Quizá lo más lamentable de la decisión de la Suprema Corte sobre la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) es que deja el tema en indefinición. En lugar de un fallo que genere reglas claras, tenemos incertidumbre. Siete de los 11 ministros consideraron que algunas disposiciones fundamentales de la LIE son inconstitucionales; pero como no se alcanzó una mayoría calificada de ocho, la Corte no declaró la inconstitucionalidad. En este momento, pues, la legislación no es constitucional. pero tampoco inconstitucional. Parece una explicación de Liz Vilchis en la mañanera.

En términos prácticos, jueces y magistrados de amparo deberán definir cada caso en litigio. Tendrán que atender los criterios de la mayoría en la Corte, pero irán fijando reglas, muchas de las cuales podrán ser contradictorias. Ciertos casos regresarán a la Corte, donde los ministros deberán definir, ahora en alguna de las salas, sus posiciones definitivas. El tema podría incluso volver al Pleno, aunque como sería en un amparo, y no en una acción de inconstitucionalidad, una mayoría simple bastaría para desechar los aspectos inconstitucionales de la ley. Es absurdo, por supuesto, que un amparo requiera de una mayoría diferente a una acción de inconstitucionalidad, pero así es nuestra legislación. Por otra parte, cuando se definan las reglas ya habrán pasado varios años. En México no hay claridad en las leyes ni justicia expedita.

La exigencia de una mayoría calificada “no existe en algún otro sistema”, escribía en Nexos en 2014 el abogado Alfredo Narváez Medécigo. “Si bien las mayorías calificadas son efectivamente un despropósito en el modelo mexicano de control constitucional, el pleno de la Corte no tiene atribuciones para dejar de cumplir con el requisito”.

Los problemas de interpretación jurídica se volverán más complicados por las contradicciones de los ministros. El presidente Arturo Zaldívar, por ejemplo, declaró primero que “Nuestra labor es interpretar la Constitución”, pero después ofreció una serie de consideraciones ideológicas, como cuando dijo que “la competencia económica, como cualquier otro derecho, no es un derecho absoluto”. Su papel no era resolver un asunto filosófico, sino definir si la Constitución establece o no un mercado. Dijo también que la ley debe cuidar la estabilidad y la confiabilidad del sistema eléctrico, cosa que debería decidir un ingeniero y no un ministro. Su voto por el proyecto de Loretta Ortiz, que declaraba la constitucionalidad de la ley, tenía más argumentos políticos que jurídicos. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena afirmó que “Cualquier medida que suponga darle un trato preferencial a las llamadas energía sucias debe considerarse como la más gravosa”, pero votó también a favor del proyecto. Habrá que esperar el engrose para saber qué quisieron decir los ministros.

Claudia de Buen Unna, presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, afirmó ayer en Twitter: “El gremio jurídico está de luto. La decisión de 4 ministr@s de la @SCJN avalando la constitucionalidad de una ley abiertamente contraria a la Constitución es muy preocupante”. La opinión mayoritaria, que habría sido definitiva en cualquier otro país, mantiene el camino para que los tribunales inferiores concedan amparos contra la ley, pero el presidente López Obrador seguirá tratando de enmendar la Carta Magna para hacer constitucional lo que hoy no es inconstitucional pero tampoco constitucional. Los sujetos de la ley, mientras tanto, viviremos en la incertidumbre.

Abstención

Con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones la Asamblea General suspendió a Rusia de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. AMLO adelantó que México se abstendría en el voto para expulsar a Rusia del “Consejo de Seguridad”. Se equivocó de consejo.