La excepción y la regla

En México, la ciudadanía y grupos empresariales, cada quien por su lado

La sociedad influirá cada vez más en la agenda política del país, los estados y los municipios. Mientras en otras partes del mundo jóvenes y adultos llenan plazas y se plantan frente a sedes de los poderes político y económico, en demanda de reformas económicas, justicia y democracia, en México la ciudadanía y grupos empresariales, cada quien por su lado y a veces juntos, recorren la república y fuerzan al Gobierno ya no sólo a escucharlos, sino a ofrecer respuestas a sus reclamos.

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila (FUNDDEC), es una de las organizaciones del Estado que mayor presencia ha ganado en el país en los últimos años. Su vocera Blanca Martínez Bustos atribuye el escaso avance en las investigaciones para localizar a alrededor de doscientas personas a la falta de preparación y coordinación entre las autoridades policiacas y de procuración de justicia, pero también a que no existe voluntad política.

En entrevista con Lucía Sánchez, para el catorcenario “Espacio4”, la activista narra alguna de sus experiencias:

“Tuvimos una reunión con el secretario de Gobernación (Francisco Blake Mora) en México y con la PGR, y se les planteó (…) que acepten las recomendaciones preliminares de Naciones Unidas. (…) Nos dijeron que ellos no coincidían en el término de desaparición forzada (…). Lo único que nos ofrecieron fue un fiscal (…) pero no vemos voluntad política para poder atender la dimensión del problema (…)”.

“Estamos hablando de desaparición forzada, no de secuestro, en éste hay pistas o rastros en el acto mismo de llevarse a la gente y hacer contacto con las familias, hay pruebas de vida, rastreo de las personas. Sin embargo, de la desaparición forzada no tenemos mucha información. Las mismas autoridades han dicho que ‘parece que se los tragó la tierra’, pero es un discurso común. Los pocos testigos que había en el momento de la desaparición no hablan por temor. Muchos de los datos que las familias han conseguido son porque han ido a la zona donde desaparecieron, hablan con la gente, y (de) ahí han ido sacando pistas. Pero desgraciadamente, no tenemos sobrevivientes que puedan dar un testimonio certero del momento de la desaparición. (…)

“En la PGR nos dicen que son delitos del fuero común, no federal. La Fiscalía dice que la principal línea de investigación es la delincuencia organizada; por lo tanto, son delitos que competen al fuero federal. Entonces el patrón, en términos de acceso a la justicia, es que nos traen de un fuero a otro y nadie dice nada. Hay un deslinde de responsabilidad en lo que implica a la tarea de búsqueda, ni la Fiscalía ni la PGR actúan. Lo que nosotros pedimos es que haya coordinación, vemos que el problema es muy serio y está pasando a nivel nacional, según nos comentan familias de otros estados”.

Entre otros procesos que el Tribunal Permanente de los Pueblos revisará en México figura, justamente, el de las desapariciones forzadas. Ya con presión internacional quizá los gobiernos actúen y empiecen a dar resultados. Mientras no ocurra así, en nuestro país “la justicia será la excepción y la impunidad la norma”, como el poeta Javier Sicilia declaró en Washington.

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