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Juan Latapí
Juan Latapí
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05 Febrero 2017 03:10:00
La Constitución ha muerto
ENTRE DOS BALCONES HABÍA UN letrero que decía “La Constitución ha muerto”, mientras posaban para la foto los trabajadores del periódico El Hijo del Ahuizote, que el 5 de febrero de 1903, conmemoraban y denunciaban así la muerte de la Constitución liberal de 1857.

PARA ESE GRUPO DE TRABAJADORES, como para muchos mexicanos, el gobierno porfirista había traicionado la letra y el espíritu de aquella Constitución, gobernando a espaldas de sus postulados. El 16 de abril, también de 1903, aquel régimen aprehendió a todos aquellos periodistas y destruyó sus oficinas junto con la imprenta.

AÑOS MÁS TARDE ESTALLÓ LA Revolución y luego, ante la necesidad de pacificar los ánimos de los líderes revolucionarios e institucionalizar la lucha por el poder, se aprobó la Constitución de 1917.

SIN EMBARGO, A 100 AÑOS de su promulgación, esa Constitución ya no es la misma debido a la gran cantidad de modificaciones a las que ha sido sometida. Algunas de ellas han sido necesarias y útiles para modernizar al país, pero otras muchas por meros oportunismos políticos.

DESDE 1921, CUANDO SE LE hizo la primera modificación, hasta junio de 2015, la Constitución había sufrido 642 cambios a través de 225 decretos de reforma constitucional, sin contar las modificaciones que el actual régimen ha llevado a cabo con sus dichosas –y cuestionables- reformas. De hecho, la Constitución vigente es tres veces más extensa que la original de 1917.

UN ANÁLISIS PUBLICADO POR PEDRO Salazar Ugarte, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala que el sexenio en el que más reformas constitucionales se han aprobado fue el de Felipe Calderón con 110 modificaciones, sin embargo todo hace suponer que el actual régimen romperá ese récord.

FUE A PARTIR DE 1982 cuando se dispararon las reformas y decretos. El texto original de la Constitución de 1917 constaba de 21 mil palabras de extensión. 65 años más tarde, en 1982, el texto había alcanzado las 30 mil palabras. A partir de los mandatos de Calderón y de Peña aumentó en más de 20 mil palabras, lo que equivale a la extensión del texto original. Para muestra basta un botón: el artículo 41, que en 1917 tenía 63 palabras, actualmente tiene más de 4 mil.

TODO ESTO HA CONVERTIDO A la Constitución en un documento que, además de extenso, es oscuro, confuso e inaccesible, con diversas consecuencias negativas al alejar el texto constitucional de los gobernados que no somos capaces de conocerlo ni entenderlo, convirtiéndolo así en patrimonio de una élite experta.

MENCIONA TAMBIÉN EL ANÁLISIS CITADO que técnicamente tenemos una Constitución muy defectuosa expresada en disposiciones duplicadas, contradicciones en los términos que utiliza, desorden, sobrerregulación y errores en la actualización del texto, entre otros factores.

POR SU PARTE, EL INVESTIGADOR Saúl López Noriega, del CIDE, señala que muchos de estos cambios han sido en demasiadas ocasiones fruto de una ingeniería institucional poco atinada, de meras ocurrencias y caprichos que han hecho de la Constitución un texto abigarrado, desarticulado, maltrecho y en algunos casos inoperante.

ESTE INVESTIGADOR MENCIONA QUE, POR ejemplo, el artículo 27, uno de los más extensos y que trata el tema de la propiedad, además de su ambigüedad es un laberinto de reglas cuyo resultado es un instructivo que no resuelve las complejas cuestiones sobre qué es y cómo funciona la propiedad en el Estado mexicano.

ENTRE LOS EJEMPLOS TAMBIÉN MENCIONA al artículo 41 que concentra las líneas del sistema electoral, por lo cual es uno de los más tijereteados. Cuando las fuerzas políticas del país decidieron contener el enorme poder de los medios de comunicación en la dinámica política, insertaron en este artículo las características de un nuevo modelo de comunicación político electoral. Este modelo fue tan mal planteado que no acabó con la influencia de los grupos mediáticos en las elecciones –en algunos casos incluso la acentuó- y además propició un sinfín de dificultades para las autoridades electorales.

EN UN PAÍS COMO EL nuestro, que arrastra una enorme desigualdad social, a menudo se publican escándalos relacionados con el estratosférico sueldo de algún alcalde, un funcionario electoral o cierto miembro del Poder Judicial. En respuesta a ello se reformó el artículo 127 para establecer que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la del presidente de la República. Sin embargo no aclara que los gastos personales y de los familiares de dichos servidores puedan ser solventados con dinero público, como suele suceder.

AL CONMEMORARSE EL CENTENARIO DE nuestra carta magna, vale la pena preguntarse si estamos festejando el aniversario de un texto que con la acumulación de reformas se ha vuelto desordenado y confuso, o bien estamos por asistir al funeral de un documento que continuamente se viola, como si fuera letra muerta.

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