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Vicente Bello
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26 Noviembre 2016 04:06:00
La ‘manga ancha’ para soldados y marinos pretendida por el PRI
En los territorios del Congreso de la Unión, el Ejército y la Marina fueron colocados en el centro del debate, a partir de que el Partido Revolucionario Institucional ha propuesto, en una iniciativa, otorgar mayores facultades jurídicas en materia de seguridad a soldados y marinos.

Casi de inmediato, la ONU salió al paso con la advertencia de que las Fuerzas Armadas de México deberían regresar al cuartel. Y ese mismo día, este jueves, el Senado terció en el debate otorgando la Medalla Belisario Domínguez, post mortem, a un marino con licencia ilimitada que sacrificó su vida para salvar a otras.

¿Y en qué consiste la iniciativa priísta, que accionó las alertas dentro y fuera del país?

Los proponentes de la iniciativa, los diputados priístas Martha Tamayo y César Camacho Quiroz, han planteado otorgar un marco jurídico suficiente para que tanto soldados como marinos puedan realizar operativos cuando, a criterio de ellos mismos y de la Secretaría de Gobernación, haya amenazas “que pongan en peligro la estabilidad, seguridad o la paz pública”. Y ejemplifican: “Como el narcotráfico o incluso la corrupción”.

El Planteamiento está muy suelto, han revirado opositores, quienes advierten que lo que en realidad pretende el PRI es dar manga ancha al Gobierno Federal y a los ejércitos de tierra y de mar para que puedan inmiscuirse incluso en asuntos políticos, al extremo de detener a opositores o ingresar a instituciones partidistas o en casas particulares, sin mayor trámite que una orden de la Secretaría de Gobernación. O peor aún: Solamente motivados por la sospecha.

No es todo: los priístas Camacho y Tamayo proponen que, a partir de dicha ley (creación de la Ley de Seguridad Interior, le han dado en llamar), los soldados y marinos puedan integrar “escoltas de seguridad, establecimiento de bases de operaciones móviles y fijas, destacamentos de seguridad, intercepción terrestre, aérea y marítima, patrullajes, puestos de vigilancia, reconocimientos, seguridad en instalaciones estratégicas y las demás que se consideren necesarias”.

Esta ley que propone César Camacho Quiroz tiene tantas ventajas para la actuación de solados y marinos que ha alarmado gravemente a la Organización de las Naciones Unidas.

Apenas se supo la pretensión de César Camacho, la ONU en voz de Antonio Luigi Mazzitelli, representante en México de la Oficina de Naciones Unidas contra las drogas y el delito, apostilló: “Podemos entender que haya una situación de emergencia, pero lo que se debe cuidar es que esta emergencia no se vuelva rutina”.

Así como esta iniciativa de ley presentada por Camacho Quiroz y por Tamayo insufló la voz de alarma de la ONU, así en la Cámara de Diputados motivó la celebración del Foro Alternativas para una Seguridad no Militariza en México, organizado por Morena, el partido político que hace el mayor contrapeso político en el Congreso.

“Cuando las policías locales no son confiables la alternativa es el Ejército; sin embargo, no hay evidencia de que con su entrada en las calles las cosas mejoren y, sin embargo, se cree que es necesario legalizar sus funciones y darles atribuciones que la autoridad civil debe hacer”, dijo Vidal Llerenas, diputado de Morena.

Antes de dar más facultades a los soldados y marinos en su actuación en la calle, insistió el legislador, debe explicar el PRI y el gobierno federal por qué “la transparencia y rendición de cuentas no avanza en seguridad pública”.

Y argumentó: “Existe una partida para este rubro en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que todos los años comienza con 100 millones de pesos y termina con cerca de 9 mil 500 millones de pesos”.

Llerenas insistió: “La partida se denomina ‘Seguridad Pública y Nacional’, y cuando pedimos información sobre ella no la dan, es decir, hay una partida secreta de 9 mil 500 millones que no sabemos en qué se usa y que no la aprueban los diputados, ya que se destina a lo largo del año”.

En el Foro, opinó Carlos Silva Forné, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM: “Si bien es cierto que la población legitima ciertas prácticas de las Fuerzas Armadas, estas podrían desaparecer si se amplían sus capacidades o atribuciones”.

Y sostenía el investigador: “No solo se trata de que exista un marco regulatorio para el uso de la fuerza, sino crear una política incluyente sobre el uso de esa fuerza que implique integrar más elementos, una política que incluya tanto un marco jurídico como reglas claras para su ejecución y control”.

¿Casualidades en la política? Nunca. El PRI, con ayuda del PAN y PRD, preparó el terreno para que la Medalla Belisario Domínguez fuese otorgada, post mortem, al ciudadano Gonzalo Rivas.

Rivas, además de su actuación grandiosamente heroica, cuando a costa de la suya salvó la vida de varias personas intentando apagar el fuego provocado en una gasolinería de Chilpancingo –fuego achacado a estudiantes de Ayotzinapa, en 2011-, había sido militar.

Airear su caso en la tribuna del Senado “no solo era golpear políticamente a los normalistas de Ayotzinapa”, han acusado opositores en el Congreso, sino también era oportunidad para ensalzar a la Marina, justamente en estos momentos en que marinos y soldados enfrentan descréditos en la población por sus abusos por doquier y cuando el PRI ha presentado la iniciativa aquella.

Una oportunidad para Acometer en la población sus partes más blandas emocionalmente, para favorecer una imagen y un prestigio de las Fuerzas Armadas que, desde que andan en la calle, parecieran ir en retirada.

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