irrenunciable, la demanda es una: justicia. Que los responsables de los ilícitos resultantes no sean cobijados por el manto de la impunidad. La detención e inmediata liberación de Villarreal Hernández y otros implicados se toma como un montaje que, en lugar de aplacar la ira social, la acrecentó y dio pábulo a mil interpretaciones. El financiamiento es sano cuando es responsable y se sujeta a normas legales. En Coahuila existe obra, es evidente. “Mayor que en varios sexenios juntos”, apostilla el Estado. Sólo que la deuda irregular la opaca, mientras no se castigue.

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Comparte ese artículo: Facebook Favicon Facebook Google Bookmarks Favicon Google Bookmarks Twitter Favicon Twitter YahooMyWeb Favicon YahooMyWeb