‘La afición del Gobierno por la impunidad’

Al Congreso de la Unión más de uno le recordó ayer, desde el primer día, que la preeminencia jurídica no la tiene él, evidentemente, sino el Ejecutivo Federal. Y que mucho de lo que los legisladores piden, mandatan y exigen, sólo forma parte del anecdotario de un juego constitucional de pesos y contrapesos que suele casi siempre rayar en la simulación.

“Es una descortesía al Poder Legislativo en su conjunto”, recriminó Guadalupe Acosta Naranjo cuando todavía tenía la investidura de presidente del Congreso General, “en un hecho que tiene que ver con una grave violación a los derechos humanos. Y me uno a este repudio y a esta molestia porque va en demérito de la fuerza, de la autonomía, de la investidura de este Poder Legislativo”.

A un instante estaba Acosta Naranjo de finiquitar a la Comisión Permanente. Y, hacía unos minutos, el Grupo de Trabajo conformado por diputados y senadores para dar seguimiento a las investigaciones del asesinato de los dos normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, acababa de presentar sus conclusiones al Pleno de los 37 legisladores.

Y lo que había criticado el grupo de marras fue el hecho de que las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública Federal jamás recibieron a los legisladores, ni se dignaron –sobre todo la segunda, cuyo titular es Genaro García Luna- emitir la menor información sobre el papel que jugaron los policías federales el día en que asesinaron a los muchachos aquellos.

El Congreso mexicano experimentaba otra vez el regusto amargoso de la bilis, porque el Ejecutivo Federal se atiene, como desde el principio del régimen y como sucedió con Vicente Fox y en los regímenes priístas, a que las leyes no conceden facultades al Congreso para sancionar al presidente de la República –él es el jefe de Genaro y de Poiré- prácticamente en ninguna de sus tres facetas: la política, administrativa o penal.

Ayer mismo, pero en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados (recuérdese que fueron cuatro: la de la clausura de la Permanente; la de Congreso General, en la que participaron diputados y senadores para dar comienzo al periodo ordinario, y la de los diputados y la de senadores), el Pleno de los 500 diputados supo, por voz del diputado priísta César Augusto Santiago Ramírez, de cómo el Ejecutivo Federal se pasa el contrapeso constitucional por el arco del triunfo cada que quiere.

“Es inaudito”, afirmó César Augusto en la tribuna de San Lázaro, “que el dictamen que reprobó el ejercicio de una cuenta pública se haya enviado al Ejecutivo, y que éste, sin explicación alguna, no se haya dignado a publicar”.

Y el apostille del priísta: “Esta es, en mi opinión, la expresión mayor de la afición del Gobierno por la impunidad”.

Lo que decía César Augusto formaba parte del posicionamiento del PRI, respecto del inicio del periodo ordinario de sesiones. “La rendición de cuentas es cosustancial al ejercicio de la democracia plena”, hubo dicho el priísta.

Junto con el posicionamiento, los partidos planteaban temas en lo general sobre las agendas legislativas. Y uno de los temas que el PRI ha dicho que impulsará legislativamente, en los tres meses siguientes, será, precisamente, el del robustecimiento de la rendición de cuentas.

El asunto del espionaje causaba expectación, porque el presidente Guadalupe Acosta Naranjo solito se había emplazado, en la víspera, para informar al Pleno camaral. El informe lo rendirá hoy, desde la tribuna; pero anunciaba que nombrará un grupo de trabajo que le dé auxilio en el seguimiento “al lamentable caso de las intervenciones telefónicas y a las redes de Internet que por desgracia sufre esta Cámara”.

El PRI, a través de José Ramón Martel, seguía con la ironía a flor de piel.

EN COMISIONES

La Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los Ex Trabajadores Mexicanos Braceros informó ayer, en voz de su presidente, el petista jalisciense Enrique Ibarra Pedroza, que la Secretaría de Gobernación se comprometió a iniciar el pago de los últimos 108 mil 352 ex braceros que todavía no cobran los 38 mil o 34 mil pesos, que la Cámara de Diputados dispuso desde 2004 que les pagaran a manera de indemnización, por un fondo de ahorro que a ellos les descontaron en Estados Unidos y que, habiendo aquel país entregado al gobierno mexicano, éste jamás los entregó a sus destinatarios.

Las fechas para que los señores y señoras grandes se presenten a cobrar, son del 16 de marzo al 30 de noviembre de este año.

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