El convenio que la OIT propone que firmen sus países miembros quiere dignificarlas. Busca que se igualen sus derechos laborales, reconociéndoles igual valor a esta ocupación en comparación con los demás trabajos; recomienda que se fije una edad mínima igual a la que marca la legislación estipulada en cada país; menciona la salvaguarda de la libertad del trabajador para elegir su lugar de residencia, y si decide vivir en la casa que labora, debe ser en condiciones decentes que respeten su privacidad.
Destaca la necesidad de la firma de un contrato con el empleador en donde se especifique el sueldo, prestaciones, tipo de trabajo a realizar, horario, si habrá suministro de alimentos y si habrá un periodo de prueba; además, se debe garantizar el horario de trabajo, compensación de horas extras, períodos de descanso diarios y semanales y las vacaciones anuales pagadas en conformidad con la legislación nacional y legislar los medios necesarios para facilitar el pago por el empleador de las cotizaciones a la seguridad social.
Una vez ratificados por cada Estado miembro los acuerdos propuestos por la OIT, las disposiciones deberán aplicarse armonizándolas con sus leyes federales y locales, adquiriendo fuerza legal y obligándose a cumplirlas.
¿Pero será tan grave también este problema en nuestro país? Se preguntará usted, pensando tal vez que nuestras trabajadoras domésticas viven mejor que los trabajadores de otros segmentos de la población. Nuestras queridas “muchachas”, las “alegrías del hogar”, las “sirvientas” (ya con este nombre reflejan su condición de semiesclavitud) o, peor aún, “las gatas” (reflejo de la facilidad como se les puede humillar) viven, sin duda, una condición de desprotección e inseguridad que, ahora, es difícil de aceptar: Casi 2 millones de personas, de las cuales 9 de cada 10 son mujeres, la mayoría de 30 a 64 años, sin la primaria terminada, además de que una de cada cuatro es la cabeza de su familia. Más de la mitad de ellas no tienen pareja formal y se han encargado de la manutención de sus hijos.
Son mujeres que han querido salir adelante de una manera digna, pero nuestra sociedad aún no aprecia sus esfuerzos. Viven (mejor dicho, sobreviven) laborando en casas particulares. El 40% gana menos de un salario mínimo al día y 6% no recibe ninguna remuneración, aparte del techo y el alimento que se les ofrecen. El 96% carece de servicios de salud, el 80% no recibe ninguna prestación social. Y además, no hay un marco jurídico claro para su protección, sin poder gozar, después de los 30 años de servicio, de jubilación. Y la indemnización o la pensión son prácticamente impensables.
Lo cierto es que se les discrimina, se les despide de manera injustificada, trabajan más tiempo que el que legalmente debieran y no hay organizaciones que las protejan ni instituciones que las capaciten. Son ciudadanas de segunda clase y es por ello muy importante la iniciativa que la OIT emprende. Este trabajo debería profesionalizarse y dignificarse, para que ya no escuchemos esa frase, hoy tan frecuente, que dice que de prostituta se gana en un día lo que de sirvienta en un mes. Ellas son también las crucificadas por la sociedad y si aún no nos atrevemos a bajarlas de esa cruz que les tocó llevar, es porque sin ellas en casa no disfrutaríamos igual cualquier semana de vacaciones, cualquier salida al cine o la reunión de los domingos, ¿Será demasiado pedir que, en México, todos trabajemos bajo las mismas condiciones de dignidad y gocemos de los mismos beneficios? ¿No le parece justo?
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