Ante la acusación hecha en contra del Presidente de México y varios de sus secretarios en la Corte Penal Internacional (CPI), Felipe Calderón y sus colaboradores pueden esperar tiempos difíciles. El problema que enfrenta el Presidente es similar a la situación de cualquiera al que se le acusa públicamente de un delito en México: se convierten en “presuntos culpables” forzados a probar su inocencia ante el público, en lugar de ser la CPI la que establezca la culpabilidad por delitos de guerra o de lesa humanidad.

Y aunque la mayoría de los analistas señalan que la Corte no tendría jurisdicción en México, la desafortunada reacción del equipo de Calderón le dio una inesperada credibilidad a la acusación de un joven abogado en la fiscalía de la CPI, en la que se acusa de crímenes de guerra y de lesa humanidad al presidente Felipe Calderón y a varios de sus secretarios, así como al Instituto Nacional de Migración e incluso al Chapo Guzmán como “presuntos culpables” de la muerte de miles de mexicanos. En el comunicado, y por medio de varios voceros, se amenazó con tomar medidas contra quienes ofendan la reputación del Presidente o del país. La reacción correcta hubiera sido que un representante del gobierno federal señalara que, como en cualquier democracia saludable, cualquier persona puede presentar una denuncia ante la CPI y que el gobierno federal continuará buscando proteger “a las familias mexicanas” de los grupos criminales, pero que está dispuesto a escuchar cambios en la estrategia.

Si me pongo en los zapatos del Presidente y su equipo, me imagino que es injusto que te acusen de algo cuando, desde la perspectiva del gobierno federal, su único delito es tratar de encontrar una estrategia eficaz contra las organizaciones criminales. Lo que se comenta es que hay una muy, pero muy remota posibilidad de que el fiscal de la CPI acepte iniciar una investigación sobre la responsabilidad en la muerte de miles de personas a causa de la “guerra” contra el crimen organizado. Lo que enfrenta el Presidente no es un problema jurídico. El objetivo final de esta estrategia más parece tratar de desacreditar a Felipe Calderón y a su partido, el PAN, así como buscar inculpar también a las Fuerzas Armadas por su participación en lo que se percibe como una “fallida estrategia” de Calderón.

No es casualidad que esta acusación se dé en el mismo momento que inicia el proceso electoral. El siguiente presidente de México no tendrá muchas opciones para cambiar la estrategia de Calderón, especialmente si las organizaciones criminales llegan a tener la esperada injerencia en el proceso electoral del 2012. El nuevo presidente tendrá que implementar una estrategia con muchos costos de vidas y recursos, y al igual que Calderón es muy posible que lo quieran juzgar en algún tribunal internacional. La diferencia tal vez será que el próximo mandatario podrá ser mucho más efectivo en explicar y demostrar la amenaza que representa para México el no enfrentar a estas organizaciones criminales.

Según el reglamento de la CPI, recogido en el Estatuto de Roma, la fiscalía tiene la obligación de analizar estas comunicaciones de individuos, Estados u organizaciones para confirmar si tiene capacidad de actuar. Estas querellas internacionales, cuando tienen sustento y cuentan con el apoyo necesario, pueden buscar el establecimiento de mecanismos nacionales efectivos para la documentación de la verdad sobre los crímenes perpetrados. Uno de estos mecanismos son las llamadas comisiones de la verdad, ya que de 1974 a 2007 se han creado al menos 32 comisiones en 28 países. Más de la mitad se han establecido en los últimos 10 años.

Esto es lo que más debería de temer el presidente Calderón, la posibilidad de una comisión de la verdad, avalada por la comunidad internacional o por grupos políticos en México. Buscarán “investigar” el sexenio de Calderón y “castigarlo” por una estrategia fallida. Yo me pregunto si el o la siguiente presidente de México estará dispuesto a asumir los costos políticos de no colaborar en este “juicio político” contra Calderón. Será demasiado fácil para la siguiente administración permitir un linchamiento político. ¿Quién saldrá a defender al ex presidente? ¿Qué impacto tendrá esto en la capacidad del gobierno entrante de arremeter contra el crimen?

@amsalazar

Analista política
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